EL CACIQUE FABRA IRÁ A JUICIO TRAS UNA INSTRUCCIÓN QUE HA NECESITADO MÁS DE 9 AÑOS, 9 JUECES Y 4 FISCALES

El ex presidente de la Diputación de Castelló será juzgado por tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal

SALVADOR FAUS/VALENCIA | 22/03/2013

Carlos Fabra en una foto de archivo. EFE

Más de nueve años de instrucción, que ha pasado por las manos de nueve jueces y cuatro fiscales, ha necesitado la Justicia para poder sentar en el banquillo de los acusados a Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación y actual presidente de la sociedad pública Aerocas, que gestiona el aeropuerto sin aviones de Castelló. Tras todo un ejemplo de filibusterismo procesal, Carlos Fabra será juzgado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal al decretar el juez Pin la apertura de juicio oral.
Penas de cárcel de entre 15 y 20 años
Gracias a la constancia y rectitud del, titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules, contra el que no han podido ni las presiones del presidente de la Audiencia Provincial de Castelló, Carlos Domínguez, amigo declarado de Fabra, el cacique castellonense será juzgado por la Audiencia Provincial cuando ésta ponga fecha para la celebración de la vista. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular solicitaron para Carlos Fabra penas de prisión de entre 15 y 20 años.
En la misma vista serán juzgados también por cohecho el empresario castellonense Vicente Vilar, que fue quien se querelló contra Fabra, y su ex esposa, Monserrat Vives. Por tres delitos fiscales será también juzgada la ex esposa del dirigente del PP, María Amparo Fernández. Tras el auto del juez, que no es recurrible, se abre un plazo de diez días para que las partes confirmen o rectifiquen sus escritos de acusación para, posteriormente, fijarse la fecha del juicio.
El Supremo dio su respaldo al juez Pin
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó el pasado seis de febrero por unanimidad devolver al juez Jacobo Pin el para que “con absoluta libertad de criterio” dictara un nuevo auto de apertura de juicio oral y pudiera incluir el cohecho entre los delitos por los que se juzgará a Fabra, que con anterioridad también había sido imputado por tráfico de influencias y fraude fiscal.
Con su decisión, el Supremo respaldó los recursos que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana presentaron contra el auto de la Audiencia Provincial de Castelló que en mayo de 2012 descartó el delito de cohecho tras un recurso que presentó Fabra. La apelación de éste provocó que la Audiencia Provincial anulara parcialmente el auto de apertura de juicio oral, ordenándole al juez Pin que eliminara la acusación de cohecho por considerarlo “un exceso”.
El juez pidió amparo al Poder Judicial
Una decisión que colmó la paciencia de Jacobo Pin, quien pidió el amparo del Consejo General del Poder Judicial al considerar que la Sección Primera de la Audiencia Provincial lo perturbaba en su independencia como instructor. Cuando ahora hace un año el juez de Nules acordó la apertura del juicio oral, le impuso a Carlos Fabra una fianza de 4’2 millones con los que hacer frente a los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.
Las querellas de un amigo
El Juzgado número 1 de Nules concluyó a principios de 2012 la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra Fabra por el empresario Vicente Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios. Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los Ministerios de Agricultura y de Sanidad, y Vilar trató de contactar con Fabra a través de sus respectivas esposas, Monserrat Vives y Amparo Fernández, que eran amigas.
Fraude fiscal de casi millón y medio
Según esa resolución, existen indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de las autorizaciones haciendo valer su condición de presidente de la Diputación. La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar y, a raíz de la misma, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.
Ocultaron dinero a Hacienda
Fabra y su mujer, durante los ejercicios fiscales entre 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según ese auto, que señala además que las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del expresidente y más de 580.000 por parte de su esposa.
Fuente: www.elplural.com