Artículos de Opinión | Diego Jiménez García |
27-03-2013 |
La crisis
que padecemos está evidenciando, cada día más, el fracaso de las políticas
emprendidas en España desde los años ’80 del pasado siglo. ¿Cómo se ha llegado
a esta situación? Veamos. La Transición política se saldó con la pervivencia de
lo esencial de las instituciones económicas y jurídicas del franquismo. Ya con
los Pactos de la Moncloa de 1977 se inicia la política de austeridad
presupuestaria, que hoy conocemos, así como las reducciones salariales y la
contratación temporal. Con el acceso al poder del PSOE, a partir de octubre de
1982, asistimos a un acelerado proceso de privatizaciones de empresas del
sector público, producto del viraje neoliberal que adoptó Felipe González.
El ingreso en la Unión Europea trajo consigo el desmantelamiento industrial en
sectores tales como la construcción naval, la siderurgia, la minería… y
sacrificios en la agricultura y la ganadería. En esos años, la sociedad
española asistía, inerme, a escándalos como el de Mario Conde, en
Banesto; al nacimiento de los GAL, que daba carta de naturaleza a los crímenes
de Estado en nombre de la democracia; al retroceso en las libertades (la
‘patada en la puerta’ del ministro Corcuera), al encarcelamiento de Barrionuevo…
Más
adelante, los gobiernos de José María Aznar ahondaron la política de
privatizaciones (Iberia), congelaron los sueldos y, mediante una permisiva Ley
del suelo, auspiciaron la edificabilidad de todo el territorio no protegido.
Con ello, llegó el boom del ladrillo, con constructores ávidos por levantar
edificios, con cajas de ahorro convertidas en bancos y con ayuntamientos
aprestándose a urbanizar, en muchos casos atraídos por el señuelo de convenios
urbanísticos de difícil (y dudosa) ejecución, pero que fomentaron la
corrupción. Mientras tanto, se producía una merma de los derechos laborales,
con en una mano de obra cada vez más barata. Se inició el imparable trasvase de
las rentas del trabajo a las del capital. Estalló la burbuja inmobiliaria, en paralelo
a la crisis mundial. Y cuando sus efectos se empezaron a sentir con más
virulencia, el Estado careció entonces de margen de maniobra económica. Se
hablaba de recesión y, poco después, según algunos analistas, caíamos en la
depresión. Se profundizó la crisis estructural de la economía española,
ensañándose con los sectores populares más débiles en paralelo con el aumento
imparable del paro, la pérdida de derechos y el afloramiento de multitud de
casos de corrupción.
En esas
estamos cuando, hace unos días, se dio a conocer el Informe Foessa 2013 (1),
que dibuja un panorama más que desalentador, con una evidente fractura social
en nuestro país. Para muestra, sólo unos datos. En lo relativo al empleo,
850.000 personas engrosaron las listas del paro en 2012, situándose éste en el
26% de la población activa, cuando en 2006 ese porcentaje era del 8,3%. En
cuanto al desempleo juvenil, la tasa del 55% no tiene parangón con ninguno de
los países de nuestro entorno. El porcentaje de hogares con todos sus miembros en
paro era del 2,5% a comienzos de la crisis y del 10,6% a finales de 2012. En
relación con los hogares afectados de pobreza severa, se ha pasado de 300.000 a
más de 630.ooo en el mismo periodo.
Los efectos
de la crisis se agravan si tenemos en cuenta que el gasto social medido en
relación con el PIB –que podría constituirse en amortiguador de aquélla- es en
España el 25%, por debajo de la media UE-15 (28,5%).
A la vista
de esta situación, y de cara al futuro, alerta Francisco Lorenzo,
coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas, que existe un riesgo notable de
que el ensanchamiento de las diferencias de renta entre los hogares españoles
se enquiste en la estructura social. En su opinión, procesos de dualización
social como éste conllevan riesgo real de ruptura, lo que significa que el no
dotarnos de los mecanismos redistributivos necesarios supone empujarnos a la
fragmentación social.
Entonces,
¿qué hacer? Hago mías las reflexiones de Juan Torres López en artículo
reciente: “ ¿Cómo es posible que ahora mismo estén funcionando en España, cada
uno por un lado, los sindicatos, las mesas de convergencia, las asambleas
constituyentes, el Foro Cívico de Anguita, la cumbre social, los socialistas de
izquierda, la convocatoria social de Izquierda Unida y otros partidos
progresistas, el 15-M, las Mareas, más alguna otra plataforma que quizá no
conozca, cuando en realidad todas proponen prácticamente lo mismo?”.
Ese
economista se une con sus reflexiones a quienes pensamos que es urgente
acelerar los procesos tendentes a una convergencia real, sin dogmatismos ni
sectarismos, de todas las fuerzas sociales (y no sólo de izquierdas) que estén
por darle la vuelta a esta situación. Es el momento de lograr la consolidación
de un fuerte poder ciudadano que logre aunar las movilizaciones callejeras con
un proceso deconstituyente-constituyente (Gerardo Pisarello), para lo
cual habría que conseguir en el Parlamento un mínimo de 200 diputados que sean
la expresión de la voz de la calle y estén dispuestos a cambiar este estado de
cosas.
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