Luis Angel Aguilar
Montero
08 de junio de 2014
No han sido los
partidos de la izquierda española, ni los republicanos, quienes han marcado las
“movilizaciones pro referéndum en España” para que sea su ciudadanía la que
decida la forma de estado por la que quiere que se rija su convivencia futura.
Ha sido el propio
rey español el que -con su abdicación- ha marcado la agenda activista.
Aunque también ha
ayudado el intento del bipartidismo español -PP y PSOE- de blindar un régimen
que dejara atado y bien atado el dictador Francisco Franco, mediante la firma
de una ley que regulara la sucesión del rey Juan Carlos en su heredero el
príncipe Felipe -que reinará como Felipe VI-, si el pueblo no se subleva para
elegir entre Monarquía o República.
Ante la exigencia de
los poderes políticos que gobiernan España, de imponer un Jefe de Estado
perteneciente a la monarquía, una gran parte de la ciudadanía, está exigiendo
su derecho a decidir. Es por ello que por toda la piel de toro se están
desarrollando concentraciones y manifestaciones -como las convocadas el 2 y el
7 de junio- para solicitar la realización de un referéndum que permita al
conjunto de la ciudadanía elegir a su Jefe de Estado (un derecho que a día de
hoy no existe) y, por ende, el modelo de Estado que queremos: si monarquía o
república.
Según el nuevo
partido español que ha irrumpido devolviendo la ilusión perdida a una parte
importante del electorado, “Podemos”, son los llamados "partidos de la
casta", los que sacan adelante en el Congreso una ley orgánica de
abdicación, que no se han preocupado en hacerla en 39 años de “juancarlismo” y
que ahora, viendo que el bipartidismo español empezaba a caer en picado, tras
las elecciones europeas del 25 de mayo, deciden negarle el derecho a decidir a
la ciudadanía impidiendo un referéndum que según el art. 92 de la Constitución
española es perfectamente legal convocarlo “para cuestiones de especial
trascendencia”.
Y es que al conjunto
de la sociedad se le está negando el derecho a decidir sobre su país y una gran
parte de dicha sociedad, entre la que se encuentra este infrascrito, entendemos
que “no hay mayor legitimidad que la voz del pueblo”. Por eso no vamos a
permitir que se tomen decisiones unilaterales por parte de los grandes “lobbys”
–políticos y económicos- que han secuestrado nuestra frágil DEMOCRACIA.
Independientemente
de la asombrosa lista de fiascos y polémicas en las que ha incurrido la
monarquía española (posible imputación de la infanta, el escándalo de
corrupción de su esposo Urdangarín, los líos reales en torno a la posible
amante Corina o sus cacerías de elefantes) que desembocaron en una grave crisis
institucional, que en nada beneficiaba a la “marca España” y del consiguiente
desmoronamiento paulatino del apoyo ciudadano a la Corona, había que aprovechar
este trascendente momento de cambio para exigir la apertura inmediata de un
nuevo proceso constituyente que partiendo del citado referéndum acerca del
futuro de nuestra democracia y de la monarquía nos llevara a elaborar una nueva
Constitución hecha por el pueblo, en quien se supone que reside la soberanía y
el poder.
En definitiva una
buena lección de recuperación de la soberanía popular la que
demostramos hoy en cientos de capitales españolas exigiendo democracia y, sobre
todo, manifestando que el príncipe heredero al trono NO ES LEGÍTIMO,
porque el pueblo no lo ha elegido, sino que le ha sido IMPUESTO a través de una
transición que, si en la dictadura podría haber tenido una difícil pero
comprensible justificación, jamás en la actualidad puede ser de recibo.
Fuente: La terca "Iutopia"
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