Expertos internacionales ven necesaria la creación de una Comisión de la
Verdad sobre el franquismo. Los avances en memoria histórica de otros países
ponen en evidencia el retroceso en la investigación de los crímenes durante el
régimen
RAFAEL
GUERRERO Sevilla 13/08/2014 00:00 Actualizado: 13/08/2014 14:07
Inauguración de la 9º edición de los cursos
universitarios de verano en Torres (Jaén), con la presencia de Susana Díaz,
presidenta de la Junta de Andalucía, y de Baltasar Garzón / FIBGAR
El de
justicia transicional es un concepto poco utilizado en España, ya que
precisamente el espíritu de la Transición y la letra pequeña de la Ley de
Amnistía de 1977 que pasa página sobre la responsabilidad de los crímenes
del franquismo han condenado al fracaso cualquier intento de aplicación en
el orden práctico comenzando con el intento del entonces magistrado de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón que con su auto de octubre de 2008 pretendió
investigar la represión de la dictadura franquista amparándose en el derecho
internacional. El Tribunal Supremo tardó pocas semanas en cortar en seco el
propósito del juez andaluz, sentando una doctrina jurídica de prohibición ante
futuros intentos en esa línea que se prolonga al presente actual.
Los avances
de la justicia transicional en Latinoamérica ponen en evidencia los retrocesos
en los derechos humanos que padece España. Esta podría ser una de las grandes
conclusiones derivadas del curso universitario de verano celebrado
recientemente en Torres, el pequeño pueblo natal jienense del juez Baltasar
Garzón, que analizó en varias mesas redondas, conferencias y talleres si la
justicia transicional es una solución para las víctimas de dictaduras y guerras
civiles en el mundo.
Según el
glosario de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), se entiende por
justicia transicional como "la justicia de transición que abarca toda la
variedad de proceses y mecanismos —judiciales o extrajudiciales— saciados con
los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un
pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan
cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación".
En España la
justicia transicional está íntimamente ligada a la recuperación de la
memoria histórica, ese proceso generacional derivado de la llamada
"rebelión de los nietos" de las víctimas del franquismo cuyo origen
se sitúa en torno al 2000, a raíz de la primera exhumación de una fosa de la
guerra civil —la de Priaranza del Bierzo, León— con criterios científicos
internacionalmente homologados y con la constitución de la primera gran
organización, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
(ARMH), presidida por Emilio Silva, nieto de fusilado.
Expertos
latinoamericanos en derechos humanos y derecho internacional como los
argentinos Remo Carlotto y Juan Manuel Martín Fresneda, el colombiano Manuel
Ramiro o la peruana Laura Zúñiga expusieron en el curso de verano de Torres la
experiencia vivida en sus respectivos países en materia de justicia
transicional, "procesos que se vieron impulsados a partir de los años 80 y
90 del siglo pasado para ayudar a las víctimas y para regenerar la
democracia, que en Latinoamérica se han desarrollado en pos de la verdad,
la justicia y la reparación", en palabras de Almudena Bernabéu, abogada y
directora del Programa Jurídico de Latinoamérica y del Programa de Justicia
Universal del Center for Justice and Accountability de San Francisco (EEUU).
"Podemos atribuir su éxito en Latinoamérica a ejemplos como los de
Argentina, Chile, Colombia o Guatemala", dice este experta española, que
destaca la inclusión de las víctimas como "piezas clave" en estos
procesos, de cara a las garantías de no repetición.
37 comisiones de la verdad constituidas en el mundo
La evolución
de estos procesos ha sido diferente en cada país, aunque en todos ellos el
denominador común ha sido la creación de una Comisión de la Verdad. En total,
durante estas últimas décadas se han contabilizado 37 comisiones de la verdad
constituidas en todo el mundo —principalmente en Latinoamérica, pero ninguna en
Europa occidental— con el objetivo de superar los problemas del paso de
dictadura y/o guerra civil a democracia. No obstante, "las comisiones de
la verdad no sólo revelan hechos, sino que también elaboran un relato con protagonismo
de las víctimas, que puede ser un buen complemento para los tribunales
penales", precisa Antoni Blanc, catedrático de Derecho Internacional
Público de la Universidad de Lleida.
La verdad
como objetivo para superar el paso de la dictadura a la democracia
Sin embargo,
las comisiones de la verdad carecen de una guía común, carecen de estatuto
jurídico, aunque cuenten con el respaldo de Naciones Unidas. Cada país, por
tanto, las puede configurar con arreglo a sus criterios y establecer las
limitaciones que considere oportunas. Así, es distinta la solución de Argentina
a la de Colombia o Chile. La comisión más conocida, la de Sudáfrica, promovida
por el obispo Desmán Tutú, puso especial énfasis en la reconciliación. La de Guatemala
no dio nombres de los represores y sólo responsabilizó al ejército, aunque
facilitó el juicio posterior contra el dictador Efraín Ríos Mont. "Algunos
gobiernos dejan a víctimas y victimarios frente a frente para que se las
arreglen cuando puedan, y eso está mal hecho", lamenta Mario López,
profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, defendiendo la
importancia de la mediación en estos procesos de justicia transicional.
"En El
Salvador sólo pagaron los militares, pero no los empresarios que financiaban la
represión ni los políticos", asegura Manuel Ramiro, director del Centro de
Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali,
consciente de la importancia del proceso colombiano tras 50 años de conflicto
armado, pero también convencido de la dificultad de dar satisfacción en
términos de reparación a los seis millones de campesinos que han sido
expulsados de sus tierras. "Ahora se está discutiendo sobre el tope de
condena de cárcel, entre siete y ocho años, para los guerrilleros de las FARC y
los paramilitares". El experto colombiano comenta que los ejecutores de
los crímenes en Colombia no quieren ser los únicos identificados y juzgados,
por lo que se está planteando extender la responsabilidad penal también sobre
políticos y empresarios.
"Las
comisiones de la verdad tienen unos perfiles que varían de un país a otro según
sus características y la correlación de fuerzas políticas", reconoce
Carlos Villán, presidente de la Asociación Española de Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, quien pese a constatar el obstáculo que supone la Ley de
Amnistía del 77 para la acción de la justicia interna en España, aboga por el establecimiento
de una Comisión de la Verdad en nuestro país y afirma tajantemente que
"ante unos crímenes tan atroces, no cabe el perdón, ni judicial ni
político".
Conmoción social al conocerse la verdad sobre los
crímenes
Las
comisiones de la verdad tienen, como mínimo, un efecto divulgador acerca de
unos crímenes que habían pasado inadvertidos para buena parte de la
población. Así ha ocurrido, por poner dos ejemplos, en Perú y en Argentina.
"La ciudadanía no conocía lo que estaba sucediendo hasta que se hizo
público el informe elaborado por la Comisión de la Verdad en 2003 y creó una
gran conmoción social", señala Laura Zúñiga, profesora de Derecho Penal y
asesora de la citada comisión.
"Los
tiempos que necesitan los pueblos para procesar las grandes tragedias son
difíciles de comprender, porque éstas resultan tan complejas que nos
paralizan", comenta Juan Manuel Martín Fresneda, secretario de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, al tiempo
que para emprender el avance hacia la verdad hace falta una "masa crítica
y una simbiosis" entre el proceso de las víctimas y el de la política.
Martín Fresneda se apoya en el caso argentino para aludir al caso español:
"En Argentina, el pueblo tardó mucho en admitir que lo que había sucedido
no había sido a las Madres de la Plaza de Mayo, sino a la democracia, a la economía,
a todo el tejido social en general", señala antes de sugerir que "en
España, ha de comprenderse que estas experiencias no sólo implican genocidio y
matanza. Implican un desgaste de la democracia".
"La democracia estará incompleta
mientras haya cadáveres en las cunetas"
Entrando de
lleno en el caso español, el portavoz de la Plataforma por la Comisión de la
Verdad Jaime Ruiz critica la insensibilidad del Gobierno hacia las víctimas
como una forma de hacer política que "es consecuencia envenenada del franquismo"
y lamentó que perviva "todavía un relato de la historia que se nutre de
las concepciones franquistas". En esa falta de verdad en la España actual
están, según Ruiz, las raíces para construir una verdadera democracia, "un
proceso que estará incompleto mientras haya cadáveres en las cunetas, ya que el
perdón sólo viene después del conocimiento y la investigación".
Jorge
Rodríguez, abogado y miembro de la Asociación Española de Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, defendió la Comisión de la Verdad como "el mejor
mecanismo para conseguir la verdad global sobre el periodo represivo en la
guerra civil y el franquismo", aunque "no podría sustituir en ningún
caso al proceso penal". En cuanto al diseño y el funcionamiento de la
Comisión de la Verdad, este experto jurista propone acotar para su estudio el período
de tiempo comprendido entre 1936 y 1977, que los hechos investigados sean
aquellos que a la hora en que se cometieron ya constituyeran delitos en derecho
internacional y que los comisionados sean historiadores y juristas españoles y
extranjeros.
El "adefesio" de la reforma de la
jurisdicción universal
Especialmente
críticos con la controvertida reforma de la jurisdicción universal promovida
por el Gobierno de Rajoy y aprobada por el Congreso de los Diputados se
han mostrado dos juristas de la Audiencia Nacional española. Por un lado, el
magistrado José Ricardo de Prada la califica de "adefesio" al tiempo
que alenta la posibilidad de promover un recurso de inconstitucionalidad "por
amparar la impunidad". Y por otro, la fiscal Dolores Delgado, pesimista
ante la regresión que supone dicha reforma. "Cuando hablamos de derechos
humanos, torturas o genocidio, todo son obstáculos", asegura la fiscal,
convencida de que "hemos perdido parte de nuestra seguridad como parte de
la comunidad internacional por un tema económico", en alusión a la presión
política del Gobierno chino. Incluso el argentino Martín Fresneda ha alertado
de que esta polémica reforma "puede hacer que España se llene de
genocidas de otros países".
"España es referente en la defensa de
impunidad para los tiranos"
Tanto en las
ponencias como en los debates del curso estival sobre justicia transicional
celebrados en Torres, el pueblo jienense natal de Baltasar Garzón, hubo
bastantes críticas hacia el Gobierno del PP por "el bajo nivel de
calidad de la democracia española", al tiempo que se recordó la
evolución negativa de España, al haber pasado de ser un referente mundial en la
lucha sin fronteras por los derechos humanos, a serlo de defensa de la
impunidad para los tiranos.
Martín
Fresneda asegura que "Argentina se siente dispuesta a devolver lo que
hizo España por el país" y se muestra convencido de que en España
"se van a generar las condiciones para que la democracia se regenere y busque
la verdad". Una verdad que para las víctimas es la principal prioridad,
junto a las garantías de no repetición, pero por encima de los otros dos
pilares de los procesos transicionales, la justicia y la reparación, como
recuerda el experto colombiano Manuel Ramiro.
Fuente: www.publico.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario