VÍCTOR
ARROGANTE Sígueme
El pasado 1 de abril, se conmemoró el fin de
la guerra civil española, momento en el que daba comienzo, para una mayoría de
la población española, un sin vivir de miseria, represión y muerte. Digo mejor:
la represión franquista ya había empezado durante la guerra en la zona llamada
«nacional», donde los golpistas del 18 de julio habían triunfado y ya dejaban
notar sus formas represoras y genocidas.
El día 18 de
julio de 1936, dio comienzo la represión allí en donde triunfó el golpe de
estado ilegítimo e ilegal, conservador, católico, centralista, militar,
totalitario y fascista. Desde ese mismo instante, los españoles fieles a la
República sufrieron los rigores de la guerra y más tarde, como perdedores, una
represión que pretendía aniquilar a «rojos» y republicanos. Franco estaba
dispuesto a conseguir sus objetivos «al precio que sea», aunque tuviera que
fusilar a media España y casi lo consigue. Cientos de miles de personas
murieron en la contienda. Todavía hoy más de 140.000 siguen desaparecidas y sin
identificar en fosas comunes y «cunetas» —entre otras razones por los
obstáculos puestos por el gobierno—, asesinadas por quienes se levantaron
contra la República.
La política de
exterminio fue diseñada por el general Mola, con el fin de eliminar cualquier
posible disidencia y atemorizar al conjunto de la población. Desde el principio
había una clara voluntad de exterminio físico, social, político e ideológico de
aquellos que para los sublevados representaban la «antipatria». Franco, su
ejército y la falange fueron sus ejecutores hasta el final; la iglesia testigo
delator. España es el segundo lugar del mundo con más desaparecidos, por detrás
de Camboya —durante el gobierno de los Jemeres Rojos, 1975 y 1979,
desaparecieron entre dos y tres millones de personas—. «No existe equivalente
en Europa respecto a la intensidad y duración de las atrocidades» producidas en
España, dice Paul Preston en su obra El Holocausto español.
A la represión
se unió el hambre. Hasta 1951 los productos de primera necesidad se conseguían
con cartillas de racionamiento, por lo que para comer se dependía de las
instituciones franquistas. Para encontrar trabajo, viajar o cambiar de
residencia era necesario un salvoconducto que solo conseguían los adictos al
Movimiento Nacional. Con los hombres muertos o en las cárceles, muchas familias
quedaron desamparadas, mendigando o sobreviviendo de la caridad o trabajando
por jornales de miseria.
En la represión
franquista, auténtica política de venganza, se observan varias etapas, en función
del papel de España en el concierto internacional: La primera de ellas durante
la guerra civil en la zona «nacional»; la segunda hasta la finalización de la
Segunda Guerra Mundial en 1945; otra tercera hasta el comienzo del
desarrollismo en los sesenta y hasta el final del régimen en 1975. El periodo
álgido de represión y violación de los derechos humanos empezó con la «cruzada
de liberación», como sigue diciendo el ministerio de Defensa. El franquismo
recurrió a los métodos represivos propios de toda dictadura militar: penas de
muerte, largas condenas de cárcel, destierros, confinamientos, multas, torturas
y violencia física en todos sus grados y formas. Represión laboral y
profesional, política, lingüística, educativa, cultural y económica, con incautaciones
y embargos de bienes. La represión religiosa, muy católica, romana, única y
verdadera, oficial del Estado, se dejó notar en todos y cada uno de los ámbitos
públicos y hasta en las alcobas.
Con el «cautivo
y desarmado el Ejército rojo», el 1 de abril de 1939, continuó la estrategia
represiva y de terror, pilar fundamental del nuevo Estado. Un elemento de
represión de primer orden, fueron los campos de concentración militarizados,
donde se amontonaron hasta 500.000 presos —192.000 fueron fusilados, en
operaciones de centenares de ejecuciones al día—. En 1946 todavía estaban
operativos 137 campos de trabajo y 3 de concentración, albergando a 30.000
prisioneros políticos. En 1940 la población reclusa era de 270.719 presos y
alrededor de 100.000 todavía permanecían entre rejas en 1943. Los últimos 120
presos políticos de Franco, comenzaron a ser liberados en octubre de 1977, en
aplicación a la ley de amnistía. Los crímenes y violación de los derechos
humanos, se prolongaron hasta el final del franquismo, que quiso terminar su
régimen como lo había empezado: fusilando. Cinco ejecuciones en 1975, meses
antes de la muerte del dictador, que murió en la cama, pero matando.
En febrero de
1939 se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, instrumento represivo
del primer gobierno, preparando la represión de posguerra contra todos aquellos
que hubieran apoyado la legitimidad republicana, vulnerando el principio de
irretroactividad penal —propio de todo Estado de Derecho—. Con la ley en la
mano de los tribunales especiales, condenaban por igual a quienes habían
colaborado con el gobierno de la República, como a quienes supuestamente
hubieran mostrado una «pasividad grave» hacia el Movimiento. Los sublevados,
condenaban por «sublevación» a los que se mantuvieron fieles a la legalidad
republicana. La justicia al revés.
En 1940, se
abrió la Causa General, vigente hasta 1969, con la misión de investigar e
instruir hechos delictivos, cometidos durante la «dominación roja». Los
funcionarios del Estado Republicano, fueron sometidos a un proceso de
«depuración», con penas de cárcel y traslados forzosos, suspensión de empleo y
sueldo, inhabilitación o separación de la carrera. Los nuevos funcionarios
tenían que ser leales al Movimiento y demostrarlo con «certificados de buena
conducta» del jefe local de FET y de las JONS y el cura párroco. Hasta donde
llegaría lo de la buena conducta, que en 1972, yo mismo, quise obtener el carné
de conducir y no pudo ser, al negarme la policía tal certificado.
La represión que
se practicó en el sistema educativo, cultural fue intensa, en toda su extensión
y en todos los frentes. Obsesionados por el llamado «peligro separatista», fue
perseguido todo sentimiento nacional que no fuese español, prohibiendo el uso
público de las lenguas distintas al castellano. Todas las instituciones
consideradas subversivas fueron eliminadas, como la Residencia de Estudiantes.
Los contenidos educativos fueron ajustados a los estrictos criterios políticos,
religiosos y culturales del nuevo régimen —parecido a lo que hace ahora el
ministro Wert—. Especial saña se utilizó contra los maestros y maestras de la
República; la mayoría fueron expulsados de la enseñanza, privándoles de todo
derecho. Con el ostracismo, el silencio y la miseria.
Las mujeres
sufrieron una doble represión, por rojas y por mujeres. Muchos hijos de
republicanas murieron en las cárceles o se dieron en adopción sin su
consentimiento, perdiendo su custodia. Se criminalizó a los homosexuales,
aplicándoles la ley de vagos y maleantes. La represión fue llevada a cabo en
todos los ámbitos productivos, con despidos, inhabilitaciones laborales y
profesionales. Las organizaciones patronales realizaban listas de «rojos» o
«sindicalistas» para que nadie les volviera a contratar. Los colegios profesionales
se encargaron de la represión de los profesionales liberales. Se prohibieron
los partidos políticos, sindicatos, asociaciones y periódicos no afines al
régimen. Se anuló la libertad de expresión para opiniones contrarias o
discrepantes al gobierno y se estableció la censura para todos los medios de
comunicación.
El brazo armado
de la represión fue el ejército, la policía, la guardia civil y los
falangistas. La justicia se ejecutaba mediante el Tribunal Especial para la
Represión de la Masonería y el Comunismo. Entre todos hacían cumplir la ley con
violencia extrema: penas de muerte, prisión de hasta treinta años e incautación
de bienes. En 1964 este Tribunal transfirió sus funciones al no menos duro
Tribunal de Orden Público, hasta que se suprimió en 1977. En el recuerdo la
violencia extrema de la Brigada Político Social, que torturaba hasta la muerte
en muchos casos. Los sicarios de entonces, siguen viviendo en el anonimato de
los crímenes que, por acción u omisión, consintieron o provocaron. Supongo que
en sus conciencias lo estarán pagando; si no es así, lo pagarán en el momento
de su muerte, como ocurre con los canallas.
Hoy, cuando
hablamos de represión política y económica, de restricción de libertades y
derechos, de violencia institucional y policial, tenemos que echar la vista
atrás y entender el sufrimiento de la gente, durante más de cuarenta años, una
verdadera represión con intención de exterminio por parte de los represores.
Sangre sudor y lágrimas para cientos de miles de españoles y españolas. Lo que
ahora ocurre, nos tiene que mantener alerta, para que nada de aquello pueda
volver a ocurrir
Fuente: http://www.diarioprogresista.es/
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