Los
integrantes de la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo sobre la Ley de Costas española se reunieron por primera vez en la sede
de la Unión Europea en Madrid. El objetivo de la visita es estudiar si la
reforma de la Ley de Costas vulnera las leyes europeas de protección
medioambiental y de propiedad privada.
España |
Tercera Información (*) | 23-03-2013 |
El
Parlamento Europeo crea estas delegaciones para casos que acarrean un
excepcional número de quejas ante dicha institución. La delegación, compuesta
por eurodiputados de varios grupos políticos, ha sido creada por la Comisión
de Peticiones para dar seguimiento a las 76 peticiones presentadas por
parte de ciudadanos europeos de diversa nacionalidad perjudicados por la
modificación de la mencionada ley. Como ejemplos anteriores de este tipo de
delegaciones están los casos de la gestión de residuos en Italia o el estado de
las rías de Galicia. Este último contó también con la intervención del
eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, quien participó
acompañando a la delegación parlamentaria de la UE.
La agenda de
trabajo en Madrid incluye que los eurodiputados se entrevisten con los
peticionarios y mañana con representantes de las instituciones españolas
involucradas.
El caso de
la Ley de Costas ha supuesto un importante foco de atención para el
Parlamento Europeo al perjudicar, por un lado, los intereses de numerosos
ciudadanos al afectar directamente a sus propiedades mientras, al mismo tiempo,
se dilapida el futuro de un Dominio Público Marítimo que ha sido castigado
durante años por la especulación inmobiliaria.
La mala
gestión que tradicionalmente ha tenido un excepcional recurso natural como son
las costas españolas se busca ahora que sea ratificada con esta modificación
legislativa. “La costa española se ha hormigonado en estos años y se ha
producido una degradación completa. Ahora se pretende hormigonar lo poco que
queda libre”, sostiene Meyer para evaluar el impacto ambiental que acarrean
estos cambios legales.
Sin embargo,
pese a haber un impacto ambiental desigual, existen numerosos casos para los
que la ley no ha contemplado ninguna excepción posible. Willy Meyer considera
que “son múltiples los casos de viviendas habituales de personas vinculadas al
mar, poblados pesqueros tradicionales e integrados en el ecosistema que, bajo ningún
punto de vista, puede considerarse que provocan el mismo impacto ambiental que
monstruosos complejos hoteleros como Marina d’Or en Castellón”, como ejemplos
en los que se debería flexibilizar la norma.
Destaca que
“esta modificación legislativa planteada por el PP sólo pretende mantener la
actividad especulativa del sector del ladrillo sobre la costa española a costa
de hipotecar su valor ambiental y los bienes públicos que tiene dicho
patrimonio nacional. En un contexto donde el Panel Internacional sobre el
Cambio Climático estima que los gobiernos deben comenzar a realizar políticas
de adaptación ante la inminente subida del nivel del mar, esta reforma desoye
dichas advertencias para mantener la actividad especulativa sobre las costas”.
La modificación
de la Ley de Costas, que está en trámite parlamentario, podría vulnerar la
Carta Europea de Derechos Fundamentales ya que, aunque "se ha
producido alguna mejora respecto a la de 1988, "no es totalmente justa con
algunos propietarios", según ha manifestado la europarlamentaria austriaca
Angelika Werthmann, la presidenta de una delegación de
europarlamentarios que está de visita en España para conocer los pormenores de
la norma.
En una rueda
de prensa ofrecida por la delegación europea, los parlamentarios europeos dan
así un varapalo a España que plasmarán en un informe que elaborarán para su
posterior debate en Bruselas. La delegación se ha centrado en "recabar
datos y cotejar hechos", para lo que se han reunido con ciudadanos,
propietarios afectados pro la ley de costas, con ONG y con el director general
de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra.
Para la
europarlamentaria danesa Margrete Auken "no se entiende" como con la
Ley de Costas se pueden expropiar y demoler casas y luego volver a construir.
Además, señala que aunque la ley no puede demoler las expectativas de todo el
mundo, a su juicio, la ley de Costas "no resuelve las preocupaciones de
los ciudadanos".
En su
opinión, la ley de costas actual (en trámite en el Senado) es "peor"
que la anterior y "no sirve para nada, porque no aporta nada desde el
punto de vista de la protección".
Respecto a
la protección medioambiental, Werthmann ha valorado que si la ley de 1998 se
elaboró para proteger el medio ambiente y se observa lo que ha ocurrido en la
costa española desde entonces, "se ve que no ha servido para nada" y
ha derivado en una inseguridad jurídica.
Además,
Auken considera que las compensaciones a los propietarios afectados por la Ley
"se han pensado de forma ’sui generis’, muy raro", mientras que el
europarlamentario alemán Peter Jahr ha añadido que el Gobierno español "no
paga nada, no compensa y se queda con la propiedad". "Una concesión,
o la ampliación de una concesión no es una compensación", ha apostillado.
(*) Con
información de EP
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