CCOO
critica la nueva reforma de jubilaciones anticipadas y el recorte en el
subsidio de desempleo que incrementa la desprotección social de los
trabajadores de más edad
España |
Tercera Información | 22-03-2013 |
CCOO y UGT
acusan al Gobierno de incrementar la desprotección social y de vulnerar el
Pacto de Toledo y el Acuerdo Social y Económico de 2011, alcanzado en el marco
del Diálogo Social, al aprobar hoy en Consejo de Ministros, una nueva
"reforma" que afecta a la jubilación anticipada y parcial así como al
subsidio de desempleo.
Ambos
sindicatos denuncian que el Gobierno, en lugar de hacer valer las fortalezas de
nuestro sistema de pensiones ante la UE, vuelve a utilizar como excusa la
situación coyuntural que atraviesa el sistema de Seguridad Social (consecuencia
sobre todo de la política económica que se está aplicando), para imponer un
nuevo recorte injusto, innecesario y excesivo.
Este nuevo
recorte es:
·
Innecesario porque la reforma de la jubilación anticipada y parcial ya estaba
prevista en la Ley 27/2011 con un amplio acuerdo social y político.
· Es injusto
porque la reforma impuesta se basa en gran medida en la traslación de una idea
falsa de los jubilados anticipados, que el Gobierno intenta presentar como
personas insolidarias que abusan del sistema. Hemos de recordar que las
jubilaciones anticipadas están reservadas sólo a trabajadores de edad avanzada
(61 o 63 años), con largas carreras de cotización (entre 30 y 33 años), y cuyas
pensiones se reducen de forma que se garantiza que la Seguridad Social asume un
gasto inferior total que si accediesen, a una edad más tardía, a la jubilación
ordinaria.
· Además,
supone un endurecimiento inexplicable y excesivo en un momento en que la crisis
y las reformas normativas aprobadas han facilitado el despido y disminuido las
redes de protección social.
CCOO y UGT
se reservan su valoración definitiva sobre el Real Decreto Ley aprobado hoy
hasta poder realizar un análisis minucioso del texto de la reforma que
finalmente se publique en el BOE, más aún cuando el Gobierno no ha accedido a
convocar la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Pensiones de 2011 para
informar de sus pretensiones y por otra parte, la información disponible señala
diferencias entre las propuestas que remitió al Congreso de los Diputados en
noviembre pasado y los textos que se han ido filtrando a los distintos medios
de comunicación.
Si atendemos
al Consejo de Ministros celebrado hoy, además de las modificaciones en materia
de jubilación anticipada y parcial, genera especial preocupación la información
referida a la reforma del subsidio de mayores de 55 años. Debemos recordar que
este subsidio es el principal recurso de protección social que tienen los
trabajadores que han sido despedidos al final de su vida laboral y que supone
en la mayoría de los casos su única fuente de ingresos y cotización hasta la
fecha de la jubilación. En el verano pasado ya sufrió un importante recorte
pasando de exigirse 52 años de edad a los actuales 55 años, también se redujo
la base de cotización del trabajador hasta la base mínima, y se limitó la
duración del subsidio hasta la primera fecha posible de jubilación, cuando
antes podía utilizarse hasta la fecha de jubilación ordinaria. En la reforma
aprobada hoy, además, parece modificarse el criterio de ingresos a tener en
cuenta para acceder al subsidio pasando de utilizarse exclusivamente los
ingresos del trabajador a utilizar ahora los de su unidad familiar, lo que
supone un castigo adicional para las familias solidarias que acogen a estos
desempleados.
Además, se
anuncian cambios sustanciales en la regulación de la compatibilidad entre
pensión y empleo. UGT y CCOO advierten de un lado que en un momento como el
actual, con cerca de 2,5 millones de jóvenes sin empleo, con una tasa de
actividad de las personas de más de 55 años débil y con más del 50 por 100 de los
trabajadores mayores 55 años de edad expulsados del mercado laboral por motivos
de desempleo o discapacidad, no es ni urgente ni razonable introducir un nuevo
régimen de compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo.
Por último,
advierten que de no articular las garantías legales e inspectoras suficientes,
existe un claro riesgo de planificación empresarial y "efecto
sustitución" en el empleo. Es imprescindible evitar que, como consecuencia
de la compatibilidad, los trabajadores en activo sean sustituidos por otros con
menores costes de cotización (los jubilados no cotizan) y que además al
disponer de garantía de rentas derivadas de la pensión, éstas puedan ser
utilizadas como excusa para reducir salarios.
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