CORRUPCIÓN PARA DAR
BENEFICIOS PRIVADOS A COSTA DE DEUDA PÚBLICA: LO QUE DESVELAN LOS PAPELES DE
BÁRCENAS
Ecologistas en Acción expone los motivos
por los que se suma a la querella de IU contra cargos del PP y responsables de
constructoras que aparecían como donantes del partido en la contabilidad B del
extesorero, a veces abonando sus 'donativos' sólo 24 horas después de que
apareciese en el BOE la adjudicación que les lucraba
JAIRO VARGAS
Madrid 03/03/2013 11:44 Actualizado: 03/03/2013 11:44
Construcción del AVE entre la Comunidad Valenciana,
Madrid y la Región de Murcia.- EFE
La
publicación de los papeles de Bárcenas ha puesto sobre la mesa una
estrecha relación entre concesiones de obras y servicios públicos, y varias
empresas de construcción que hacían donativos al Partido Popular incluso sólo
24 horas después de se publicase en el BOE alguna de estas lucrativas
adjudicaciones.
Ante estas
evidencias, el pasado jueves Izquierda Unida presentó ante la
Audiencia Nacional una querella criminal contra los extesoreros
del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y también contra varios ministros del
anterior Gobierno del PP, como Federico Trillo, Rodrigo Rato o Ángel
Acebes, además del expolítico conservador y empresario Pablo Crespo,
implicado en la trama Gürtel, por haber supuestamente cometido varios
presuntos delitos derivados de los pagos de empresas que aparecen en la
contabilidad B de Bárcenas.
El PP ya
anunció el mismo jueves que emprendería una acción judicial en defensa de
su honor y contra las "graves acusaciones" que se
imputan a los miembros de su partido. Sin embargo, la querella de IU no iba
dirigida sólo a cargos públicos, sino que también se extendía a los
presidentes y expresidentes de ocho constructoras que aparecen como presuntos donantes
en los famosos cuadernos de contabilidad paralela de Bárcenas. La querella
también estaba apoyada por otras organizaciones como Ecologistas en Acción, la
Asociación Justicia y Sociedad, y la Asociación Libre de Abogados.
"La
mayoría de las donaciones se tradujeron en licitaciones de grandes obras que
ahora debemos" Estas organizaciones denuncian que el resultado de las
incontestables conexiones entre las anotaciones de donaciones al PP y las
adjudicaciones de obras públicas a las empresas donantes no ha sido otro que el
aumento desproporcionado de la deuda pública de España en aras de
disfrutar de una serie de instalaciones e infraestructuras que apenas se
utilizan y por las que gobiernos autonómicos han hipotecado los derechos
sociales de su población en beneficio de estas empresas concesionarias.
Así lo
denuncia uno de los querellantes, Ecologistas en Acción, que se ha
sumado a la acción judicial por el resultado de esta íntima relación entre
poder político, donativos suculentos de constructoras y aumento insostenible de
la deuda pública. "La mayor parte de los pagos supuestamente ilícitos que
aparecen en los papeles de Bárcenas presumiblemente se tradujeron luego en
licitaciones de grandes e insostenibles obras de infraestructura que ahora debemos
pagar incrementando de forma abrumadora la deuda pública", critican los
ecologistas.
Megaproyectos y crecimiento no siempre van a de la
mano
Según
denuncian, el pretexto de estos megaproyectos siempre ha sido que van de la
mano del desarrollo económico. Sin embargo, y a pesar de que "España es el
país europeo con más kilómetros de autovías y de autopistas, con más kilómetros
de alta velocidad y con más aeropuertos sin servicio de Europa",
"también somos récord en problemas económicos y en desempleo", apunta
la organización, que lleva varios años informando de este
"despilfarro" con datos contrastados. Ejemplo de ello es el informe titulado "Infraestructuras
de transporte y crisis: Mitos y realidades" , publicado en
2011 y en el que los ecologistas advertían de que el país se estaba
precipitando en un "situación de desmesura en la dotación de
infraestructuras de transporte, muy difícil de entender desde una óptica
racional".
"Llevamos
años denunciando el despilfarro en infraestructuras insostenibles, con muchos
datos y cálculos económicos contrastados. Los papeles de Bárcenas apuntan ahora
a las razones de esas concesiones públicas, que no son más que el
enriquecimiento de las constructoras a cambio de donativos que la cúpula
del PP se repartía en sobres".
"España
es el país europeo con más kilómetros de autopistas, de alta velocidad y
con más aeropuertos sin servicio de Europa" La confederación ecologista
pone sobre la mesa varios casos de inversiones ruinosas para el erario
público y destructivas para el territorio y el medio ambiente centradas en
infraestructuras de transporte y construidas por algunos de los nombres que
aparecen en los papeles de los supuestos donativos que Luis Bárcenas
recopilaba.
Uno de ellos
es la autopista AP-41 de Madrid-Toledo, una de las 13 radiales que
circunvalan la capital. "Se trata de una autopista que tiene el 11% del
tráfico previsto. Costó 440 millones de euros y no sólo es deficitaria --al
igual que otras cinco de estas carreteras--, sino que la concesionaria, que
pertenece al grupo Sando (cuyo presidente, José Luis Sánchez, es uno de
los querellados) ha demandado a Fomento y el Tribunal Supremo le ha dado la
razón, por incumplimiento contractual, de modo que el Estado deberá compensarla
con 320 millones".
Algo
parecido ocurre con el Metro ligero de Madrid, cuya construcción costó a
los madrileños 585 millones de euros, que se embolsó la constructora OHL, cuyo
expresidente, Juan Miguel Villar Mir, también aparece en la citada
querella. Esta instalación sirve para que una ínfima población de la capital se
desplace por el oeste de la ciudad suponiendo un coste para la Comunidad de
Madrid de 5 euros por viajero, cuando el coste en toda la red de Metro es
de 1,7 euros. "Además, si la demanda de viajeros queda por debajo del 68%
de la prevista en el contrato, la Comunidad de Madrid también debe compensar a
la concesionaria. Un negocio redondo", denuncian.
"Estas
inversiones se acometen mientras aplican recortes en partidas básicas" La
construcción del AVE también ha repartido pingües contratas a compañías
contra las que también se ha presentado querella, como Hispánica o Aldesa. La
inversión del Ministerio de Fomento por cada kilómetro de vía es cercana a 30
millones de euros, según cifra esta organización a partir de datos del
propio Ministerio de Fomento. La Comisión Europea advierte de que la demanda
mínima recomendable para este tipo de inversión son nueve millones de pasajeros,
pero este volumen no es superado ni siquiera por la línea Madrid-Barcelona.
Aún así,
critican desde la plataforma, "Fomento prevé gastar 8.500 millones de
euros en llevar el AVE a Galicia, cuando un estudio encargado por el propio
ministerio concluye que no hay demanda más que para tres trenes diarios por
sentido. Y estas inversiones se acometen al mismo tiempo que se aplican unos draconianos
recortes en partidas básicas para el bienestar de la ciudadanía".
Ecologistas
en Acción considera que la mayor parte los 40.000 millones acumulados en deuda
entre Fomento, Adif, Aena y otras empresas públicas "no tienen
justificación desde el punto de vista del transporte ni del interés social,
pero sí de los turbios intereses que se pretenden desvelar con esta querella".
Fuente: www.publico.es
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