Celebración del 14 de abril, el año pasado en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ
01 de abril de 2014
Artículo publicado en el número de abril
de La Marea, ya a la venta en quioscos y aquí
En 2014 se cumplen 75 años de la caída de la Segunda República por un golpe
militar de raigambre fascista. Un golpe que trajo una terrible dictadura,
contraria a los más elementales derechos humanos, y que tumbó los avances en
democracia, igualdad y libertad producidos ya en aquel régimen republicano que
pretendía cambiar de raíz la España de la época.
Pero la República no sólo fue derrotada en 1939. También lo fue 35 años
después, con ocasión del pacto de olvido en el que se legitimó la transición a
la democracia y el régimen político actual, presidido por la Constitución de
1978. En efecto, una de las cláusulas que caracterizaron aquel pacto fue la de
que cada parte “firmante” –antifranquistas y franquistas– renunciara a su
pasado como instrumento de reivindicación política. Así, mientras los
franquistas renunciaban a la dictadura, los demócratas debían hacer lo mismo
con la experiencia republicana.
El papel del rey
Esta equidistancia entre dictadura y República se manifestó desde los
primeros pasos del nuevo régimen político. Así, por ejemplo, los partidos que
se negaron a renunciar a la denominación republicana (como Izquierda
Republicana) no fueron autorizados a presentarse a las elecciones de 1977, las
que dieron lugar a un parlamento que después se auto-transformó en constituyente.
En el propio pacto de la transición está la negativa a preguntar a la
ciudadanía sobre la forma de Estado: república o monarquía. Como el rey fue
designado sucesor a la jefatura del Estado por el propio dictador en 1969, el
proceso de transición se condujo según los intereses que mejor convenían a la
monarquía. El proceso fue tan exitoso que, una vez asentado en el trono, el
monarca no consideró necesario jurar o prometer la Constitución; algo que sí
había hecho, y hasta dos veces, con las leyes fundamentales franquistas (1969 y
1975).
La derrota republicana durante la transición se sella de forma definitiva
en el texto constitucional de 1978, donde se omiten referencias a su
antecedente más inmediato: la Constitución de 1931. Tan sólo se encuentra una,
no explícita y en una disposición transitoria, relativa a los territorios que
en el pasado hubiesen plebiscitado proyectos de estatuto de autonomía
(Cataluña, Euskadi y Galicia). Este silencio refrenda el objetivo de los
llamados “padres de la patria”, los constituyentes de 1978: asentar la
legitimidad del actual sistema político en el propio proceso de transición y no
en la Segunda República. Este fue uno de sus “éxitos”.
El desprecio por la República se acentúa según se consolida el régimen. Se
despliega toda una política de Estado dirigida a desprestigiar la República,
negando la existencia en ella de una auténtica cultura democrática, rechazando
sus avances en igualdad y derechos, o tildándola de estalinista. Asimismo, se
equiparó a los golpistas y al gobierno legítimo, denominándoles “los dos
bandos” y calificándoles por igual de fanáticos o extremistas.
Lo curioso –o quizá no tanto– es que en este viaje coinciden los
revisionistas “neofranquistas” con notables intelectuales del régimen de 1978
(Santos Juliá y José Álvarez Junco). Mención propia merece Juan Linz, el
“padre” de la moderna ciencia política española, quien trabajó para que la
dictadura franquista fuera calificada internacionalmente no de “totalitaria”,
sino de meramente “autoritaria”. Por su parte, los juristas apologetas del
régimen de 1978 contribuyen a descalificar la Constitución de 1931: muchos la
rechazan por “excluyente”, al optar por un Estado laico, frente al texto
actual, más “incluyente” e integrador.
Todavía hoy se siente con fuerza esta campaña antirrepublicana. Son
contadas las aulas universitarias en las que se explica su Constitución o su
cultura política. Tampoco en la educación no universitaria estas enseñanzas
cobran la relevancia que deberían tener en la formación de una ciudadanía
necesitada con urgencia de conocer su pasado y de consolidar una cultura de
derechos humanos. El desprecio queda patente cuando se rechaza incorporar hitos
republicanos en el catálogo de fiestas oficiales. O cuando se conmemora la Constitución
de Cádiz de 1812 –esclavista, recuérdese– como hito democrático español y
espejo en el que mirarse, en vez de tener una mirada más cercana.
La cultura de la transición trajo consigo la segunda derrota de la
República; esta vez, por los descendientes de quienes la hicieron sucumbir por
primera vez. Hoy, cuando esta cultura y el régimen político a que dio lugar se
encuentran en profunda crisis y cada vez son más las voces que reclaman un
proceso constituyente basado en una ruptura democrática, urge reivindicar y
servirse para ello de la experiencia republicana.
*Rafael Escudero Alday es profesor de Filosofía del Derecho en la
Universidad Carlos III de Madrid
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