Una
madre y su hijo de trece años han sido desahuciados esta mañana en una
"maniobra judicial" que Stop Desahucios ha tachado de
"ilegal", al no cumplir con lo estipulado en el lanzamiento.
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Tercera Información | 22-03-2013 |
Teresa se enfrentaba hoy a la
segunda orden de desalojo de su vivienda en el barrio del Zaidín por impago del
alquiler y hasta las puertas de la vivienda situada en la calle Bernarda Alba
han acudido a la convocatoria del grupo cerca de 200 personas, muchas de ellas
vecinos del barrio, que se han solidarizado con esta familia a través de su
presencia en el lugar desde las 8:00 de la mañana. Una vez la Policía y la
comisión judicial han desistido en el intento de ejecutar el desalojo, fijado a
las 9:00 horas y han abandonado el lugar, se ha disuelto la concentración en
torno a las 12:30 horas, momento aprovechado por los agentes para llevar a cabo
el desahucio y cambiar la cerradura de la vivienda.
José Iglesias,
abogado y miembro del grupo Stop Desahucios, ha mostrado su rechazo a la forma
de la que se ha ejecutado el desalojo y ha afirmado que "las actuaciones
judiciales tienen que ajustarse al día y la hora señalados". Así, ha
censurado lo que considera una "maniobra ilegal" por parte del
juzgado de primera instancia número 4 de Granada y ha anunciado que se
estudiarán medidas, entre las que cabría denunciar al juez ante el decano de
Granada y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ana Guardia,
de Stop Desahucios, ha recordado que el 15M ya se concentró frente a este
inmueble el pasado 12 de marzo, logrando frenar el desalojo de Teresa. Esta
vecina del barrio del Zaidín es víctima de violencia de género y dejó de abonar
el alquiler a causa de impagos por parte de la empresa en la que trabajaba
antes de que fuera despedida. Guardia ha explicado que la inquilina recibió el
viernes pasado la segunda orden de desahucio y ha criticado que entre ambos
hayan pasado "tan sólo nueve días". "Tras el primer intento,
habíamos pedido al juez más tiempo para buscar una solución y que esta familia
no se quedara en la calle", ha dicho, para después añadir que el
secretario del juzgado número 4 de Granada se volvió a negar esta semana a
recibir a Stop Desahucios. "Pedimos a la justicia la misma rapidez para
que se arregle en conflicto laboral con la empresa", ha indicado.
El grupo del
15M ha calificado este desahucio, evitado en un primer momento, como
"mucho más duro" que el intento anterior y ha relatado como desde las
6:30 horas del día de hoy un cordón policial "desproporcionado" ha
cortado los accesos a la calle de la vivienda. Hasta este lugar han acudido 5
furgonetas de la Policía Nacional y más de medio centenar de agentes. Guardia
ha denunciado "agresiones" por parte de las fuerzas de seguridad, que
han propinado "codazos, empujones y puñetazos" cuando tras pasar la
comisión judicial el cordón, los concentrados han intentado hacer lo mismo para
evitar la ejecución del desahucio.
"Estaba
en primera fila pidiendo a la Policía que no usara la fuerza y de repente no
podía respirar porque los agentes me empujaban directamente en el pecho contra
una señal de tráfico", ha relatado Ana Quesada, una de las manifestantes.
"Tras un primer amago de pasar el cordón, nos hemos mantenido en el sitio
y fuera del cerco, pero la Policía ha comenzado a empujar fuertemente para
desplazarnos", ha indicado, además de denunciar que "han vapuleado a
personas mayores y aprisionado a gente contra la pared".
Después de
este episodio, Guardia ha explicado que la comisión judicial, junto al
cerrajero, ha llegado hasta el portal, en cuyo interior estaban 20
manifestantes que habían pasado la noche en casa de Teresa. En este punto, la
comisión ha desistido en su intención y ha decidido no llevar a cabo el
desahucio. Sin embargo, la Policía Nacional ha detenido, "agarrándole del
cuello, aprovechando la confusión y sin motivo aparente" a una de las
personas concentradas fuera del cordón policial. Desde el 15M se ha criticado
la "desproporcionada" actuación de los agentes, que "se repite
cada vez que acuden a este tipo de concentraciones bajo el mismo mando policial
al que hoy obedecían". Así, el 15M ha negado que se produjera agresión
alguna a los policías, lo que ha asegurado "puede comprobarse en las
imágenes que están difundiendo los medios de comunicación". Por ello, ha
relacionado la detención con "un intento de presentarse como
víctimas" por parte de la Policía, táctica que según han asegurado no es
la primera vez que usan para "criminalizar las acciones del
movimiento".
Ana Guardia
ha recordado que la inquilina había aceptado el abandono de la casa en cuanto
dispusiera de un nuevo alquiler y que tenía intención de irse a vivir a
Armilla, donde está empadronada. En este sentido, ha señalado la "nula
respuesta" por parte instituciones como la Junta de Andalucía, a las que
se les ha solicitado que actúen para llegar a una solución. "La
administración andaluza sigue sin poner las viviendas vacías a disposición de
los desahuciados", ha lamentado Guardia. "El mayor problema era la
urgencia", ha dicho, añadiendo que "los políticos siguen sin hacer
nada y al final son las personas las que han vuelto a acudir para frenar el
desahucio, demostrando que la sociedad va por delante de las administraciones".
Según
explicó Teresa el pasado 12 de marzo, durante el primer intento de desahucios,
se vio obligada a dejar de abonar el arrendamiento porque se encuentra en paro
desde septiembre, cuando la empresa de servicios de dependencia Armisad le
despidió dejándole a deber seis mensualidades, además de los domingos y
festivos, cantidad que asciende a unos 3.000 euros. Afirmó que ha denunciado
esta deuda y la imdemnización por despido, al igual que otras 85 antiguas
trabajadoras de esta empresa.
Según
afirmó, en estos momentos, no cuenta con más ingresos que los procedentes de
algunas horas semanales que dedica a limpiar en casas y le falta un mes para
poder cobrar el desempleo. Teresa explicó que tan sólo pudo leer la última
notificación del juzgado, tres días antes, por problemas con su ex pareja. Así,
esta madre contó que es víctima de violencia de género y que sobre su antiguo
compañero pesa una orden de alejamiento de seis meses, después de que fuera
detenido hace cinco días por insultos y vejaciones contra ella.
Sin embargo,
ella tenía intención de saldar su deuda con el arrendatario a través de los
3.000 euros que le abonó al firmar el contrato con opción a compra. A pesar de
que viven "puerta con puerta" y de que intentó hablar amistosamente
con él, éste se negó a devolverle el dinero o usarlo para borrar la deuda,
hecho que dijo tratará con su abogado para buscar una salida.
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