¿Suicidios o crimen de Estado?
Artículos de
Opinión | Juan Torres López | 31-10-2012
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Todos los
datos permiten asegurar que una gran parte del incremento en el número de
suicidios que se viene dando en España está relacionado con la forma en que se
está gestionando la crisis. Ya he comentado en artículos anteriores y más
extensamente con Vicenç Navarro en el libro ‘Los amos del mundo. Las armas del
terrorismo financiero (Espasa, 2012)’, que en todos los países en los que se
han aplicado políticas de ajuste neoliberal se ha podido detectar ese fenómeno,
así que no es de extrañar que ahora se esté produciendo en España. Actualmente,
parece que en nuestro país se producen entre nueve y diez suicidios cada día y
que un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente congreso de
Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas económicos de diverso
tipo originados por la crisis.
Y no hacen
falta muchos estudios científicos para comprobar igualmente que una gran parte
de esos suicidios se relacionan con los desahucios, que en estos momentos dejan
sin vivienda a más de quinientas familias cada día en España. Ya son bastantes
los casos en los que se han producido justo antes de que las autoridades y la
policía procediesen a desalojar a las familias de sus viviendas en diferentes
lugares de España.
Se trata de
un verdadero drama que tiene una responsabilidad muy directa: las autoridades e
instituciones del Estado que hasta el momento no han hecho nada efectivo para
evitarlo. Todo lo contrario, lo han provocado con las políticas que vienen
aplicando e incluso lo facilitan, como esos jueces que llegan a decretar que
los desahucios se lleven a cabo sin previo aviso para evitar que la población
acuda en ayuda solidaria de los afectados.
El Gobierno
actual y el anterior han dedicado sumas millonarias a salvar y proteger a los
banqueros y a los grandes propietarios, pero no han tomado ni una sola medida
efectiva para acabar de una vez por todas con la desprotección de las familias
de menos ingresos que pierden sus viviendas.
Cambiar las
leyes para establecer medidas como la dación de pago, la creación de tribunales
que gestionen la reestructuración de la deuda familiar, la disminución temporal
de las cuotas para las personas sin ingresos o en paro, quitas familiares, u
otras parecidas que podrían evitar los desahucios no comportan grandes
dificultades legales ni supondrían demasiado coste económico (al revés,
permitirían aumentar la demanda efectiva y así mejorar la situación económica).
Por eso es injustificable que se sigan llevando a cabo desahucios que provocan
docenas de suicidios y un sufrimiento personal y social tan extraordinario.
Que los dos
grandes partidos se pusieran de acuerdo en unos pocos días para modificar la
Constitución, y así contentar a los poderes financieros, y no lo hagan para
adoptar medidas de rango muy inferior dirigidas a proteger a las miles de
familias que se quedan en la calle solo refleja que se trata de dos
organizaciones políticas que han perdido el norte para convertirse en simples
piezas de un dominio oligárquico que ya es insoportable, y que requiere una
respuesta social a la altura de su traición a los principios elementales de la
ética, la justicia y el buen gobierno.
Es incomprensible,
y empieza a producir una rabia inmensa, contemplar día a día a los
parlamentarios ocupados en todo tipo de asuntos pero incapaces de acabar con el
drama. Es desolador comprobar que los jueces no hayan reaccionado ya cuando
llevan tanto tiempo como ejecutores de un derecho que es la antítesis de la
justicia. Es patético e indignante ver a la policía defender día a día a las
autoridades que echan a las gentes de sus casas y a los Bancos que se quedan
con ellas, y golpear con saña a las pobres mujeres y hombres que las defienden.
Es una vergüenza comprobar que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, que
tanto habla de defender a la familia, llame a la policía para desalojar de sus
templos (como en La Almudena de Madrid) a quienes quieren llamar la atención de
la sociedad hacia lo que está pasando (en clara contradicción, hay que
reconocerlo, con la inmensa mayoría de sus fieles de abajo que siempre suelen
apoyarlos). Es tremendo que no salga ni una sola palabra ni un gesto de ayuda
del Jefe del Estado, que se dedica, por el contrario, a defender las políticas
que provocan el paro y la pérdida de las viviendas, mintiendo sobre los efectos
que están provocando sobre la sociedad y la situación económica solo para
proteger los intereses de los grupos más poderosos. Es sencillamente
insultante, que en lugar de defender a las miles de personas que sufren, el
Gobierno no solo siga aplicando sin misericordia las políticas que agudizan la
crisis, sino que se dedique a ir indultando semana tras semana a los pocos
financieros y políticos delincuentes que habían sido condenados en los años
anteriores. Y es un insulto a la inteligencia y un despropósito la Constitución
que declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada”, pero que a la vez no impide que se produzcan más de medio
millar de desahucios diarios.
Cada vez que
muere una persona desesperada por el paro o por la pérdida de vivienda, o a
causa del peor tratamiento que reciben cuando son dependientes o están enfermas,
aumenta algo más la responsabilidad de todas esas instituciones y personas. No
podemos ni debemos aceptar que todo lo que está pasando en España, el daño tan
grande que se le está haciendo a millones de personas, sea un simple accidente
o algo inevitable. Es un daño orquestado, perfectamente evitable y que se
produce solo porque se quiere beneficiar a otros grupos sociales. Por eso me
parece que las personas que dirigen esas instituciones o que toman las
decisiones tienen una auténtica responsabilidad criminal y no solo política que
debería investigarse y depurarse cuanto antes.
Tendríamos
que dejar de hablar ya de suicidios y de poner sobre la mesa la comisión de un
verdadero crimen de Estado porque sus instituciones, que tienen la obligación
de evitar el dolor de los ciudadanos y cuentan con medios para ello, son las
que lo están provocando. La gente normal y corriente tiene derecho a defenderse
e incluso el deber de levantarse contra los tiranos.
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