El conflicto en Sevilla se generó a raíz de la intervención de policías
nacionales del conflictivo Grupo Hércules
Los organizadores de la jornada andaluza
por el Derecho a la Vivienda denuncian la temeraria falta de profesionalidad de
la policía durante el evento y niegan que los manifestantes ejercieran ningún
tipo de violencia
Vivienda |
Tercera Información | 29-11-2012 |
La
Intercomisión de vivienda del 15M Sevilla, organizadora y principal responsable
de la manifestación que recorrió la ciudad el pasado sábado 24 de noviembre, a
raíz de las declaraciones en prensa de la policía nacional y el atestado que
acusan de graves delitos contra el orden público a cinco personas, desea
manifestar lo siguiente.
Que la
manifestación, de público muy heterogéneo, fue pacífica durante todo el
cortejo, quedando muy lejos de la intención de sus protagonistas que la
situación desembocara en actos violentos.
Durante el
recorrido, en calle Lumbreras, se hizo público ante la manifestación y para la
sorpresa de los presentes que en un edificio vacío desde su construcción, fruto
de vorágine inmobiliaria, se habían realojado dieciocho familias víctimas de la
crisis y del actual problema de la vivienda. Tras este acto simbólico, la
manifestación siguió su recorrido habitual sin ningún problema, quedando a las
puertas del edificio una veintena de personas acompañando a los nuevos
residentes.
El conflicto
se generó a raíz de la intervención de dos policías nacionales del conflictivo
Grupo Hércules -cuya identidad, como la del resto de los que posteriormente
intervinieron, consta- que anunciaron ante el inmueble que iban a proceder a
desalojar a las familias. Estos policías carecían de orden judicial que
respaldara la actuación anunciada, no eran los agentes que estaban asignados a
la seguridad de la manifestación y parecieron en todo momento actuar de motu
propio. Obviamente, tal anuncio constituyó una acción impertinente y temeraria,
ajena a la más elemental prudencia y auténtico desencadenante de los
posteriores acontecimientos, máxime cuando añadieron la arbitraria detención de
la periodista Ana García al claro objeto de impedir su labor informadora. En
ese momento, parte de la gente que estaba en la manifestación, alertada por los
vecinos, comenzó a regresar a Lumbreras y en actitud completamente pacífica se
interpusieron entre el edificio y los policías. Estos perdieron la necesaria
serenidad de cualquier agente armado de la autoridad y pidieron refuerzos, lo
que desembocó en la conocida carga policial. Aún así, ningún manifestante
ejerció ninguna actitud que no fuera la de eludir la agresión o intentar
calmarla.
Es necesario
recalcar, que los agentes que iniciaron el conflicto y que cargaron contra los
manifestantes no eran ni la Unidad de Intervención Policial asignada para la
seguridad de la manifestación ni la policía local encargada de regular el
tráfico, los cuales mostraron una actitud profesional en todo momento. Fueron
un puñado de policías nacionales de la cercana comisaría de la Alameda, el
conocido Grupo Hércules, que con total falta de oficio y de templanza se
introdujeron en medio de la manifestación sin ningún tipo de plan, respaldo ni
material antidisturbios, amenazaron, provocaron y agredieron a los
manifestantes y acabaron generando los lamentables hechos que tanta difusión
han tenido en los medios de comunicación. Estos agentes no tenían ninguna razón
para estar allí y sospechamos que ni siquiera tenían órdenes, actuando de forma
individual y totalmente primaria. De hecho, costó más de media hora y continuas
gestiones a las personas encargadas de la mediación de los manifestantes, encontrar
un mando con quien poder hablar.
Es
rotundamente falso y roza la desvergüenza afirmar que hubo lanzamiento de
botellas, piedras o palos, o que los manifestantes iban pertrechados con ellas.
Las personas que allí había distaban mucho de cumplir un perfil proclive a
ello. Basta señalar que los detenidos acabaron siendo una periodista, un joven
que iba al cine, el presidente de una asociación de vecinos de 60 años y otros
dos varones de edad madura. Todos los delitos que de los que se les acusa son tan
gratuitos como el de usurpación de un inmueble, cuando fueron detenidos en la
calle y apenas vieron como se desplegaba una pancarta del edificio ocupado.
Están
convencidos de que no fue sino la posterior valoración de lo sucedido y el
interés de justificar su disparatada actuación, lo que, al abrigo de la
comisaría y tras las pertinentes consultas, inspiró la fantasiosa narración que
conforma el atestado y la versión oficial de sus portavoces. Pero este
proceder, justificado a cualquier particular en el ejercicio de su derecho a la
defensa, deviene delictivo cuando emana de agentes de la autoridad en el
ejercicio de sus funciones, obligados a ser veraces bajo pena de falsedad.
Este modelo
policial resulta a todas luces incompatible con la nueva sociedad que está
alumbrando el activo compromiso ciudadano y popular de nuestros días.
No hay comentarios:
Publicar un comentario