Domingos
Sampedro
Santiago
/ La Voz 23 de noviembre de 2013 05:00
Si en España
causó perplejidad la sentencia del Prestige, debido a que no fija
responsabilidades penales ni civiles por la marea negra más grande sufrida en
Europa en las últimas tres décadas, en Francia, que también sufrieron una parte
de aquel desastre, no han quedado a la zaga. Y este malestar queda patente en
el comunicado conjunto que ayer firmaron los ministros galos de Justicia,
Christiane Taubira, y de Economía, Pierre Moscovici, en el que sostienen que la
decisión del Estado francés de apelar al Tribunal Supremo español, adelantada
ayer por La Voz, tiene un único objetivo: «Que que se reconozca la existencia
de un delito de atentado contra el medio ambiente debido a los actos cometidos
por el capitán y la tripulación» del petrolero.
Todo lo que
concierne al Prestige acostumbra a ser digerido en Francia a través de
la experiencia del Erika, el carguero hundido en las costas bretonas a
finales de 1999 con 30.000 toneladas de fuel, y que en septiembre del año
pasado fue sentenciado ya de manera firme. La Corte de Casación francesa
condenó entonces por imprudencia a la sociedad clasificadora, la italiana RINA;
al fletador de la carga, la petrolera gala Total; a un responsable de la
armadora, Tevere Shipping, y a otro de la operadora del buque, Panship
Management Services.
De igual
modo, se impusieron condenas de indemnización de 200 millones de euros en favor
de las partes civiles personadas en la causa, algo que no existe en el caso del
Prestige, en tanto que no se aprecia delito.
Combatir
la impunidad
Y eso es
precisamente lo que intenta combatir el Estado francés con su recurso judicial,
ni más ni menos que combatir la sensación de que con el buque hundido frente a
las costas gallegas no ha pasado.
El Gobierno
galo no pasa por alto que la Fiscalía del caso del Prestige elevó hasta
los 4.442 millones de euros los daños provocados por el petrolero al medio
ambiente, a la pesca y al turismo con repercusión en tres países.
Los
ministros Taubira y Moscovici subrayan en su comunicado que la marea negra
causada en noviembre del 2002 afectó a 250 municipios franceses del golfo de
Vizcaya y recuerdan que el coste provocado por aquel desastre fue evaluado en
109,7 millones de euros para los damnificados en Francia, y de esa cifra 67,7
millones fueron «aportados por el Estado para luchar contra la contaminación».
Responsabilidades
civiles
La
aspiración del Gobierno galo no es tanto reclamar las responsabilidades penales
a que hubiera lugar, que también -y por eso piden que se reconozca la
existencia de un delito ambiental-, como la de «contestar las conclusiones» de
la Audiencia Provincial de A Coruña «en términos de responsabilidades civiles»,
dicen los dos ministros.
El recurso
interpuesto por el Estado francés obedece al fuerte impacto que tuvo la
sentencia del Prestige en el país vecino, especialmente en Bretaña. De
hecho, el sindicato de protección del litoral bretón Vigipol calificó la
sentencia de «escandalosa», «preocupante» e «incomprensible», informa Efe, nada
más conocer que no habría responsabilidad civil y que el único condenado sería
el capitán del barco, por un delito de desobediencia grave.
El naufragio
producido en las costas gallegas fue seguido con especial interés en Francia,
debido a que tres años antes sufrieron el del Erika y promovieron un
cambio de las leyes europeas para controlar el tráfico de los llamados buques
basura.
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