La Fiscalía
solicita la apertura de diligencias penales contra el concejal de Aguas de la
capital grancanaria
Lunes, 11
de agosto de 2014
La
Fiscalía ha solicitado la apertura de diligencias penales contra el concejal de
Aguas de Las Palmas de Gran Canaria, Martín Muñoz García-Borbolla, y la empresa
de saneamiento de la ciudad, Emalsa, por considerar que sus constantes vertidos
sin depurar al mar suponen "un grave riesgo" para la salud y el medio
ambiente
La
querella destaca las deficiencias que tiene el sistema de depuración de Las
Palmas de Gran Canaria, capaz solo de tratar, como mucho, el 75% de las aguas
residuales que genera la ciudad, y detalla los constantes vertidos sin ninguna
clase de tratamiento que se hacen a la costa, con una alta carga contaminante.
Durante los últimos seis años, advierte la
Fiscalía, la red de saneamiento que administra Emalsa (empresa con un 34% de
capital público municipal y un 66% privado) ha vertido al mar entre 338.000 y
796.000 litros de agua por hora sin depurar, "con valores altísimos de
parámetros contaminantes" y cantidades mucho mayores de aguas
supuestamente tratadas, pero cuya calidad ofrece "muchas dudas, ya que no
se hace ningún seguimiento fiable externo".
El fiscal se apoya en informes de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Guardia Civil y el Instituto
Nacional de Toxicología para defender que esos vertidos pueden constituir un
delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el que señala, en
principio, a dos personas a las que menciona por su cargo: el jefe de
Depuración de Emalsa y el concejal de Aguas.
Sin embargo, ya adelanta que no descarta
pedir otras responsabilidades a más personas e incluso a cargos de "otras
administraciones" y, de hecho, le pide al Ayuntamiento que identifique
quiénes han sido los concejales de Aguas entre 2008 y 2014, período que abarca
tanto el mandato del alcalde Jerónimo Saavedra (PSOE), como el del actual regidor,
Juan José Cardona (PP)
El fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia de
Las Palmas, Javier Ródenas, explica que quiere conocer quiénes eran esos
concejales y qué competencias tenían delegadas en la materia porque "no
cabe buscar una tabla de salvación en el escudo protector de que Emalsa ha
asumido unas infraestructuras obsoletas" y de que el Ayuntamiento ha
delegado su gestión en esa empresa de capital mixto.
"No se trata de diluir las responsabilidades
penales en una materia tan sensible, sino de asumir los costes penales
atendiendo a la posición de garante de quien delega un encargo y no cumple con
la supervisión del encargo delegado", argumenta el fiscal.
El Ministerio Público subraya que las
personas a las que señala "no impidieron, siendo conscientes de ello y
pudiendo hacerlo, unos vertidos de aguas residuales directamente al mar sin
tratamiento alguno, y ello de forma persistente y continuada durante muchos
años, teniendo los querellados el deber de control y evitación de las fuentes
de riesgo que están bajo su responsabilidad".
La
Fiscalía defiende que "abdicar de un correcto y escrupuloso funcionamiento
en el ciclo de la depuración del agua residual urbana es contribuir de manera
decisiva a la realización de un vertido continuo a la costa de material
fecal", con el agravante de que la empresa que no cumple esa obligación sí
que "recauda" por ello.
La
acusación pública cuestiona incluso el emisario submarino que conduce dos
kilómetros mar adentro las aguas que tendrían que estar depuradas, en la costa
oriental de la ciudad, porque vierte en una zona utilizada para deportes
náuticos, turismo y pesca.
En
este sentido, subraya que el perito de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria que ha examinado los vertidos considera que "el emisario submarino
es un peligro evidente para la salud humana y se recomienda la protección de la
zona y la prohibición de realizar actividades que tengan contacto con el área
del vertido, y sobre todo cualquier actividad extractiva".
La investigación
que ha dado lugar a esta querella se inició por una denuncia de Izquierda Unida
Canaria, que puso en conocimiento del fiscal la existencia de hasta 25 vertidos
de aguas fecales en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria y un informe de
2011 del Instituto Canario de Ciencias Marinas, del Gobierno canario, en el que
ya se advertía sobre los problemas
Fuente: http://canarias-semanal.org/
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