AGUA, DEL DERECHO
AL NEGOCIO
La asfixia económica de los municipios hace
que cada vez más ayuntamientos vendan a empresas privadas la gestión del
servicio público del agua como un modo de financiación, un proceso sin órganos
reguladores que
garanticen la buena salud en la prestación
LUCÍA VILLA Madrid
03/03/2013 08:00 Actualizado: 03/03/2013 08:23
La ONU declaró el agua como un derecho humano en 2010.
-EFE
Se vende.
Con la llegada de la crisis, cada vez más ayuntamientos en España cuelgan el
cartel para adjudicar a empresas privadas la gestión del agua, un servicio por
lo general eficiente y en la mayoría de casos viable para los consistorios. Sin
embargo, según las estimaciones de la Asociación Española de Operadores
Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), si en 1996 sólo un 37% de la
población del país estaba abastecida por sociedades privadas, ese porcentaje
supera hoy el 50% y se calcula que pueda alcanzar el 57% en el transcurso de
los próximos meses. ¿La razón? Económica, principalmente.
Las
delicadas finanzas municipales han convertido a las empresas públicas de agua
en una perita en dulce para conseguir aliviar las arcas públicas con una suma
de capital considerable, de manera rápida y relativamente sencilla. Cuando los
ayuntamientos deciden externalizar el servicio, las entidades interesadas
ofrecen un canon concesional millonario a cambio de hacerse cargo de la
gestión durante unos 20 años de media (en algunos casos pueden llegar a firmar
para cuatro décadas), mediante un contrato que no garantiza que el dinero
recibido vaya a ser reinvertido en el propio ciclo hidráulico. Las
administraciones reducen sus deudas y se desentienden de la contratación de
personal, el mantenimiento de las instalaciones y las tarifas. Las empresas,
por su parte, adquieren un servicio con alta viabilidad (las facturas tienen
una garantía de cobro de entre el 95% y 97%) y sin competidores en el sector.
"Como
los ayuntamientos ya no pueden vender el suelo, venden los servicios públicos.
Venimos de la burbuja inmobiliaria y vamos hacia la burbuja del agua",
lamenta Luis Babiano, gerente de AEOPAS, que considera un "escándalo"
que los municipios destinen parte del dinero que reciben del canon para
financiar partidos o levantar rotondas.
En 1996, un
37% de la población se abastecía de sociedades privadas; hoy lo hace más del
50%
Roque
Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y
Saneamiento (AEAS), a la que pertenece el 80% de las operadoras del servicio
tanto públicas, como mixtas y privadas, no cree que la titularidad de las
empresas influya en la calidad de la gestión, pero coincide en señalar la
mala administración que se hace de los fondos: "lo que no puede ser es que
los ayuntamientos no inviertan ese canon concesional en el servicio de
agua", afirma.
En sus
conclusiones ambos apuntan en la misma dirección al identificar el origen del
problema: la falta de un ente regulador que supervise la concesión. Mientras
que en la mayoría de países europeos los acuerdos con operadoras privadas están
sometidos a un fuerte control tanto para fijar las tarifas como para las
inversiones en infraestructura, etc., en España la ausencia de mecanismos de
este tipo hace los procesos mucho menos garantistas.
Los
operadores coinciden en que el problema radica en la falta de un ente regulador
del proceso de cesión
"Lo que
se produce es una desviación total de los fondos. Los alcaldes están
privatizando para hacer caja. De ese modo, el agua se ha convertido en un
activo financiero con el que especular", dice Eloi Baldía Casas, miembro
de Ingeniería sin Fronteras y portavoz de la plataforma Agua es Vida, por la
defensa del agua en Catalunya.
Su
agrupación es una de las muchas que se han creado en España para responder a la
tendencia privatizadora del servicio del agua por parte de las administraciones
locales. Los ejemplos se reproducen por múltiples comunidades autónomas. En
Candeleda (Ávila), la Plataforma contra la Especulación Ambiental y Urbanística
ha conseguido recolectar 3.400 firmas (en una población de poco más de 5.000
habitantes) contra la intención del alcalde (PP) de vender el servicio público
de aguas a la empresa Aqualia, a la que sólo se le exige una inversión de
500.000 euros durante 30 años. El Ayuntamiento argumenta que sufre pérdidas
con la gestión del servicio y que no tiene el dinero para realizar las
inversiones necesarias en infraestructura, pero según Pilar Diego, portavoz de
la plataforma, las cuentas públicas disponen de superávit y el servicio de
aguas da beneficios al consistorio, tal y como reflejan los datos del
Ministerio de Hacienda.
Con la
tendencia privatizadora, se han multiplicado las plataformas en lucha por la
gestión pública del agua
Otro caso es
el de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde el ayuntamiento (PP-PA) tramita
la venta del 49% de la empresa municipal APEMSA y la cesión a un socio privado
de su gestión indirecta durante 25 años, periodo en el que la primera pagará a
su socia un 5% de los beneficios de la entidad. La plataforma Aguas del Puerto
no se Vende lleva más de un año luchando para demostrar que la empresa pública
no tiene pérdidas ni necesidad de una financiación especial o urgente.
Un valor de mercado
El agua,
declarada como un "derecho humano" por las Naciones Unidas en 2010,
pasa así de ser un servicio público sin ánimo de lucro, a manos de sociedades
privadas que, como tal, buscan generar beneficios económicos. La primera
consecuencia del proceso es un incremento casi inmediato del coste del
líquido que repercute en el consumidor.
Gistau
defiende que esta subida se produce porque la tarifa pública "no recoge
los costes reales del proceso" al ser estos asumidos en su mayor parte por
los ayuntamientos. Luis Hiniesta, miembro de Aguas del Puerto no se Vende sólo
ve, en cambio, una justificación posible: la necesidad de asegurarse un negocio
rentable. "Hay que poner en cuestión por qué el agua, que en alta se
genera a través de los embalses y cuencas y de un sistema público, se le
permite en baja, cuando llega a los ciudadanos, incorporar el ánimo de lucro.
Es un disparate. El agua no puede convertirse en otra cosa que en un bien
básico que tiene un origen natural, vital e insustituible", enfatiza.
"Se
están triplicando los casos de corte en el suministro", alertan desde
AEOPAS
Babiano asegura
que "se están triplicando los casos de corte en el suministro" a
nivel nacional y considera que a través de la gestión privada no es posible
garantizar el acceso a todo el mundo. "Se está perdiendo la consideración
de que esto es un derecho humano. Para mí, lo que es más doloroso es que se
le pueda cortar el agua a la gente que no tiene recursos para pagar".
Comprobar
con datos si la calidad de la gestión es superior con operadores públicos o
privados es, por el momento, algo difícil de demostrar. Al no existir entidades
reguladoras ni parámetros estandarizados que analicen por igual la prestación
del servicio en toda la geografía nacional, la escasa información depende de
los datos que las empresas faciliten voluntariamente, sin mucho margen para poder
garantizar su fiabilidad. Tanto AEOPAS como AEAS reclaman cambios en este
sentido.
En España,
el 80% del negocio del agua se lo reparten entre AGBAR y el grupo FCC
Roque Gistau
insiste en que se trata de un debate "artificial": "Creo que
hay que tener el control público, otra cosa es la operación del servicio... pero
la tecnología que hace falta aplicar a los procesos hoy es tan grande que hace
falta tener sistemas fuertes detrás capaces de aportarlos. Un ayuntamiento no
puede hacerle frente", argumenta.
Lo que
parece claro, en cualquier caso, es que el del agua es un negocio con una
proyección de futuro innegable en el mundo, algo de lo que da cuenta el SGI
World Water CW, un índice bursátil que desde su puesta en marcha en 2004 ha
acumulado beneficios superiores a los del resto de mercados que cotizan en
Bolsa. En España, el 80% del negocio se lo reparten entre Aquagest, filial del
grupo AGBAR (Aguas de Barcelona) y de SUEZ EOLIA; y Aqualia, del grupo Fomento
Construcciones y Contratas (FCC), que funcionan casi a modo de oligopolio.
Fuente: www.publico.es
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