"UNA JUSTICIA ECHA A MEDIADA PARA LOS RICOS”

  Denuncian que la subida de tasas judiciales deja sin justicia a los más vulnerables

Denuncian que la reforma judicial diseñada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón va a suponer que los ciudadanos con menos recursos económicos no tendrán derecho a la justicia

España | Tercera Información | 31-10-2012 | 

El Congreso de los Diputados celebró en la tarde del lunes 22 de octubre el debate de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley por la que se regulan las Tasas de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Las organizaciones Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y Sindicato de Secretarios Judiciales han querido manifestar, a través de un comunicado, su “rotunda disconformidad” con el contenido del Proyecto de Ley y advertir a la opinión pública de la “grave privación de derechos” que sufrirá el acceso ciudadano a la justicia, con esta ley cuyo precedente se remonta, en España, al año 1959 en plena dictadura.

En concreto estas organizaciones se quejan de esta reforma:

1. Porque limitarán e impedirán el acceso de la mayoría de la población a la justicia, atacando frontalmente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución, siendo inaceptable que no se dé curso a una demanda por la única razón que la persona que acude a la justicia no pueda afrontar el pago de la tasa.

2. Por la elevada cuantía de la tasa fijada con la única finalidad de restringir el uso del servicio público de la justicia a la mayoría de la población, permitiendo litigar sólo a aquellos que económicamente puedan afrontarlas.  

3. Por su establecimiento con carácter general y no excepcional, extendido a todas las jurisdicciones, con la única excepción de la penal, y a toda persona física o jurídica. En el caso de las personas físicas sólo quedarían exentos quienes tengan documentación que pueda acreditar ingresos inferiores al límite de la justicia gratuita. Recordamos que la Ley 1/1996 reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes acrediten una renta inferior al doble del salario mínimo interprofesional en cómputo anual y contando los ingresos de toda la unidad familiar, lo que significa tener ingresos, por familia, inferiores a 1100€ netos mensuales aproximadamente

4. Por no ser excluyentes de las tasas establecidas o que puedan establecer determinadas Comunidades Autónomas, con lo que las y los usuarios de la justicia en dichos territorios verán doble e injustamente limitados sus derechos.

5. Porque la racionalización, agilización y optimización del funcionamiento de la administración de justicia deberían conseguirse mediante reformas organizativas que no vulneren ningún derecho fundamental como lo es el de la tutela judicial efectiva.

6. Porque creemos que en un Estado Social y Democrático de Derecho la justicia debe tener una innegable vertiente de servicio público y no debe convertirse en una herramienta recaudatoria más para la gestión de una política presupuestaria y económica, por otra parte más que discutible, que está haciendo recaer las consecuencias de la crisis financiera en los sectores más desfavorecidos de la ciudadanía, que además ven como sufragan con sus impuestos servicios que luego quedan al servicio de las clases económicamente más favorecidas.

7. Porque, a diferencia de los depósitos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial o en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las tasas no son retornables aunque se obtenga una resolución favorable; o lo que es lo mismo, no se devolverá el dinero de la tasa aunque se dé la razón a quien tuvo que pagarlas. Siendo cosa distinta que puedan repercutirse o no a la parte contraria, lo que en muchas ocasiones también provoca consecuencias indeseables.

8. Porque para sancionar a quienes, amparándose indebidamente y en perjuicio ajeno en las normas y garantías del procedimiento, incurren en posibles abusos de tipo procesal ya existen mecanismos como la condena en costas o la declaración de temeridad, que no se imponen a quienes legítimamente se ven obligados a recurrir a la Administración de Justicia.

9. Porque no podemos asistir impasibles al continuo intento de culpabilizar a la ciudadanía por la situación en que se encuentra el país. En Sanidad, en prestaciones farmacéuticas, en Servicios Sociales y ahora en Justicia se insiste en que la población, todos y todas, “abusamos” de las Administraciones Públicas y que es necesario disuadirnos por la vía económica de que recurramos a los servicios públicos. Consideramos que los responsables de la gestión de éstos son quienes deben garantizar que se presten de una manera adecuada, digna y con pleno respeto a los derechos de la ciudadanía.