jueves, 1 de noviembre de 2012

EL GOBIERNO DEL PP, APRUEBA EL REGLAMENTO QUE ABRE LAS PUERTAS A LOS DESPIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN



LA ESPADA DE DAMOCLES PENDE SOBRE 840.000 EMPLEADOS PÚBLICOS
Por A. Inglott - Canarias Semanal

       El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobaba el nuevo Reglamento de Despido Colectivo, que permite el despido masivo de empleados públicos "por causas económicas y de producción". De esta forma, el Ejecutivo Rajoy desarrollaba la disposición incluida en la última reforma laboral para abrir las puertas a la aplicación de Expedientes de Regulación de Empleo en las administraciones públicas. Algo que, según coinciden en señalar analistas de las más diversas tendencias, comenzará a suceder de manera inmediata.

   El reglamento afecta al colectivo conocido como personal laboral contratado, unos 700.000 empleados, según el Ministerio de Administraciones Públicas, y a los asalariados de empresas con más del 50% del capital público, un grupo de unos 140.000 empleados. Es decir,  un total de 840.000 trabajadores que se sumarán a quienes ya tenían la espada de Damocles del despido permanentemente sobre sus cabezas.

 Este lunes 31 de octubre, el  Área Pública de CC.OO.-Canarias se pronunciaba contundentemente en contra del nuevo reglamento. "El despido masivo de trabajadores del ámbito público - afirman desde este sindicato - aumentará el porcentaje de desempleo, elevándolo a cifras socialmente inadmisibles. De hecho por primera vez la destrucción de empleo público a nivel de estado supera a la que se produce en el sector privado".

 "EL REGLAMENTO ES INCLUSO PEOR DE LO ESPERADO"

   Tanto Comisiones Obreras como  UGT denuncian que el reglamento aprobado finalmente por el Gobierno es incluso peor de lo esperado en base a los primeros borradores a los que habían tenido acceso.

   "Mientras en verano el borrador permitía los despidos si las administraciones u organismos públicos tenían una reducción de su presupuesto del 10 %  -advierten-, ahora se rebaja ese criterio al 5 % anual".

   Para José López  -secretario general de FSP-UGT Murcia - la inseguridad de los 840.000 trabajadores afectados también será a partir de ahora superior a la de sus compañeros del sector privado.
  “Cuando la Administración de turno opte por aplicar un despido colectivo sostiene López -  su aprobación resultará prácticamente inmediata. Mientras en el sector privado permite un cierto margen para atenuar mediante la negociación las posibles consecuencias del despido, en el sector público se establece la presunción de que, como quien despide es una Administración Pública, el despido resulta inevitable tal cual".


La nueva normativa  -apuntan en el mismo sentido desde  CC.OO.-Canarias -  "priva a los trabajadores afectados de la posibilidad de reducir sus jornadas o sufrir su aplicación de manera temporal. El único método que contempla es la extinción o despido de este personal".

 "EL GOBIERNO CONTINÚA SU CRUZADA CONTRA EL EMPLEO PÚBLICO Y LOS SERVICIOS SOCIALES"

  Según Comisiones Obreras, el Reglamento de Despido Colectivo se enmarca dentro de la "cruzada particular del gobierno central  contra el empleo público y los servicios sociales que se prestan a la ciudadanía, en su batalla contra el estado de bienestar".

 De esta forma - dicen - el Ejecutivo del PP "muestra su desprecio a los ciudadanos, aumentando su nivel de imposición de unas medidas económicas restrictivas con el único objeto de reducir el déficit público a base de disminuir el gasto público y social, salvando a las clases altas, los bancos, las patronales y a la clase política de cualquier efecto adverso que les pueda generar esta crisis".

        Medidas que para la organización sindical generarán, de forma irremediable, “la paralización del consumo y la quiebra económica y constituyen el caldo de cultivo para que se produzca en breve una rebelión social".

       CC.OO.-Canarias se ha dirigido, finalmente, al Gobierno de Canarias, solicitándole que  “el plantón escenificado la semana pasada por los presupuestos para el año próximo, no se quede solo en teatro y se niegue rotundamente a aplicar en las Islas el despido masivo de empleados públicos y al adelgazamiento de la Administración pública canaria".

 120.000 EMPLEADOS PÚBLICOS SE IRÁN A LA CALLE EN LOS PRÓXIMOS MESES

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