El
PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG exigen al Gobierno la abolición
del artículo del Código Penal que permite aplicar penas de cárcel a quienes
participan en huelgas o manifestaciones, de modo que se garantice el
"pleno ejercicio" de los derechos reconocidos en la Constitución.
nuevatribuna.es | 11 Agosto 2014 - 19:55 h.
El PP ha iniciado un "proceso
constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades, especialmente de
aquéllas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las
políticas económicas del Gobierno"
El PSOE, la
Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG han registrado en el Congreso sendas proposiciones no
de ley con las que exigen al Gobierno la abolición del artículo del Código
Penal que permite aplicar penas de cárcel a quienes participan en huelgas o
manifestaciones, de modo que se garantice el "pleno ejercicio" de los
derechos reconocidos en la Constitución.
En concreto,
las tres formaciones reclaman la derogación del apartado
3 del artículo 315 de la Ley Orgánica de 1995 que modificó el Código Penal, en el que se prevén penas de
prisión de entre tres y cuatro años y medio y multas de entre doce y 18 meses
para quienes "actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con
otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga".
Los
socialistas, que quieren que este asunto sea visto en el Pleno de la Cámara
Baja, critican que "con la crisis como oportunidad" el PP ha iniciado
un "proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades,
especialmente de aquéllas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo
con las políticas económicas del Gobierno".
También
acusan al Ejecutivo de practicar un "ataque directo a todas las medidas
que exterioricen el conflicto", utilizando tanto la Ley de
Seguridad Ciudadana como el Código Penal, y avanzando en un "entramado
de leyes que asfixien la capacidad de reacción, protesta o resistencia" en
el medio plazo.
DISUADIR A
LOS CIUDADANOS
Como prueba
de estas acusaciones, el PSOE apunta al incremento de las sanciones por
participar en manifestaciones, particularmente de las condenas a penas de
privación de libertad. Todo con el objetivo último de "disuadir a los
ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y su libertad sindical".
En la mayoría de los casos los hechos no pueden ser entendidos como
violentos o coactivos
En este
sentido, rechaza que se esté utilizando a la Fiscalía, cuyos escritos de
acusación "presentan sospechosas notas en común, como la consideración de
todas las actuaciones como preconcertadas, elemento esencial para que sea de
aplicación la forma agravada de coacciones prevista" en el Código
Penal, a pesar de que "en la mayoría de los casos los hechos no pueden ser
entendidos como violentos o coactivos".
Dado que
esta forma de actuar no se
ajusta ni a la Constitución ni a los acuerdos de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) que ha firmado España, el PSOE exige al Gobierno tanto la
derogación del artículo mencionado como que garantice que el derecho de huelga
recogido en la Constitución "no será vaciado de contenido" a través
de la "actuación concertada del Ministerio del Interior y del Ministerio
de Justicia a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del
Ministerio Fiscal".
Asimismo,
reclama que se paralicen las reformas penales, administrativas y laborales
"orientadas a criminalizar a las organizaciones sindicales y a
desarticular la negociación colectiva". También pide que se interese de
la Fiscalía General del Estado una actuación "inequívoca" en defensa
del ejercicio del derecho de huelga, "evitando la situación actual que
evidencia que la Fiscalía mantiene posiciones claramente restrictivas del
ejercicio de tal derecho".
IU-ICV-CHA considera que la forma de actuar
del Ministerio Fiscal está "cuestionando" estos derechos, con cerca
de 200 causas abiertas contra sindicalistas y trabajadores
RÉMORA
PRECONSTITUCIONAL
Por su
parte, la Izquierda Plural también pedirá a la Comisión parlamentaria de
Justicia que se aborden las reformas legales necesarias para "evitar la
represión penal desproporcionada de determinadas acciones relacionadas con la
convocatoria, organización y extensión de huelgas, excluyendo las penas de
prisión contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica".
Para la coalición, esto significa abolir el artículo 315.3 del Código Penal.
Pero,
además, quiere que se garantice el "pleno ejercicio de derechos
constitucionales" como el de huelga "en toda su extensión" y que
se "ponga fin a la ofensiva penal contra el derecho de huelga, a la
criminalización de los sindicatos y los trabajadores, y a la intervención de los
poderes públicos contra la libertad sindical".
Y es que
IU-ICV-CHA considera que la forma de actuar del Ministerio Fiscal está
"cuestionando" estos derechos, con cerca de 200 causas abiertas
contra sindicalistas y trabajadores, que se enfrentan no sólo a procedimientos
administrativos, sino incluso a procesos penales, en los que la Fiscalía
solicita penas de prisión máximas en lugar de, como sucedía hasta ahora, pedir
multas con condena a trabajos sociales.
"Parece
apuntarse que el Ministerio Público y, en última instancia, el Gobierno tienen
como objetivo limitar el ejercicio del derecho de huelga mediante el
amedrantamiento y la represión de la acción de los trabajadores durante las
jornadas de huelga" con el fin último de "crear un efecto
disuasorio", acusa la coalición, añadiendo que esta forma de actuar es
posible gracias a la "rémora preconstitucional" que supone el
artículo 315 del Código Penal y señalando que el Congreso "no puede
mostrarse impasible".
NO SE
CASTIGA A QUIEN IMPIDE LA HUELGA
Finalmente,
el Bloque Nacionalista Galego argumenta que los "recortes sociales y
laborales" de los últimos años están "abocando a una laminación de
derechos y conquistas sociales de los trabajadores", a la par que las
protestas "crecientes" están siendo respondidas "de forma
contundente" por el Gobierno a través de "duras condenas
penales".
Por eso, ve
necesario modificar una normativa de "inspiración anterior a la regulación
de derechos y libertadas fundamentales" y que sólo busca "reprimir a
las personas trabajadoras más activas a la hora de reivindicar derechos
laborales", algo "incompatible" con el actual marco de
libertades.
Además,
critica que el aumento de condenas de este tipo "contrasta con la casi
inexistente frecuencia" con la que se sanciona a quienes impiden o
dificultan ejercer el derecho sindical o de huelga, delito que habitualmente se
sanciona únicamente en el ámbito de la jurisdicción social o a nivel
administrativo.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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