jueves, 31 de octubre de 2013

ABC’ EXIGE A MIQUEL ROCA QUE DECIDA: O ABOGADO DE UNA INFANTA O “PADRINO” DE LOS SEPARATISTAS

El diario monárquico dedica su portada a acusarle de “ir contra España” por defender el derecho de los catalanes a una consulta
C.G. | 31/10/2013
ABC dedica este jueves portada, editorial y dos páginas de interior a acusar a Miquel Roca, padre de la Constitución, de “ir contra España” por unas afirmaciones que hizo el exdirigente de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), hace una semana, a favor del derecho a decidir de los catalanes. El diario monárquico carga toda su artillería contra el abogado de la infanta Cristina en el caso Nóos, y le atribuye una “temeraria embestida contra el orden constitucional”.
Lo que ABC recrimina a Roca
El diario recrimina a Roca, una de las voces más moderadas del nacionalismo catalán, que dijera claramente que “no hay ningún valor en la Constitución que impida escuchar lo que quiere la voz del pueblo” y que le “irrita” que le discutan que “Cataluña sea nación. ¿Pero qué se han creído? Digo que soy nación”, reafirmó el exnúmero dos de Jordi Pujol, que defendió que “el modelo constitucional está agotado” y que “es legítimo sustituirlo por otro que libremente elijan los catalanes”.
Unas palabras dichas hace una semana
Roca ha manifestado su opinión como experto sobre la ley de consultas populares que tramita la Cámara catalana, el verano pasado, y por segunda vez, el 15 de octubre, ante la Comisión de Estudio del Derecho a Decidir. Sorprende que ABC recupere hoy sus palabras para su ofensiva antiRoca.
Doctrina Roca
El diario destaca en uno de sus titulares que Miquel Roca “arremete contra España”, y define como “doctrina Roca” las opiniones del abogado, del que asegura “se ha dejado arrastrar por la deriva separatista de sus antiguos compañeros sumándose así a los revisionistas de un texto constitucional que él mismo redactó”.
Cuestiona que sea abogado de una infanta
El periódico monárquico cuestiona que Roca sea el abogado que defiende a una infanta de España, mientras “atiza el separatismo”, y le recuerda que “la Corona representa la unidad y permanencia del Estado por mandato de la Constitución”. Tiene “que elegir o le tienen que hacer elegir”, subraya.
De padre de la Constitución a padrino de los nuevos convergentes
ABC
, que usa para su portada el retrato de Roca que cuelga en la Sala Constitucional del Congreso como padre de la Constitución, recuerda que “hubo un tiempo en que los convergentes moderados eran llamados ‘roquistas’ en alusión al perfil pragmático del exsecretario general de CDC”, pero esto es algo que ha cambiado según el periódico monárquico y ahora Roca se dedica a “ejercer de padrino jurídico del proceso de transición nacional de las nuevas generaciones convergentes” desde “su exclusivo despacho Roca Junyent Abogados Asociados”.





"EN CANARIAS NO HABRÁ TIEMPO DE ACTUAR EN CASO DE DERRAME PETROLÍFERO"

Contundente advertencia de Jonathan Gómez Cantero, vocal del Colegio de Geógrafos de España:
Jueves, 31 de octubre de 2013
Por Eugenio Fernández - Canarias-semanal.org
   El pasado 15 de octubre, el Centro Cívico de Arrecife - en Lanzarote - acogía una conferencia de Jonathan Gómez Cantero,  miembro del Panel Internacional para el Cambio Climático de Naciones Unidas y vocal del Colegio de Geógrafos de España, en torno a la problemática suscitada por el proyecto de Repsol para la extracción de las reservas de crudo que, según todos los indicios, pueden albergar las aguas próximas al Archipiélago canario.
   La ponencia, con el significativo título de "Hacia un desastre en las Islas Canarias", se desarrolló en torno a los riesgos ambientales derivados de esta actividad extractiva.  En su exposición, el geógrafo se refirió a los recientes seísmos en la zona del mediterráneo en la que se encuentra ubicada la plataforma Castor y se centró en los peligros potenciales que entrañan las prospecciones petrolíferas en el Archipiélago canario.
   Gómez Cantero alertó sobre las prácticas habituales de las compañías interesadas en llevar a cabo un proyecto de estas características, que "a menudo subestiman los riesgos medioambientales".  En este sentido, Gómez criticó la utilización interesada de la confianza ciega en la tecnología para convencer a los habitantes de las regiones afectadas por dichos proyectos.  "La tecnología -afirmó - siempre nos da una falsa sensación de seguridad, y ésta puede fallar."
   El vocal del Colegio de Geógrafos de España aconsejó que se hicieran estudios sísmicos más exhaustivos del área donde Repsol pretende llevar a cabo las prospecciones, ya que "hay que tener en cuenta una serie de riesgos que no se están evaluando".  Cabe recordar a este respecto que en dicha zona se han registrado recientemente una docena de movimientos sísmicos.
   Gómez Cantero insistió, igualmente en la necesidad de que la "población esté informaba para evitar que se la manipule".  "Una población informada de los riesgos es una población consciente de lo que podría pasar"- aseguró.
   Según el experto, "existe una problemática ambiental inducida por un Gobierno y una empresa privada" en Canarias y, aunque se disponga de la tecnología suficiente, "no se dispondrá del tiempo necesario para actuar en caso de un derrame petrolífero".
  "Canarias es un paraíso geológico y biológico del que disfruta buena parte del mundo, cualquier mínima fuga se convertiría en una noticia bomba para los medios de comunicación y el turismo se desviaría a otra parte"- añadió.
 "Es un problema - concluyó el geógrafo - que no sólo afectaría a las Islas Canarias, es un problema mundial.  Y no sólo en lo relativo al turismo, sino también a nivel ambiental y de biodiversidad".







ETA HA DESAPARECIDO, PERO EN EL PAÍS VASCO TODO SIGUE SIENDO ETA (VÍDEO REPORTAJE)

Macrojuicios colectivos en la Audiencia Nacional
Jueves, 31 de octubre de 2013
Por Ateak Ireki
 
        Pese a que han transcurrido dos años desde que ETA declarase el final de la lucha armada y que en el Pais Vasco se han dado importantes pasos para la resolución del conflicto y la consecución de la Paz, en la Audiencia Nacional española han comenzado dos macrojuicios de innegable carácter político.
         Casi 80 personas a las que se acusa de ser miembros o colaboradores de ETA se sientan en el banquillo de los acusados. Ateak Ireki recoge en este reportaje las impresiones de los jóvenes independentistas a quienes se acusa de ser miembros de la organización juvenil ya desaparecida Segi.
         En el juicio contra estas personas las declaraciones arrancadas en comisaría bajo la práctica de la tortura, según han denunciado los acusados, serán las principales pruebas de cargo contra ellas.
        Muchas de estas personas, tras ser arrestadas, han permanecido en prisión provisional y han pagado un total de 700.000 euros para poder recobrar su libertad. Ahora se enfrentan a un juicio y denuncian que el proceso judicial tiene grandes repercusiones en su vida diaria.
     Este castigo añadido que supone ser juzgado en la Audiencia Nacional provoca también incertidumbre entre los imputados.
         Las personas imputadas denuncian el carácter político de estos macrojuicios y subrayan el sinsentido de este tipo de procesos en el nuevo tiempo político que vive Euskal Herria.
VÍDEO REPORTAJE: #Libre Juicios del pasado para impedir el futuro












"HITLER NO ERA TAN MALO, MATÓ JUDÍOS, GAIS Y MINUSVÁLIDOS"

Las "enseñanzas" de un profesor de religión escocés a sus alumnos:
Jueves, 31 de octubre de 2013
De RT
El profesor de religión escocés defensor de las prácticas genocidas de los nazis
   El profesor de religión escocés David McNally ha sido apartado de la docencia tras defender en el instituto donde impartía clase la labor de asesinar "a judíos, gais y minusválidos" llevada a cabo por Hitler en los campos de concentración.
   "Hitler no era tan malo. Mató a los judíos, a los gais y a los minusválidos", afirmó McNally durante una clase que impartía a adolescentes en la Academia Kilwinning, en el condado escocés de Ayrshire, según recoge el diario británico 'Daily Record'.
 El Consejo General de Docencia de Escocia ha decidido inhabilitar a McNally para ejercer la docencia, argumentando que "no es apto" para la enseñanza.
   Siendo aparentemente el más grave, este no fue el único comentario polémico que McNally hizo delante de sus estudiantes el 1 de noviembre del año pasado. De hecho, no paró de hacer afirmaciones semejantes: le preguntó a uno de los estudiantes si había mantenido relaciones sexuales durante el fin de semana y afirmó que habría preferido trabajar como funcionario de prisiones o ser un corruptor de menores antes que profesor.
 Y la lista de declaraciones criticadas por alumnos y padres que hizo aquel día continúa. Algunos adolescentes señalaron que el maestro de religión dijo que le encantaba su teléfono móvil porque podía usarlo para ver pornografía.
   "Trabajo a media jornada en la casa de un niño en la que me han enseñado a fustigar con una toalla mojada sin dejar marcas", fue otro de los comentarios que hizo.
  Por su parte, la defensa de McNally no parece tener las cosas muy claras, ya que reconoció que el profesor fue autor de estas polémicas afirmaciones, pero alegando como justificación que las hizo "en sentido general" y en el trascurso de un día que fue "particularmente malo" para el docente.






LA CIA SE INSTALA DEFINITIVAMENTE EN EL PUERTO DE LAS PALMAS

El Gobierno español firma un acuerdo inédito con la USAID, una de sus tapaderas
Miércoles, 30 de octubre de 2013
Por Cristóbal García Vera - Canarias-semanal.org


     Con la recurrente coartada de la "ayuda" a los países subdesarrollados, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los EE.UU. ha logrado instalarse de forma permanente en la isla de Gran Canaria, a través de una de sus más activas tapaderas.  La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.  Más conocida por su acrónimo en inglés USAID.
        Hace ahora justamente un año alertábamos, desde las páginas de Canarias Semanal, acerca del desembarco de esta institución norteamericana en el Puerto de Las Palmas, desde donde había comenzado a controlar el envío de víveres al África occidental.  Una de las regiones en proceso de recolonización económica y militar que Washington se disputa actualmente con otras potencias occidentales y algunas emergentes como China.
       Desde esas fechas, los barcos que han partido desde el Puerto de la Luz hacia el vecino continente con alimentos lo han hecho - por expresa exigencia de la USAID - bajo bandera estadounidense.  La misma que acompaña los sacos de comida con los que la Administración Obama pretende incrementar la penetración de las multinacionales yanquis en países que, en algunos casos, están teniendo ritmos de crecimiento anual del 12 %.
   De esta forma, según reconocía un informe elaborado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, las Islas han "reforzado su papel como base estratégica para las empresas norteamericanas".
   Ahora, este factor "humanitario" de la estrategia del Imperio, que combina conforme a la coyuntura política la agresión o la amenaza militar, el chantaje, el bloqueo económico y la "colaboración" con los países que se muestran sumisos ante sus planes expansionistas, ha sido convenientemente apuntalado por uno de sus gobiernos vasallos más dóciles.
   El pasado 25 de octubre, el Ejecutivo Rajoy suscribía con la USAID un acuerdo que permitirá operar a los estadounidenses en el Puerto de la Luz durante todo un año.  El plazo, sin embargo, es prorrogable, y el propio Gobierno ultraconservador de Madrid ya ha anunciado que trabaja para que la Agencia continúe en Gran Canaria en los próximos ejercicios.
  "Estamos muy contentos y seguiremos trabajando con USAID siempre que ellos lo quieran así" -reconoció en este sentido Francisco Quesada, miembro del gabinete de la Secretaría General de Cooperación para el Desarrollo.
 PERO, ¿QUÉ ES REALMENTE LA USAID?

   La USAID, encargada de distribuir la mayor parte de la "ayuda" de carácter no-militar de los Estados Unidos, se define como un "organismo independiente" que, paradójicamente, no niega que recibe sus "directrices estratégicas" del Departamento de Estado para reforzar la política exterior de Washington.
   Por si el carácter de estas orientaciones no fuera suficientemente diáfano, las propias autoridades del organismo han llegado a reconocer también su apoyo y financiamiento a fuerzas políticas opositoras a los gobiernos "díscolos" de América Latina.

   Y es que la USAID no es conocida, precisamente, por luchar contra el hambre en el mundo, sino por actuar como un apéndice de la CIA, utilizando sus ingentes fondos para desestabilizar a los gobiernos rebeldes a los dictados de EE.UU. Esta Agencia comenzó a gestarse en la Oficina de Seguridad Pública (OPS), establecida en 1957 por el presidente Dwight Eisenhower para entrenar fuerzas policiales cipayas en otros países.  Pero fue en 1961 cuando John F. Kennedy la creó como entidad dedicada a la "ayuda humanitaria", convirtiéndose así en el organismo oficial destinado a operar en naciones con "inclinaciones antidemocráticas".  Es decir, en aquellas donde el dominio norteamericano pudiera verse cuestionado.
       Diversos investigadores han aportado suficientes datos contrastados sobre la forma en la que actúa la USAID en más de 100 países y, particularmente, acerca de sus operaciones en Latinoamérica.  Los propios documentos desclasificados de la CIA revelan que millones de dólares de su presupuesto se canalizan mediante esta agencia hacia una red de instituciones y grupos políticos que son utilizados para llevar a cabo acciones clandestinas.  A través de sus más de cien oficinas en naciones del llamado Tercer Mundo la USAID coopta a organizaciones privadas, grupos indígenas, asociaciones de profesionales, religiosas, etc., y subvenciona a grupos de "disidentes" al servicio de los intereses norteamericanos.  Mantiene, asimismo, relaciones con más de 3 mil 500 empresas y 300 organizaciones privadas de su propio país y otorga subsidios a pretendidas ONGs igualmente vinculadas a la CIA como Reporteros sin Fronteras.
   Solamente en Cuba, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha destinado más de 197 millones de dólares al financiamiento de grupos contrarrevolucionarios y diferentes programas de subversión.
        Con la arrogancia habitual de una elites que han asumido plenamente la doctrina del "destino manifiesto de 'América'", en diciembre de 2009 un alto funcionario de la USAID reconocía también, en declaraciones efectuadas a The New York Times, que la CIA utilizaba el nombre de esa Agencia para no aparecer directamente involucrada en la "donación" de fondos y el establecimiento de contratos.
   No puede caber ninguna duda, pues, acerca de la institución estadounidense "de ayuda" que, con el inexplicable silencio de las organizaciones de izquierda del Archipiélago, se ha instalado en Gran Canaria con la aparente pretensión de quedarse definitivamente en esta isla.








EL PP TUMBA LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA ACABAR CON LOS "AGUJEROS DEL SISTEMA FISCAL" Y QUE NO SEAN "LOS MENOS PUDIENTES LOS QUE FINANCIEN SOLOS LOS GRANDES SERVICIOS PÚBLICOS"

El diputado de IU y portavoz económico de IU, ICV-EUiA, CHA detalla en su intervención las medidas para intensificar la prevención y lucha contra el fraude fiscal y advierte de que si éstas no son hoy efectivas “es porque falta voluntad política para ponerlas en marcha”
España | Tercera Información | 31-10-2013 |
Intervención íntegra de Alberto Garzón en el Pleno del Congreso previa a la votación en la que la proposición no de ley fue rechaza con los votos en contra del Grupo Popular
Nuestro grupo trae en esta ocasión una proposición de ley sobre una materia de la que hemos tenido la oportunidad de debatir en numerosas ocasiones en esta Cámara. Podemos comenzar haciendo alusión a uno de los grandes escritores del siglo pasado, que afortunadamente todavía vive, Eduardo Galeano, que decía que muchas veces ‘la justicia es como las serpientes, que sólo muerde a los descalzos’. Precisamente porque esa visión de la justicia, injusta, esa visión según la cual la justicia sólo afecta a unos y, sin embargo, a otros ni los roza, es compensada, es anulada o directamente suprimida y sustituida por una justicia donde todos son iguales ante la ley, donde todos son iguales ante las consecuencias penales y consecuencias en última instancia jurídicas, es para lo que existen las instituciones, las normas jurídicas, las propias composiciones que la sociedad se va dando para corregir esas desigualdades o directamente suprimirlas.
Por eso consideramos tan importante el sistema fiscal y, por eso, consideramos enormemente peligrosos los agujeros que existen en el mismo. Eso es lo que nosotros intentamos venir a corregir humildemente con nuestra proposición de ley. Una proposición de ley que va al corazón del problema, al fraude fiscal y a sus fuentes, por las cuales se potencia en última instancia un empeoramiento de la desigualdad, de la lógica hacia la desigualdad inherente al sistema económico capitalista y su propia lógica.
Lo cierto es que nuestra Constitución de 1978 propugna o defiende, al menos en el ámbito teórico, un sistema fiscal progresivo, que viene a ser que los que más tienen más deben pagar no sólo para sufragar los servicios públicos -la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y otro tipo de servicios que tenemos por nuestra condición de ser ciudadanos-, sino porque también son elementos que salvaguardan la cohesión social y evitan el estallido social que hace que unos nos peguemos con otros. Eso es lo que le da una enorme importancia en el sentido de la filosofía política del mantenimiento de la cohesión social.
Sin embargo, lo cierto es que aunque eso aparezca formalmente en nuestra Constitución, en nuestra Constitución formal, en la práctica, de facto, llevamos muchas décadas viendo cómo el sistema fiscal se va convirtiendo cada vez más en un sistema absolutamente regresivo por la existencia de agujeros fiscales, por la existencia de fraude fiscal y por la existencia de leyes injustas; esas leyes injustas que tratan de forma diferente, como decía Galeano, a ‘los descalzos y a los que van bien indumentados’.
Esa es la realidad de nuestro sistema fiscal actual que, aunque sólo en la forma se promete a sí mismo como progresivo, en la práctica, de facto, es absolutamente regresivo y, al final, acabamos encontrándonos con una enorme paradoja, y es que los grandes servicios públicos, amenazados por esta crisis y por el modelo de sociedad propugnado por el neoliberalismo y por las prácticas privatizadoras, ese modelo de sociedad acaba siendo últimamente sólo defendido en términos económicos, sólo mantenido y sólo financiado por los menos pudientes, mientras que aquellos que más tienen encuentran siempre las formas para no tener que pagar.
Esos detalles no tienen por qué ser sólo delitos. Es decir, el fraude fiscal, que en nuestro país alcanza, según estimaciones, entre el 20% y el 25% de la economía, ese dinero que, evidentemente, no está fiscalizado y que no sirve para mantener el Estado del bienestar y los servicios públicos, es compatible desgraciadamente con leyes injustas y con agujeros legales.
Podemos poner un ejemplo muy claro. En este país se supone que las empresas tienen que pagar en torno a un 25% o un 30% de sus beneficios en materia de impuestos. En la práctica, las pequeñas empresas acaban pagando en torno al 24%, las grandes en torno al 18% y las multinacionales, con mayor capacidad para aprovechar las trampas legales, acaban pagando sólo un 10% de tipo efectivo medio. Esa desigualdad, que hace que en la práctica al final quien más tiene menos pague, es lo que se encuentra en el origen de los fallos estructurales del sistema fiscal que venimos a corregir, o a intentar corregir o a dar el primer paso para corregirlo definitivamente con esta proposición de ley.
La elusión fiscal y la evasión fiscal, grandes problemas de nuestra economía que no son en ningún modo afrontados sinceramente ni por el Gobierno de Rajoy ni por los gobiernos anteriores ni por las instituciones internacionales que siempre decoran sus discursos con retórica de lucha contra el fraude pero que luego, al final, lo que vemos son elementos como la tasa de reposición del 10% para los miembros de la Agencia Tributaria, que no es otra cosa que decir que de cada diez personas que se jubilan, nueve van a ver que su puesto no encuentra sustitución por otra persona y eso, en última instancia, son menos recursos para luchar contra el fraude. Esa es la política real del Gobierno del Partido Popular.
En este sentido, hablemos de fraude fiscal, pero hablemos del verdadero fraude fiscal, del que hacen las grandes empresas y las grandes fortunas, que son responsables, según los técnicos de Hacienda, de hasta el 75% de esa ingente cantidad de dinero defraudado al Estado. No de ese jornalero o de ese trabajador que finalmente está haciendo lo que puede por sobrevivir, por llegar a 400 o a 450 euros al mes y con el que el Estado sí es implacable. El Estado es implacable con esa persona que está intentando sobrevivir y, por el contrario, el Estado trata fabulosamente a los defraudadores fiscales, a esos criminales fiscales que son en última instancia, recordemos, los que acaban provocando los recortes en sanidad y en educación, y la falta de ingresos para mantener esas prestaciones sociales a un nivel digno. Sin embargo a ellos se les ofrecen procedimientos como la amnistía fiscal, procedimientos que son una ayuda clara y directamente explícita a aquellos que han delinquido contra el Estado, contra todos nosotros.
Por eso, nosotros estuvimos en contra de la amnistía fiscal, pero además creemos que hay que reformular muchos aspectos que tienen que ver con la misma. En esta proposición de ley intentamos endurecer las posibilidades que tenga el Gobierno para aplicar una nueva amnistía fiscal. Proponemos que haya que aprobarlo por una ley orgánica; proponemos también que el delito fiscal no prescriba tan pronto, que prescriba más allá de los diez años cuando a día de hoy esta aproximadamente en cuatro años, algo a lo que desgraciadamente hemos estado acostumbrados cuando hemos visto todos los casos de presunta financiación ilegal de diferentes partidos políticos en nuestro Estado. Creemos que hay que endurecer esas penas, esas sanciones contra aquellos que atentan directamente contra las finanzas públicas.
Por eso nos parece muy importante que reconozcamos que desgraciadamente muchos avances en la lucha contra el fraude fiscal, avances pequeños, ligeros, se han conseguido por métodos que no son los procedimentales, como puede ser la declaración de determinadas personas como el economista Falciani que, eludiendo la ley, fue el responsable de dar a la luz los nombres de determinadas personalidades, de grandes fortunas, de grandes empresas que habían eludido la ley y que habían atracado y saqueado las finanzas de todos nosotros y nosotras. Pero fue a través de esos procedimientos extraños, ajenos a la normativa jurídica, por los cuales hemos podido conocer, al menos el Gobierno, los nombres de algunas personas que han estafado al resto de sus conciudadanos.
Por eso proponemos también en esta proposición de ley que haya transparencia, que se sepa quiénes son los que se han acogido a la amnistía fiscal, que se sepa quiénes son los que durante tanto tiempo han estado mermando las arcas públicas y beneficiándose de la gran capacidad adquisitiva, la gran capacidad de tienen para contratar a determinados técnicos para hacer actividades en algunos casos delictivas, como la elusión fiscal.
Recordemos -insistimos, esto es preocupante- que es legal hacer determinados procesos como las transferencias de precios que hacen las grandes compañías y que al final también consiguen evitar el pago de impuestos. Las sanciones son importantísimas porque en cualquier juego hace falta un palo y una zanahoria, no solo la zanahoria como hacen el señor Montoro y este Gobierno. Esa transparencia es necesaria aunque, recordamos, nosotros estamos absolutamente en contra de procedimientos como la amnistía fiscal, porque no solo es una cuestión que no funciona en el ámbito autonómico, no es solo que ni siquiera se haya podido recaudar lo que el Partido Popular decía cuando la aprobó a bombo y platillo, sino que además es moralmente injusta e intolerable.
Vayamos un poquito más allá: en esta proposición de ley también proponemos limitar y acabar con los pagos en efectivo, porque es en los pagos en efectivo -nosotros proponemos que se limiten hasta los 1.000 euros- donde se fraguan habitualmente los procesos de corrupción pública, y no solo los procesos de corrupción sino todo tipo de procesos delictivos que incluyen el narcotráfico o la trata de personas; estos procesos se hacen finalmente sobre todo en efectivo. Nosotros hemos acompañado habitualmente esto -lo saben los miembros de esta Cámara- de la sugerencia de que el Gobierno exija a las instituciones europeas, particularmente al Banco Central Europeo, el cambio de color de los billetes de 500 euros. Esta simple medida, que puede parecer anecdótica, sacaría a la luz grandes cantidades de dinero que sirven para engrasar las actividades corruptas. Simplemente esta actividad, que no lleva apenas coste asociado, podría poner en marcha un proceso de emergencia, podría hacer surgir desde la oscuridad y las cloacas de los delitos grandes cantidades de dinero. Esto no solo tendría ánimo recaudatorio sino que además permitiría poner bien claro quiénes han sido los delincuentes, sancionarlos y tomar responsabilidades políticas importantes. Pasaríamos de la ‘política del sobre’ a una política de amplia fiscalización de cualquier transferencia.
No podemos dejar de citar que en esta proposición de ley incluimos de nuevo una crítica absoluta y feroz contra los paraísos fiscales, porque en un contexto como el actual, en el que se acepta acríticamente por parte del Gobierno toda política que proviene de la troika, toda política que proviene de las instituciones internacionales, es bastante extraño que la troika utilice la retórica contra los paraísos fiscales pero no proponga ninguna medida importante y beligerante contra los paraísos fiscales como pueden ser Gibraltar, Luxemburgo o Andorra.
Más allá de la simple retórica, insistimos, lo cierto es que no se ha avanzado absolutamente nada en esa tarea, y determinados territorios jurídicos, como puede ser Gibraltar con 30.000 habitantes y 80.000 empresas, son el pulmón de la corrupción, del narcotráfico, de los pelotazos o de cualquier otro proceso de este tipo que no solo son inmorales sino que además han mermado las arcas públicas.
Son propuestas que van en esta proposición de ley y que esperamos que el Gobierno pueda tenerlas a bien, porque se trata de propuestas técnicas que se pueden poner en marcha mañana mismo. Mañana mismo se pueden poner en marcha estas propuestas, evitar los recortes que se están haciendo en estos últimos años y ayudar a construir una sociedad más justa. Desgraciadamente, sabemos que hemos debatido este tema en muchas ocasiones en esta Cámara, y sabemos también que el Partido Popular se ha negado siempre a tener en consideración las propuestas contra el fraude fiscal de otros grupos. Entendemos que ese es un camino hacia el suicidio y que puede ser compatible con el modelo de sociedad que quiere construir el Partido Popular, pero que no es compatible con el modelo de sociedad que queremos construir nosotros.
Así que, aunque sólo sea por esfuerzo pedagógico hacia la ciudadanía, consideramos importantísimo que existan proposiciones de ley como la nuestra o las que otros grupos han presentado, y que pongan de relieve que si la lucha contra el fraude fiscal no es efectiva, si no es eficiente, no es porque sea inevitable, es porque falta voluntad política para ponerla en marcha. Muchísimas gracias.



¿ASPIRA CHINA A CONQUISTAR EL MUNDO?

Artículos de Opinión | RT | 31-10-2013 |

Este año los inversores chinos vienen comprando activamente bienes raíces en las ciudades más grandes y más atractivas del mundo, en particular en EE.UU. ¿Aspira China a conquistar el mundo?
Según ‘The Wall Street Journal’ en los últimos años, los inversores del gigante asiático lograron obtener grandes ganancias en China y ahora buscan activos seguros en el extranjero con un ingreso estable, moviendo para ellos sus fondos del caro mercado inmobiliario de China a Manhattan o San Francisco.
“China ya no crece a la misma velocidad, por lo que las empresas buscan otros mercados para complementar el crecimiento”, comenta Marc Giuffrida, director ejecutivo en la empresa de servicios de bienes raíces CBRE, subrayando que los inversores buscan conseguir una mayor estabilidad, transparencia y liquidez.
Las compañías chinas han invertido 7.700 millones de dólares en bienes raíces comerciales y residenciales en el extranjero en los tres primeros trimestres de 2013, un 46% más que en 2012 y tres veces más que en 2011.
La semana pasada la compañía de Shanghái Fosun Internacional anunció la compra del edificio de oficinas en Wall Street conocido como One Chase Manhattan Plaza por 725 millones de dólares.
El empresario de Shanghái David Li, que es dueño de más de una docena de apartamentos en China, compró tres en San Francisco en 2011 por 1 millón de dólares. Desde entonces los precios han subido un 30% y el rendimiento fue del 6%, admite Li. Ahora el empresario quiere invertir más en el sector inmobiliario de EE.UU. y va adquirir un hogar de ancianos por 1,5 millones de dólares cerca de Chinatown, en San Francisco.
Las ambiciosas empresas chinas tratan de convertir literalmente los mercados de Londres y de Nueva York en mercados donde los chinos dictan sus reglas. Rascacielos al estilo chino están apareciendo en las áreas anteriormente de baja densidad en Reino Unido y Australia. El promotor inmobiliario comercial Dalian Wanda Group ha invertido 1.000 millones de dólares para poner en marcha un hotel de lujo en Londres que será el más alto de Europa occidental.
El dinero chino está fluyendo a áreas con alta concentración de inmigrantes chinos como Sídney, Melbourne, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y Londres.




ORGANIZACIONES ESPAÑOLAS PIDEN EXPLICACIONES SOBRE EL PROYECTO CASTOR A LA COMISIÓN EUROPEA

En una carta abierta entregada ayer. La plataforma de almacenamiento fue el primer proyecto de infraestructura financiado por la "Europe 2020 Project Bond Initiative"
España | Tercera Información | 31-10-2013 |
Organizaciones han enviado ayer una carta abierta al Banco Europeo de Inversiones ( BEI ) y la Comisión Europea ( CE) cuestionando el Proyecto Castor, financiado por una iniciativa de ambas instituciones. En la carta se destaca el impacto para el Medio Ambiente y para la seguridad pública que supone el proyecto y se advierte sobre los muy posibles costes que los contribuyentes tendrán que asumir con su cierre. Advierte sobre el peligro de arriesgar más dinero público en iniciativas empresariales blindadas frente al fracaso.
La carta, entregada hoy en Barcelona, pide “clarificaciones institucionales” sobre los intereses financieros y la financiación del proyecto. Un total de 14 organizaciones, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, figuran entre las firmantes.
El coste del Proyecto Castor de almacenamiento de gas está cuantificado en 1.634 millones de euros de inversiones y se trata del primer proyecto financiado por la Iniciativa de Bonos para Proyectos Europa 2020, un mecanismo financiero destinado a captar fondos de los mercados financieros para generar beneficios privados con grandes proyectos de infraestructura [2]. Se caracteriza por usar fondos públicos para garantizar la rentabilidad o aumentar la atracción en forma de productos como garantías o préstamos, para crear condiciones más favorables a la participación privada
La construcción del almacén de gas natural se enmarca dentro del plan de estimular los mercados de capitales para financiar grandes proyectos de infraestructuras (mediante bonos proyecto – conocida como “Europe 2020 Project Bond Initiative”) con el fin de crear nuevos activos financieros con los que la industria financiera puede especular y crear beneficios privados, al tiempo de comprometer a los Estados miembro de la UE a garantizar la puesta en marcha y el funcionamiento de estas infraestructuras.
El instrumento se puso en marcha este verano [3] y fue aclamado como un éxito después de lograr una emisión de deuda de 1.434 millones de euros en los mercados financieros de los cuales EUR 300 millones vinieron del BEI a través de la compra directa de bonos. El BEI aprobó además una línea de crédito de 200 millones más para dar liquidez adicional a los inversores (ACS y Dundee Energy).
Pero el proyecto tuvo que ser detenido después de la serie sísmica que dio lugar a 600 mini-terremotos, alcanzando 4,2 grados en la escala de Richter. Los firmantes de la carta exigen el cierre y desmantelamiento permanente del proyecto.
En caso de que el proyecto se cierre, los contribuyentes españoles deberán asumir muy posiblemente el costo del proyecto en forma de deuda pública ya que el contrato con la empresa incluye una cláusula por la que el estado español está obligado a hacerse cargo del valor neto de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo, del operador del proyecto [4]. El gobierno intervino ante el Tribunal Supremo en un intento de eliminar esta cláusula, pero su solicitud fue rechazada recientemente.
"La iniciativa Bonos Proyectos Europa 2020 se ha promovido como una forma irresponsable y cortoplacista para financiar grandes proyectos de infraestructura pero a la hora de la verdad, los riesgos del proyecto Castor son asumidos plenamente por las arcas públicas , que ya están bajo presión extrema debido al rescate bancario y el endeudamiento público por las nefastas políticas económicas y financieras del Gobierno y de la UE. Al final, será nuevamente la ciudadanía quien pagará este coste inútil que incrementará la deuda ilegítima española La vieja historia con la que estamos tristemente familiarizados desde el inicio de la crisis ", dice Mònica Guiteras del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG).
"Venimos denunciando los riesgos ambientales y de salud para la población desde hace años. La serie de terremotos en una zona que cuenta con tres centrales nucleares y los riesgos denunciados de fugas de gas prueban que nuestras preocupaciones son reales¨ , dice Tom Kucharz de Ecologistas en Acción . "Nuestra pregunta a la instituciones europeas es “¿cómo pueden -en tiempos de recortes sociales y políticas de “austeridad”, seguir gastando ingentes cantidades de dinero público en grandes infraestructuras inútiles y en contra del interés de las mayorías de la población?
Elena Gerebizza, experta en financiamiento de infraestructuras por la organización italiana Re:Common y miembro de la plataforma europea CounterBalance: "Hemos estado advirtiendo de los riesgos financieros relacionados con la Iniciativa de Bonos Proyectos Europa 2020 desde que se lanzó la idea. Mecanismos como éstos no son beneficiosos para el interés público, ya que están especialmente diseñados para utilizar fondos públicos con el fin de limitar el riesgo de los inversores privados y proporcionar capital barato para el prestatario. El proyecto Castor demuestra que cuando las cosas van mal, serán los ciudadanos de la UE quienes toman el riesgo. Tememos escenarios similares para otros proyectos que serán financiados a través de la Iniciativa Europe 2020 Project Bonds[5]. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones para detener la fase piloto de la Iniciativa Proyecto Bond y cancelar este tipo de mecanismos.
Foto entrega carta al representante de la Comisión Europea en Cataluña : https://picasaweb.google.com/catalu...
Notas para los editores
[1] Lea la carta abierta completa aquí : http://www.ecologistasenaccion.org/...
[2] La Iniciativa Proyecto Bond funciona como un mecanismo de mejora crediticia de los bonos de un proyecto. Al ofrecer la garantía del BEI es capaz de mejorar la calificación crediticia de los bonos mal valorados con el objetivo de atraer a más inversores institucionales y reducir el ratio al que el promotor puede emitir deuda.
[3] Watercraft Capital S.A es la sociedad que se estableció en Luxemburgo con el propósito de emitir los bonos para refinanciar el proyecto Castor.
[4] - El operador del Proyecto Castor es Escal UGS, propiedad de ACS de España y Dundee Energy del Canadá.
[5]Varios proyectos de transporte y energía están en la polémica lista de proyectos de interés común que fue lanzada por la Comisión la semana pasada y que se prevén financiar mediante la Europe 2020 Project Bond Initiative







DENUNCIAN MÁS “CONTROL” GUBERNAMENTAL DE RTVE

La organización internacional OSF propone un órgano regulador del audiovisual independiente, transparencia en la concesión de licencias y publicidad institucional y mejorar las condiciones de trabajo de los periodistas.
España | Tercera Información/FESP | 31-10-2013 |

Un informe sobre los medios digitales y el periodismo en España, realizado por la Open Society Foundations (OSF) en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ha denunciado que desde el año 2012, tras la llegada del PP al Gobierno, RTVE es menos independiente que en la legislatura anterior, existe más control gubernamental sobre sus espacios informativos y, además, con la llegada de la TDT existe menos pluralismo en las cadenas privadas.
Según este informe, los cambios legislativos aprobados durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero configuraron a Radio Televisión Española como “un servicio público con más legitimidad y más independencia”, pero posteriormente ha perdido independencia al aumentar el control gubernamental, reducir la aportación financiera del Estado y eliminar la obligación legal de que el presidente y el Consejo de Administración sean elegido por dos tercios del Congreso de los Diputados y baste con la mayoría simple..
El informe, cuyo trabajo de investigación ha sido dirigido por el profesor de la UAB Carles Llorens, ha sido presentado en Madrid. En él se denuncian muchas carencias del sector audiovisual español y se hacen unas recomendaciones para mejorar la situación actual, entre ellas las siguientes:
  • - Más participación de la sociedad civil en el desarrollo de las políticas de comunicación, mediante consultas públicas.
  • - Transparencia sobre los propietarios de los medios de comunicación y la concentración de los mismos.
  • - A corto plazo, cambiar la ley para que los miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no sean elegidos por el Gobierno y se garantice su independencia. Posteriormente, crear un órgano regulador del audiovisual independiente del Ejecutivo ty de otros organismos.
  • - Transparencia en la concesión de licencias de radio y televisión por el Gobierno central y los autonómicos.
  • - Transparencia en la concesión de la publicidad institucional.
  • - Volver al sistema de elección del presidente y el Consejo de Administración de RTVE por una mayoría cualificada de dos tercios del Parlamento.
  • - Mejorar las condiciones de trabajo de los periodistas mediante inspecciones de Trabajo más efectivas, establecer “numerus clausus” en las facultades de Periodismo y Comunicación ante la saturación del mercado laboral, cursos de formación especializada y calidad del periodismo, fijar unas tarifas mínimas para los trabajos de profesionales autónomos y realizar campañas para promocionar la afiliación a los sindicatos.





REFORMAS CONSTITUCIONALES, LAS QUE SEAN NECESARIAS, PERO, SOBRE TODO CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN

Cándido Marquesán Millán | Profesor de Secundaria. Zaragoza
nuevatribuna.es | 30 Octubre 2013 - 19:28 h.

Una de las cuestiones de actualidad a nivel político, social y mediático es la conveniencia de una reforma de nuestra Carta Magna, ya que el proceso de su elaboración estuvo supervisado por determinados poderes fácticos anclados con la dictadura, que impusieron determinadas limitaciones.
Según Gerardo Pisarello, hubo al menos tres instituciones que quedaron fuera de toda discusión y que condicionarán su desarrollo  posterior. Una fue la monarquía –especialmente blindada frente a eventuales reformas por el artículo 168, que para su revisión o eliminación se requiere aprobación por 2/3 de ambas Cámaras y disolución de las Cortes; las nuevas Cámaras deberán ratificar y estudiar la revisión por 2/3, y posteriormente referéndum. Es una realidad asumida por buena parte de la sociedad el plantear ya la cuestión: Monarquía o República.
Otra fue la Iglesia Católica, a la que se le reconocieron sus intereses básicos en materia educativa (artículo 27) y la renuncia al reconocimiento del carácter laico –y no simplemente aconfesional– del Estado (artículo 16.3), aunque la aconfesionalidad se incumple  ya que en dicho artículo “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica (IC) y las demás confesiones”.  Un Estado aconfesional no debe hacer una cita expresa a una religión concreta, ya que esto significa privilegiarla sobre las demás e incumplir el artículo 14 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda haber discriminación alguna ni por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión…” Pero esta situación privilegiada de la (IC), también se plasmó en los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Tantas concesiones hechas a la (IC), la historiografía de la Transición las explica porque una Iglesia en contra, hubiera hecho más difícil la llegada de la democracia.
Y la tercera, la explícita atribución al Ejército de la tutela de la “integridad territorial” y del propio “orden constitucional” (artículo 8), con un doble objetivo. Por una parte, sancionar el olvido de los crímenes franquistas. Por otro, convertir a la jerarquía militar en guardiana de la “indisoluble unidad de la Nación española” y en factor disuasorio frente a las reivindicaciones de autonomía de las “nacionalidades y regiones”. Obviamente este artículo (art. 8) no es de recibo en los momentos actuales. Por otra parte, además debería modificarse para reconocer el hecho plurinacional en el Reino de España el art. 2. que especifica   : La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Este artículo no fue producto del consenso entre los diferentes miembros de la ponencia que redactó la Constitución; muy al contrario, se debió a una imposición extraparlamentaria, casi con toda seguridad de origen militar. Su redacción no se debió al lógico devenir de la actividad parlamentaria y sí a la imposición de fuerzas ajenas al mismo. Esta circunstancia la cuenta con todo tipo de detalles Jordi Solé Turá, uno de los padres de nuestra Constitución. l ya en 1985 en su libro Nacionalidades y Nacionalismos en España, de Alianza Editorial, en las páginas 99-102.
Existen otras cuestiones que se deberían abordar en una posible reforma constitucional: le estructura , composición y funcionamiento del Senado para que fuera una cámara de auténtica representación territorial, una definición clara de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las que se dejase muy clara la financiación de las CCAA, y no dejarla al albur, de la fuerza política coyuntural de algún partido nacionalista, que pretende modificarla a su favor, cuando sus votos los necesitan para gobernar los dos grandes partidos.
Además de reformas constitucionales comentadas, en otros aspectos  nuestra Carta Magna no habría que  cambiarla, sino aplicarla y  cumplirla, como dijo hace ya tiempo Elías Díaz. Tomarla por entero, toda ella y de verdad. Y a partir de ahí producir la consecuente legislación y también jurisdicción. Desde el Derecho se puede cambiar la realidad social.  Nuestra Constitución está situada a la izquierda de la realidad; de esa realidad impuesta desde los poderes financieros transnacionales. Se redactó antes de la revolución conservadora de Thatcher y Reagan, por ello está todavía impregnada ideológicamente del pacto suscrito después de la II Guerra Mundial entre socialdemócratas y democristianos, que originó el Estado de bienestar. En el ámbito socio-económico es una Constitución socialdemócrata. Sólo desde este contexto puede entenderse su artículo 1.1, “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho… “ Palabras que no son huecas. Aquellos Estados que constitucionalmente se proclaman “sociales”  tienen una cláusula social transformadora, reconocen una serie de derechos económicos y sociales y regulan el proceso productivo. La cláusula transformadora está reflejada en el art. 9.2: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad sean reales y efectivas…En cuanto a los derechos socio-económicos están los derechos de huelga y libertad sindical, al trabajo, a la protección de la salud, a la cultura, a una vivienda digna, a un medio ambiente adecuado. En cuanto a la regulación del proceso productivo aparece recogido en los principios rectores de la política social y económica del capítulo III del Título I y en la Economía y Hacienda del Título VII.
Existen en nuestra Constitución todo un conjunto de artículos que establecen derechos fundamentales, que si se aplicasen, se producirían cambios profundos, que servirían para “establecer una sociedad democrática avanzada”, tal como aparece en el Preámbulo. Además,  en el art. 9.2  “Corresponde a los poderes públicos ... facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Esta participación es la mejor definición de la democracia, entendida, tal como señala Elías Díaz, en una vía doble: participación en la toma de decisiones políticas y jurídicas, y participación en los resultados, derechos, libertades y satisfacción de legítimas necesidades. La primera vía cegada,  al negarnos  a los ciudadanos el referéndum en cuestiones que afectan al Estado social y democrático de Derecho, como la reforma de las pensiones.  En cuanto a la segunda, la de los resultados, en libertades y en efectivo reconocimiento de derechos y, de manera especial, en derechos sociales, económicos y culturales recogidos en nuestro texto constitucional, se nos está negando también, al ser incumplido. La existencia de tales carencias socioeconómicas, vienen generadas por la negación, el incumplimiento o el falseamiento de nuestra Constitución, es decir, por la negación y violación de nuestro Estado social y democrático de Derecho.
Como conclusión, reformas constitucionales, como mínimo las comentadas, pero no de carácter restrictivo como la del artículo 135. Pero, sobre todo, cumplimiento de la Constitución.








UN AÑO DE MOVILIZACIONES EN LA SANIDAD MADRILEÑA


Sergio Fernández Ruiz | Vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
nuevatribuna.es | 30 Octubre 2013 - 13:55 h.
Hace ahora un año que se iniciaron las movilizaciones en la Sanidad Pública de Madrid en respuesta al anuncio de la Consejería de Sanidad del denominado por el Gobierno del PP como “Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la comunidad de Madrid” y que, en realidad, bajo este titulo eufemístico encubría el mayor embate privatizador de la Sanidad Pública madrileña, que el PP madrileño denominaba con un término que ni siquiera esta en el diccionario “externalizaciones”.
La réplica, conviene recordarlo, se inicio en el hospital de La Princesa y se generalizó posteriormente a toda la red de hospitales y centros de salud de la Comunidad, con una respuesta masiva y unitaria de trabajadoras de la Sanidad y ciudadanía, que no se había producido nunca antes. Seguramente, fue esta implicación entre los profesionales y la población lo que ha favorecido la fuerza y la persistencia de las movilizaciones, que continúan, un año después.
No debemos olvidar que las movilizaciones han tenido resultados muy positivos: se paralizo la conversión del Hospital de La Princesa y del Instituto Carlos III en geriátricos, aunque las competencias, funciones y servicios de este último hospital pasan a depender de la Dirección Gerencia del hospital La Paz; la supresión de los laboratorios, el freno en la privatización de los Centros de Salud  de Atención Primaria (a pesar de que la Consejería de Sanidad ya había rebajado el objetivo de 27 centros de salud privatizables a solo 4) y, por fin, está paralizado por lo juzgados el proceso de privatización total de los 6 Hospitales (centros semiprivados) y los centros de especialidades dependientes de ellos (incluidos los Centros de Salud Mental), porque el seudoconcurso privatizador estaba lleno de irregularidades y por la propia presión social y profesional. Porque es evidente que, probablemente, el mayor éxito  de las movilizaciones ha sido la “hegemonía social”, es decir, el convencimiento que hoy tienen la inmensa mayoría de la población y de los profesionales madrileños de que la privatización de la Sanidad es profundamente negativa para la calidad de la atención sanitaria y que sólo responde a intereses personales y empresariales espurios.
Con todo, no hay que ser triunfalistas y recordar que una parte del Plan se ha llevado a cabo: se cerró el Instituto cardiológico, se eliminaron 27 categorías profesionales, se realizo la jubilación forzosa de los mayores de 65 años, y, sobre todo, se ha seguido una línea continuada de recortes (cierres de camas, infrautilización de quirófanos, de consultas de tarde, disminuciones de personal de todas las categorías, etc.) que han producido un incremento notable de las listas de espera de todo tipo (de consultas externas, de pruebas diagnósticas, de intervenciones quirúrgicas, etc.), es decir, de una manera mas lenta y solapada se continúa con la privatización, el deterioro y desmantelamiento de la Sanidad Pública.
Por supuesto, también debemos tener claro que sin la respuesta social y profesional ahora estaríamos muchísimo peor y que la Sanidad madrileña habría recibido golpes de difícil recuperación.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está jugando la baza de alargar el conflicto con la esperanza de que el tiempo irá haciendo mella en el ánimo de los implicados que, a la postre, acabarían asumiendo que no hay otra salida que la resignación. Sin embargo, los cálculos no les están saliendo porque, a pesar del lógico cansancio, las movilizaciones continúan con fuerza, puesto que somos conscientes de que los problemas de fondo no se han resuelto, las agresiones no han disminuido y la cercanía, cada vez mayor,  de las elecciones, incrementa la capacidad de presión.










“A LOS DE LA ‘MAREA VERDE’ NI CASO, A LOS DE NEGRO, A LOS DE LA ANTIGUA SOTANA, BIEN FIRMES SE COLOCAN”, REPROCHA SORAYA RODRÍGUEZ

Tras tener conocimiento de que el Gobierno del PP se plantea una enmienda en el Senado para implantar la religión obligatoria en el Bachillerato.
nuevatribuna.es | 30 Octubre 2013 - 18:06 h.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, ha acusado que el PP a los hombres y mujeres de la ‘marea verde’ no les hace ni caso, mientras que con “los de negro, a los de la antigua sotana, bien firmes se colocan”, tras tener conocimiento de que el Gobierno del PP se plantea una enmienda en el Senado para implantar la religión obligatoria en el Bachillerato.
La portavoz socialista ha censurado que el PP no ha admitido una sola enmienda de la oposición, en un proyecto de ley que “no es la ley Wert. Es la ley del PP, la ley de Rajoy, una ley de partido y no una ley de país”.
Ha dicho que va contra la educación pública y contra la igualdad de oportunidades, precedida de enormes recortes en el sector educativo y con menos profesores en los colegios, más alumnos en las clases y menos medios para profesores de apoyo. Ha augurado que “cuando un alumno con dificultades sociales, educativas, no tiene apoyo y se le expulsa del colegio, habrá mayor fracaso educativo”.
La responsable socialista ha denunciado que el PP ha presentado esta ley como inevitable y que han pretendido decir que el sistema educativo es muy malo. “Han tergiversado los datos”, ha dicho. “En 1978, en el inicio de la democracia, el 25% de los españoles eran analfabetos funcionales, mientras que en 2010, universitarios. En una sola generación, con las leyes educativas del PSOE, hemos pasado de padres sin estudios y pocos recursos a hijos universitarios. Por tanto el sistema no es tan malo. Necesita reformas, pero no éstas”.
Rodríguez ha recordado que contra este proyecto de ley se han manifestado todos los sindicatos, los alumnos, los padres, los profesores. “Han convocado dos huelgas y en todos los niveles, desde la primaria hasta la educación universitaria”.








LOS SINDICATOS SÍ IMPORTAN

Por Mohamed Haidour | Un estado con sindicatos maniatados o con sindicatos perseguidos, no es un estado democrático, no es un estado libre, no es un estado de derecho.
nuevatribuna.es | Mohamed Haidour | 30 Octubre 2013 - 18:58 h.
Foto: Prudencio Morales
El grado de libertad y de democracia de un país se mide también por la independencia y la fortaleza de sus organizaciones sindicales
La ofensiva sin cuartel orquestada por la derechona y sus voceros mediáticos contra el movimiento sindical pretende dejarle fuera de juego, para, agazapados tras la crisis, proseguir con su embestida reaccionaria a la conquista de sus objetivos estratégicos: vaciar de contenido los logros laborales y acabar con los derechos históricos conquistados tras largos años de lucha y padecimientos, teñidos con la sangre y el sudor de los trabajadores.
Sería ingenuo pensar que dicha ofensiva no ha hecho o no está haciendo mella en las clases populares. Cómo no va a hacer mella cuando son ellos los que sufren más directa e intensamente  los efectos de la crisis.  Lo que llama la atención, lo que es difícil de digerir, es la existencia de sectores que se autodefinen próximos a los movimientos sociales, incluso los más próximos, que pregonan ser la vanguardia de la lucha contra las agresiones a los trabajadores y los mejores defensores de sus conquistas políticas y sociales, y caen a pie juntillas en la trampa de desviar la atención, de equivocarse de enemigo, dirigiendo sus ataques hacia los sindicatos en vez de hacerlo contra los verdaderos causantes de la crisis y los que hoy perpetran, a su sombra, la mayor agresión desde la época de la dictadura franquista contra los derechos de los ciudadanos y sus legítimos representantes.
Cuando hace más de veinte años salí de Marruecos para buscarme la vida, tenía como referencia a una organización sindical de este país, tenía un lugar a donde acudir para encontrar apoyo y orientación sindical para afrontar los retos que supone buscar un trabajo digno y con derechos en un país ajeno, en el que la precariedad y la explotación laboral eran el pan de cada día para los recién llegados y para muchos trabajadores autóctonos.
Esa referencia, que supera la barrera de las fronteras geográficas y culturales, arraigada en la actividad desarrollada por los sindicatos, no sólo en su papel de contrapoder ante la administración y los empresarios, sino también en la continuidad de una trayectoria enraizada en la lucha por la libertad, la democracia y la justicia. Bases en las que se sustentó la lucha por la igualdad, contra el racismo y la xenofobia, dando con ello más sentido, más motivos  para que las organizaciones sindicales mayoritarias de este país fueran y sigan siendo un referente de primer orden en la protección de los derechos de los más vulnerables y los más necesitados.
Es muy importante que esto quede claro y subrayado para los unos y los otros tal cómo quedó patente en un reciente artículo de Juan Torres, y sobre todo en el libro de Antonio Baylos titulado: ¿Para qué sirve un sindicato?  
El sindicalismo se ha conjugado con la libertad política fundamental en todas las constituciones democráticas y ha sido reconocido como uno de los derechos universales más notables en los tratados internacionales y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El sindicato no sólo defiende y representa a los trabajadores como individuos sino como clase social. Esta crisis económica es un episodio más de esa lucha de clases donde los empresarios y, sobre todo, el capital financiero, así como algunos gobiernos cómplices buscan cotas de mayor poder político y económico a costa y contra los trabajadores, pretendiendo para ello resquebrajar, separar, a los trabajadores de sus organizaciones sindicales.
No es ninguna novedad la desafección y la animadversión hacía los sindicatos y  los partidos políticos particularmente de izquierdas, pero somos los trabajadores los primeros en reconocer que el sindicalismo tiene la obligación de auto renovarse y regenerarse ante nuevas realidades económicas, políticas y sociales. Las carencias en las respuestas que se proponen hoy desde el sindicalismo son evidentes. Esta constatación requiere necesariamente una autocrítica real, profunda, que propicie un análisis de la situación política, social y económica más ajustado a la realidad, que plantee en primer plano las necesidades de las clases populares y que conduzca a adecuar los instrumentos disponibles para salvaguardar los derechos de los trabajadores y más aun, para salvaguardar el sindicalismo,  y a los propios sindicatos, para afianzarlos en la tarea de velar por las conquistas sociales y consolidarlos como elemento de transformación y de contrapeso a los otros poderes que apuestan por la injusticia y la desigualdad.
La embestida contra los sindicatos es directamente proporcional al grado de democracia real que existe en cada país. Existen muchísimos lugares donde la dedicación a las tareas sindicales es todavía sinónimo de persecución, de cárcel y de aniquilación física.
En los países llamados desarrollados esa embestida de los sectores dominantes, se traduce en orquestar las sospechas, intrigar y esparcir la mierda procurando manchar a todos los sectores progresistas y engañar a la opinión pública, generalizando y confundiendo algunas conductas individuales condenables, con el meritorio y loable papel que las organizaciones sindicales han jugado y siguen jugando, no sólo en favor de los trabajadores sino en tanto que valederos y garantes del propio sistema democrático.         
Las dictaduras no permiten sindicatos que no sean prolongación de sus propias estructuras de opresión, que no formen parte de sus instrumentos de poder. El grado de libertad y de democracia de un país se mide también por la independencia y la fortaleza de sus organizaciones sindicales. Un estado con sindicatos maniatados o con sindicatos perseguidos, no es un estado democrático, no es un estado libre, no es un estado de derecho.