El Gobierno no convocará las 1.164 plazas para la Administración de
Justicia que el Ministerio de Justicia, Función Pública y las comunidades
autónomas (CCAA) se habían comprometido a incluir en la OEP de 2013, que se
aprueba este viernes. En el mejor de los casos, se convocarán 300 plazas de
secretarios y de gestión.
España |
Tercera Información | 22-03-2013 |
Como ha
venido informando el Sector de Administración de Justicia de CCOO, el
Ministerio de Justicia, Función Pública (dependiente del Ministerio de
Hacienda) y las CCAA con competencias transferidas habían acordado hace varias
semanas que 1.164 plazas de la Administración de Justicia fueran incluidas en
la OEP de 2013.
Todas las
CCAA con competencias transferidas, excepto Galicia, habían acordado con el
Ministerio de Justicia incluir plazas de la Administración de Justicia en esta
OEP de 2013 y así lo manifestaron en las mesas sectoriales. Las CCAA de Aragón,
Asturias, Cantabria y La Rioja incluían plazas en el ámbito no transferido, y
las demás, Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid, Navarra, Valencia y País
Vasco lo hacían con convocatoria propia, por tener las competencias
transferidas.
El número de
plazas que el Ministerio de Justicia, Función Pública y las CCAA habían
acordado convocar, ascendía a 1.164 plazas, de las que 371 correspondían al
ámbito no transferido (entre ellas, 100 plazas de secretarios judiciales) y las
restantes 793, a las CCAA con competencias transferidas, para los cuerpos de
Gestión, Tramitación y Auxilio.
De éstas
últimas, Andalucía iba a convocar 124 plazas; Canarias, 78; Cataluña, 246;
Madrid, 163; Navarra, 18; Valencia, 79, y País Vasco, 85. Si finalmente el
Gobierno no incluye plazas de la Administración de Justicia en la OEP de 2013 o
las reduce a no más de 300 en toda España (secretarios y Gestión
exclusivamente), el daño infringido a trabajadores y trabajadoras será de una
magnitud irreparable, a juicio de CCOO.
El acuerdo
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el Ministerio de
Justicia y las CCAA, ha sido roto unilateralmente por el ministro Montoro, con
la complicidad de Ruiz-Gallardón que no ha defendido el acuerdo, y que vuelve a
demostrar su inmensa cobardía cuando debe enfrentarse en el Gobierno a
decisiones ya comprometidas y tan importantes como ésta, con el único objetivo
de conservar su cargo.
CCOO acusa a
Montoro, un ministro que ha utilizado el engaño y la burla a los trabajadores y
a las trabajadoras y ha convertido sus actuaciones y respuestas en una burda y
grotesca forma de gobernar, y a Gallardón, un ministro que es capaz de romper
acuerdos como la OEP, tan necesarios para los trabajadores y para la
ciudadanía, y, a su vez, otorgar privilegios escandalosos a un colectivo como
el colegio de registradores de la propiedad, del que personas de su entorno y
el mismo presidente del Gobierno forman parte, que en cualquier país
democrático del mundo sería constitutivo de un presunto delito de trato de
favor (artículo 428 del Código Penal).
CCOO llevará
ante los Tribunales de nuevo la ausencia, o la convocatoria profundamente
insuficiente, de plazas de la Administración de Justicia en la OEP de 2013 y
pedirá responsabilidades al Gobierno por su indeseable actuación en todo este proceso.
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