Memoria
Histórica | Eduardo Montagut Contreras* | 03-04-2014 |
El Decreto
281 de 28 de mayo de 1937 establecía el sistema de trabajo de los presos de
guerra y presos por delitos no comunes, es decir, "los prisioneros y
presos rojos". El avance del ejército sublevado había producido un
evidente aumento de prisioneros y condenados. Para resolver esta cuestión se
creó la Inspección General de Campos de Concentración, que se dedicó a la
gestión, organización y distribución a lo largo de la geografía española de una
red de campos. Los presos sobre los que pesaba una acusación específica pasaban
a la cárcel o al pelotón de fusilamiento, el resto se distribuía en batallones
disciplinarios de trabajadores. En el año 1938 ya había cuarenta y cinco campos
de concentración y cincuenta batallones de trabajadores. Durante la guerra los
presos estaban militarizados y se dedicaban a tareas relacionadas con la
construcción militar: trincheras, carreteras, fortificaciones, etc.. Fue un
trabajo forzado y no se podían negar a realizarlo, cobraban un salario diario
de dos pesetas, aunque sólo recibían cincuenta céntimos, ya que el resto era
para manutención. Se abonaban dos pesetas más si se tenía mujer en la zona
sublevada y en malas condiciones de vida y se aumentaba una peseta más por cada
hijo menor de quince años que viviera en zona sublevada, y no redimían ninguna
pena porque no había pena que redimir, ya que no había habido ni juicio ni
sentencia en ningún caso. El Decreto hablaba de que el trabajo era un
"derecho-deber". No se estableció ningún control sobre los que
dirigían estos trabajos, lo que propició todo tipo de desmanes, vejaciones y
situaciones de falta de higiene, así como durísimas condiciones de trabajo.
*Para
Tercera Información.
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