Víctimas piden la extradición de tres
ministros del régimen, dos jueces y cuatro policías
Alejandro Rebossio Buenos
Aires22 MAR 2013 - 22:09 CET1182
Adriana Fernández y Darío Rivas,
familiares de víctimas del franquismo que se han querellado. / ALEJANDRO
REBOSSIO
Más de 150
familiares de víctimas del franquismo han pedido a la juez argentina
que investiga sus casos que solicite a España la extradición de nueve presuntos
responsables de detenciones ilegales, torturas y fusilamientos sumarios, según
informaron ayer los abogados de los querellantes. Entre los acusados figuran Rodolfo Martín Villa,
ministro de Relaciones Sindicales en 1976, el que lo fuera de
Vivienda y ex secretario general del Movimiento, José Utrera Molina, y el de
Trabajo, Fernando Suárez González.
La causa en
Argentina comenzó en 2010 ante la falta de progresos judiciales en España y
bajo el criterio de justicia universal, el mismo con el que el exjuez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón investigó los crímenes de las
dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990). Los querellantes
quieren que la juez María Romilda Servini de Cubría también pida a España la
extradición a Argentina de los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rodolfo Gómez
Chaparro, así como de los policías, y presuntos torturadores del régimen, José
Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, José Ignacio Giralte González,
Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar.
La juez se ha
reunido con los abogados querellantes y les ha prometido que decidirá si
solicita o no la extradición de los nueve acusados tras tomar testimonio por
teleconferencia a 12 víctimas del franquismo que viven en España. Servini había
dicho hace un año que cruzaría el Atlántico para recoger declaraciones de las
víctimas, pero finalmente no lo hizo. Por eso, a finales de 2012, los
querellantes propusieron las teleconferencias y su abogado en Argentina, Máximo
Castex, dijo ayer en una rueda de prensa en Buenos Aires que espera que se
concreten entre finales de abril y principios de mayo. Ana Messuti, abogada
argentina que apoya la querella, contó que unas 100 personas querían ir a
denunciar los crímenes del franquismo ante los consulados de Argentina en
España, pero debieron seleccionar 12 testimonios. Para ello eligieron aquellos
que habían sido víctimas directas, no familiares, y cuyos torturadores
siguieran vivos.
Uno de los
abogados de las víctimas, el argentino Carlos Slepoy, admitió que la
posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy acepte la extradición de los
nueve acusados “parece lejana, pero habrá una enorme presión para que sean
detenidos”, dijo en referencia a la que ejerzan organizaciones de derechos
humanos, como Amnistía Internacional. Slepoy recordó que parecía una utopía que
Garzón pidiera la extradición de los
criminales de Argentina porque los Gobiernos de Carlos Menem
(1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) la negaban, pero en 2003 el
entonces presidente Néstor Kirchner la aceptó e impulsó la reapertura de los
juicios en su propio país.
A Martín
Villa, de 78 años, se le acusa de que siendo ministro de Relaciones Sindicales
en 1976 ordenó una represión policial que acabó en Vitoria con cinco
trabajadores asesinados y más de 100 heridos por armas de fuego. En aquel
momento, el ya fallecido Manuel Fraga era ministro de Gobernación. La querella
quiere que se impute también a Utrera Molina, de 86 años, porque como
secretario general del Movimiento firmó en 1974 la sentencia de muerte por
garrote vil de Salvador Puig Antich, militante anarquista.
Por su
parte, Fernando Suárez González, de 80 años, está acusado porque como ministro
de Trabajo y vicepresidente tercero del régimen ordenó en 1975 los últimos
fusilamientos del franquismo, contra José Humberto Baena, José Luis Sánchez
Bravo y Ramón García Sanz, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota
(FRAP), y Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui, de ETA.
La acusación contra el exjuez Gómez
Chaparro, de 89 años, se basa en que tomó declaración a detenidos por el
régimen franquista, pero desoyó sus denuncias de torturas y los mantuvo
encerrados en la cárcel. A Cejas Mohedano, de 66 años, se le acusa de condenar
a muerte en 1975 a tres militantes del FRAP, José Humberto Baena Alonso,
finalmente fusilado, Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar, cuyas
penas fueron conmutadas. González Pacheco, más conocido como Billy El Niño, de
66 años, integraba la Brigada Político Social (BPS, policía política del
régimen). Sus palizas son ampliamente descritas en los testimonios dados por
sus víctimas. Giralte González y Galván Abascal también pertenecían a la BPS,
mientras que Muñecas Aguilar era guardia civil.
Fuente: www.elpais.com
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