Dos familiares reclaman al juez que abra una fosa con 50 represaliados
La plataforma Fusilados de San Lorenzo exige la
identificación de las personas enterradas en Vegueta tras las purgas
franquistas
Memoria
Histórica | Tercera Información | 26-11-2012 |
La Plataforma
de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo ha presentado en el decanato
de los Juzgados capitalinos una denuncia para exigir la apertura de una fosa
común del cementerio de Las Palmas en la que puede haber enterrados
entre 50 y 60 represaliados del franquismo, según el colectivo.
Entre
"los asesinados" y enterrados en la fosa número dos del camposanto
de Vegueta se encuentran el alcalde del antiguo municipio de San Lorenzo,
Juan Santana Vega, así como el sindicalista vinculado a ese Ayuntamiento
Francisco González Santana. "Sólo queremos que nos devuelvan los cuerpos
de nuestros familiares para poder tener una tumba a la que llevarles
flores", aseguraba ayer Paco González, que es nieto del representante
sindical.
González
está convencido de que los restos de su abuelo y los del regidor de San Lorenzo
yacen en la citada fosa, pues tienen las correspondientes actas de defunción,
pero se apoyan en estudios como los del historiador Pedro Medina Sanabria
para concluir que pueden haber enterrados entre 50 y 60 represaliados, la
mayoría de ellos "fusilados en el campo de tiro de la Isleta. Los mataban
allí y luego los trasladaban al cementerio en el camión de la carne",
añade el nieto del sindicalista. Se trata del mismo vehículo que previamente
transportaba la comida al campo de concentración isletero. De ahí el
sobrenombre.
Otra de las
personas que pueden estar enterradas es el periodista Manuel Fernández,
que fue "asesinado a golpes" en el campo de fútbol de la Isleta por
escribir artículos en contra de los generales del régimen franquista, relata
González. El resto de identidades se reparten por toda Gran Canaria, incluso se
sospecha que haya canarios que estuvieron en la campaña de Sidi Ifni.
Los
denunciantes esperan que el juez correspondiente abra un procedimiento judicial
y requiera la exhumación de los restos óseos del alcalde y del sindicalista,
además de que se constaten sus muertes violentas a partir de la correspondiente
prueba pericial y se proceda, asimismo, a identificarlos y entregarlos a sus
familiares para darles sepultura o incineración.
La demanda,
que se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se ha dado la
razón a otros afectados del territorio nacional, está dirigida por el abogado Rubén
Alemán Sánchez, quien ha contado con el asesoramiento jurídico de Lidia
Vicente, una de las responsables de la querella argentina contra el
franquismo. También colaboran el Frente Sindical Obrero de Canarias y la
organización política Unidad del Pueblo.
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