miércoles, 28 de noviembre de 2012

“GRACIAS A LA REFORMA CONSTITUCIONAL PPSOE EN AGOSTO DEL 2011, PARA BENEFICIAR A LA BANCA TERRORISTA CON DINERO PÚBLICO PARA QUE LA CRISIS LA PAGUEMOS LOS DE SIEMPRE LOS CIUDADAN@S”



La izquierda y el régimen
Artículos de Opinión | José Haro Hernández | 27-11-2012 | 
 ’Lo sentimos muchísimo, que sepáis que estamos con vosotros, no queremos hacerlo, pero no tenemos más remedio...’. De esta forma se dirigía una diputada del PP murciano a los interinos que protestaban contra los recortes en educación a las puertas de la Asamblea Regional durante la presentación de los presupuestos autonómicos de 2013. Y creo, personalmente, que en estas palabras hay un atisbo de sinceridad. Más o menos la misma que exhibió Rajoy no hace mucho cuando declaraba que lo que hacía no le gustaba, pero no era libre para hacer algo distinto. O cuando Zapatero, cabizbajo, casi sollozaba en 2010 al presentar el primer tijeretazo asegurando, igualmente, que lo imponía a su pesar. Porque está claro que la derecha no hace ascos a privatizar y recortar derechos, pero a ningún político le cae bien rebanar con demasiada frecuencia el gasto social, entre otras razones porque ello crea malestar ciudadano y mina las bases electorales de apoyo. Así que comprendo que lo hagan a disgusto. Es más: Andalucía está demostrando que incluso la llamada izquierda transformadora, cuando asume tareas ejecutivas en el gobierno de una comunidad autónoma, parece verse abocada a convivir con recortes, ajustes y austeridad. Hasta el punto de que lo que aquí, en esta región y otras, reclama la izquierda desde sus escaños parlamentarios en relación a las cuentas regionales (por ejemplo, que no se suprima la paga extra navideña de los empleados públicos), en Andalucía, esa misma izquierda, desde sus responsabilidades de gobierno, ignora por completo, asumiendo disciplinadamente los criterios de déficit, la absoluta prioridad en el pago de la deuda y el ajuste presupuestario a través únicamente de la reducción del gasto. Visto lo visto, quizá el problema no radique exclusiva ni principalmente en la naturaleza de las fuerzas políticas que se ponen el frente de los gobiernos en estos tiempos revueltos, sino en el carácter mismo de las instituciones. En mi opinión, éstas tienen perfectamente acotados los márgenes entre los que puede desenvolverse la acción de gobierno, lo que implica que ésta no es libre ni soberana. Si una fuerza política (o coalición de partidos) al frente de una comunidad autónoma no puede superar el 0,7% de déficit para 2013, está obligada a priorizar, sobre cualquier otro criterio, el pago de los intereses de la deuda bancaria contraída (gracias a la reforma constitucional PP-PSOE de agosto de 2011), no dispone de capacidad legal y financiera para recaudar más a partir de una reforma fiscal profunda, y además ha de acatar por imperativo legal disposiciones emanadas del gobierno central (como la supresión de la paga de los funcionarios), que alguien me explique cómo se puede gobernar la comunidad autónoma en cuestión sin fuertes recortes sociales y de la inversión pública. Los mismos diputados que en Murcia piden al ejecutivo autónomo que no expolie las nóminas de los funcionarios, las podarían con toda seguridad si se sentaran en el Consejo de Gobierno. No podrían hacer otra cosa. Y esto nos lleva a la conclusión que apuntaba arriba: nos encontramos ante instituciones intervenidas, secuestradas por poderes no democráticos. Cuando esto ocurre, no estamos ante un sistema democrático, sino ante un Régimen (eso sí, con fachada electoral-parlamentaria). Así sucede cuando la forma de gobernar está predeterminada por fuerzas que no han concurrido a las urnas. Las organizaciones democráticas nunca, a lo largo de la historia, han afrontado tareas de gobierno en los regímenes, por una razón obvia: desde esas responsabilidades, sólo podrían devenir cómplices de las políticas antidemocráticas y antisociales inherentes a aquéllos. Pues bien, creo que en estos tiempos es hora de asumir esa lógica, que bebe en las fuentes de la ética. La izquierda y las corrientes democráticas han de concurrir a las urnas propugnando un proceso constituyente que restablezca la soberanía de las instituciones emanadas del voto popular, para desde ellas hacer política, y no limitarse a obedecer. Dejando claro que, sin esa condición previa, gobernar no es otra cosa que colaborar con el Régimen.
        Fuente: http://tercerainformacion.es/


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