Por Lorenzo
Fernández Fau | El
título de este artículo hace referencia a un principio de la bioética que
obliga a los médicos, ante todo, a no hacer daño a los pacientes con las
decisiones terapéuticas que aconsejan y llevan a la práctica. Es un principio
que está vinculado al de No maleficencia. De los cuatro principios de obligado
cumplimiento para los médicos que establece la moderna bioética es, éste, el
único del que se pueden derivar responsabilidades judiciales. Imagen campaña Médicos del Mundo.
nuevatribuna.es
| Lorenzo Fernández Fau | 01 Noviembre 2013 - 13:16 h.
Imagen
campaña Médicos del Mundo.
En publicaciones
previas en este diario nos hemos manifestado acerca de los problemas y riesgos,
que acechan a la sanidad española -con mayor tesón a la madrileña- así como a
la nociva repercusión que esa tendencia puede ocasionar en los usuarios. En el
último de ellos, hacíamos referencia a la responsabilidad
jurídica en la que podrían incurrir los dirigentes políticos en el caso de que
sus decisiones se muestren perjudiciales para la salud de los ciudadanos, entre otras cosas no menos
importantes.
Pues bien,
existe en el momento presente abundante información que viene a confirmar, de
manera categórica, los efectos devastadores que para la salud tienen los
ajustes presupuestarios y más aún, cuando se asocian a la privatización
de las instituciones públicas sanitarias.
Trabajos,
perfectamente documentados, en los que se pone en evidencia que las crisis económicas
que se han venido sucediendo a lo largo de la última centuria se comportan de
una forma semejante en relación con las estrategias políticoeconómicas
empleadas. Aunque las circunstancias sean diferentes, tanto en el tiempo como
en el espacio, las consecuencias de las políticas de recorte y austeridad son
similares: recesión prolongada, aumento significativo de la mortalidad y
elevados beneficios económicos para los poderes económicos. Sin embargo, los
Estados que, dentro del mismo escenario de crisis, aplican medidas de
activación económica y protección social mantienen, incluso pueden mejorar, las
tasas de mortalidad y tienen una recuperación económica más rápida.
Son
situaciones que se han reproducido con exactitud desde la Gran Depresión de
1929; tanto en la crisis económica postsoviética de 1989 como en la que
aconteció en el Asia oriental en 1997.
Por cierto,
en la Rusia postcomunista la crisis económica y las terapias de choque del
libre mercado junto a la privatización de empresas estatales, apadrinadas por
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, ocasionaron una
tragedia de dimensiones colosales: la muerte de 10 millones de rusos jóvenes
(entre 25 y 39 años) en un período de 10 años. Una crisis demográfica que hoy
causa dolor en la población y estupor en los organismos internacionales, tales
como la ONU, que en 1992 comenzaron a advertirlo (Stuckler D, Basu S. Por qué
la austeridad mata. Taurus. 2013). Es increíble observar que estas abrumadoras
tasas de mortalidad se puedan considerar como inevitables por lo que algunos
consideran necesaria transición de modelo económico.
En buena
medida, las causas de tal despropósito son consecuencia del requerimiento de
las instituciones anteriormente citadas que surgieron después de la II Guerra
Mundial, al amparo de la ONU, para mejorar el nivel de vida de los países
miembros mediante la cooperación internacional, el respeto a los derechos
humanos, la expansión sostenida de los recursos mundiales, el crecimiento
equilibrado del comercio y la ayuda a los países subdesarrollados. Ahora bien,
para que el FMI conceda créditos, rescate, a los países en dificultades exige a
cambio, entre otras cosas, la privatización de empresas de propiedad estatal,
la liberación de los mercados y recortes presupuestarios intensos, con especial
relevancia en educación y sanidad. Según los estrategas del Fondo, estas
terapias de choque pretenden canjear dolor a corto plazo, lo que también
denominan daños colaterales, por beneficios a largo plazo. El problema es
que los daños colaterales se miden en pobreza y mortalidad acentuada y los
beneficios son para los que pueden invertir.
Y qué está
ocurriendo en España y en el resto de países en los que desde hace un lustro la
crisis económica y la recesión en la zona euro ha dado lugar a políticas de
ajuste inducidas por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI: la
llamada troika financiera. Pues algo similar a lo acontecido en las
crisis señalas previamente.
En los
últimos tres años el presupuesto de Sanidad en España ha descendido un 10.6%. Y
eso supone un recorte de 6.700 millones de euros, es decir 150 € menos
por habitante. El gasto por habitante al año era de 2.200 €. Una cifra considerablemente menor
que la que destinan otros socios comunitarios como Alemania, Bélgica y Holanda,
que emplean 1.000 € más por habitante y año que en España: por lo tanto, un
45.4% más.
En el año
2012, la Oficina
Europea de Estadística (EuroStat), dependiente de la Comisión Europea,
informaba que el gasto español en la sanidad pública supone el 7% del PIB.
Si se exceptúa a Grecia, Portugal y Finlandia, todos los países de la Europa de
los 15 junto a EE UU, Canadá, Nueva Zelanda, Islandia y Noruega gastan en
sanidad pública más que España (desde el 9.5 % del PIB de Holanda al 7.2% de
Irlanda).
Sin embargo,
el gasto sanitario privado en España es de los más altos de Europa.
Según el Informe 2013 del Instituto para el Desarrollo e Integración de la
Sanidad (IDIS) el gasto sanitario privado y el gasto sanitario público y
provisión privada, representaron el 3.14% del PIB en 2010. Esto supone el 26.2%
del gasto sanitario total. En consecuencia, España es el segundo país
europeo, por detrás de Suiza, que más gasta en sanidad privada. Ahora bien,
en el caso de que se lleven a cabo las privatizaciones aprobadas por la
Comunidad de Madrid el gasto sanitario privado aumentará considerablemente.
Habrá que ver ahora el coste añadido ocasionado por las privatizaciones, el
beneficio de las empresas adjudicatarias y hasta cuanto se deteriora la salud
de la población.
Aunque
alguno de los datos disponibles no tienen todavía suficiente peso para sacar
conclusiones definitivas, es preciso tener en cuenta la experiencia negativa
que han vivido, y sufren en el presente, otros países golpeados por la austeridad.
No obstante, algunos indicadores hacen presagiar un deterioro de la calidad
de vida y de la asistencia sanitaria en España que pueden desembocar en un
grave desenlace para el conjunto de la población.
Por ejemplo,
según EuroStat, el 80% de la población que no tiene grandes ingresos padece
algún tipo de desatención en la asistencia sanitaria. Las listas de espera
quirúrgicas han aumentado un 40% y la mortalidad materna -fallecimiento de
madres en los días próximos al parto- que en 2007 era de 2.6 por 100.000
nacimientos ha pasado a ser de 4.1 tres años más tarde. Por otro lado, el
conjunto de las medidas de restricciones, copagos y eliminación de subsidios
hace que los asalariados españoles deban pagar hoy un 60% más que antes por los
medicamentos. Además, se han eliminado medicamentos que estaban incluidos en el
sistema público.
Uno de los
parámetros analizados y que repercute peyorativamente en la salud, es la
pérdida de hogar que inducen los desahucios. En las personas sin hogar
existe un incremento acentuado de la mortalidad y de sufrimientos evitables.
En efecto, los sin techo tienen una expectativa de vida de 45 años. Por lo
tanto, abrumadoramente reducida: alrededor de cuarenta años menos que los que
tienen vivienda. Se estima que a los 5 años de quedarse sin hogar una
persona tiene 4.4 veces más probabilidades de morir prematuramente que
otra de la misma edad y sexo que ha conservado su vivienda. En EE UU,
las personas sin hogar como consecuencia de la recesión reciente tienen una
expectativa de vida media comparable a Sierra Leona y el Congo: países
aniquilados por las guerras.
En Grecia,
Irlanda, España, Portugal, Estados Unidos y Reino Unido el número de
personas sin hogar aumentó entre un 25% a 68%. En Barcelona, por ejemplo,
aumentó 31% entre 2008 y 2011. Las consecuencias no se han hecho esperar con
incrementos de malnutrición, mortalidad maternoinfantil, sida, tuberculosis
y otras enfermedades infectocontagiosas; incluso epidemias exóticas como
las ocasionadas por el virus del Nilo o la malaria.
Por el
contrario, países como Finlandia, Suecia o Islandia, que han llevado a
cabo programas para proporcionar viviendas y asistencia social a las personas
sin hogar, no han padecido las funestas consecuencias descritas en las regiones
donde la austeridad ha sido protagonista.
El estrés
generado por la dificultad para pagar la deuda aumenta el riesgo de suicidios y
depresión. Varios
estudios han puesto de manifiesto las repercusiones que en la salud provoca la
posibilidad de un desahucio. Las personas que se quedad atrasadas en sus pagos
hipotecarios tienen 9 veces más probabilidades de desarrollar síntomas de
depresión, 7.5 más de sufrir malnutrición y 9 veces más de saltarse la toma de
medicamentos.
Se ha
comprobado que un aumento de 100 desahucios se corresponde con un aumento medio
de 7.2% de visitas a urgencias y hospitalización por hipertensión arterial así
como por un incremento de 8.1% de complicaciones de la diabetes en personas
menores de 50 años. Aún más, las personas sin hogar tienen 35 veces más
probabilidades de suicidarse. Ahora bien, el suicidio sólo es la parte más
visible y dolorosa de una situación más generalizada y, al mismo tiempo,
soterrada. Se calcula que por cada suicidio constatado hay diez intentos
frustrados y entre 100 y 1.000 nuevos casos de depresión. En España, entre
2007 y 2010 se suicidaron unos 400 varones más de lo previsto antes de los
recortes, despidos y desahucios. Estudios realizados sobre 7.940 pacientes
han revelado que el número de personas con depresión grave aguda aumentó en
España un 20%.
Otra
circunstancia que tiene repercusión sobre la salud está en relación con el desempleo.
Según un reciente informe de la OMS, la mortalidad entre los parados es 20%
más alta que entre las personas que mantienen su empleo. La OMS
advierte que con un 52 % de desempleo juvenil, el más alto de Europa, España se
enfrenta a una emergencia sanitaria.
Cada vez es
más patente percibir por parte de la ciudadanía las funestas consecuencias que
los recortes ocasionan, por lo que resulta curioso comprobar cómo los
responsables políticos tratan de ocultar, tergiversar, manipular o incluso
mentir, ante esas evidencias. En este sentido, existen numerosos ejemplos que
testifican ese proceder en todos los países golpeados por la crisis.
Otra falacia
esgrimida de forma reiterada es la de atribuir a la sanidad privada mejores
resultados y ser más eficiente que la pública. Sin embargo, se ha reconocido en
Estados Unidos que traspasar la salud al sector privado es una medida
perjudicial desde el punto de vista sanitario; algo semejante a lo que está
ocurriendo en el Reino Unido con las privatizaciones y recortes en el Servicio
Nacional de Salud. De igual modo, y en contra de lo que de forma taimada
proclaman los que tienen, o defienden, los intereses privados, se ha demostrado
que el sistema de mercado sanitario no es más eficiente que el público. Y por
qué. Hay numerosas razones que lo atestiguan pero de una forma deliberadamente
sucinta, por la limitación de espacio que un artículo de esta naturaleza
implica, es posible apelar a algunas cuestiones verificables.
La
eficiencia productiva de un sistema es aquella en la que se obtiene el máximo
producto utilizando los mínimos recursos posibles. Pues bien, EE UU es el país
del mundo que dedica el mayor porcentaje de su PIB a la sanidad, 17.4% -la
mayor parte del gasto, el 9.1%, es para la privada- (Eurostat 2012). Sin
embargo, la OMS califica al sistema de atención sanitaria estadounidense
como uno de los peores comparándolo con la mortalidad internacional (US
Health in International Perspective: Shorter Lives, Poorer Health. 2013). Los
índices de mortalidad evitable estadounidenses superan en un 40% la media
europea y tienen mayores índices de infecciones hospitalarias, de muertes por
errores médicos y de visitas hospitalarias evitables.
Teniendo en
cuenta que la sanidad pública en España está considerada como una de las
mejores del mundo -para unos evaluadores externos ocupa la tercera posición y
para otros la séptima- y que el PIB dedicado a sanidad es, tal como se ha
mencionado antes, uno de los más bajos de la Eurozona, sólo del 7%, caben pocas
dudas de que la sanidad pública española es de las más eficientes del planeta.
Si existen evidencias en este sentido por qué ese empeño en privatizar la sanidad
española, y más concretamente la madrileña. Qué intereses, que no sean
espurios, pueden motivar el desguace de la sanidad pública española cuando ha
demostrado su calidad. Con qué argumentos, que no sean engañosos, se
pretende privatizar el sector sanitario público cuando ha demostrado tal
eficiencia. Otra cosa es intentar que todavía lo sea más: y por ahí deberían
tomarse las medidas oportunas para lograrlo.
Resulta
sorprendente y al mismo tiempo cruel que, sin embargo, estas actuaciones de
recortes y privatizaciones se tomen conociendo el coste humano que pueden
causar; incluso habiendo sido constatado el efecto negativo que acarrean en la
recuperación económica. En ese sentido, sería oportuno tomar medidas para
restituir las prestaciones sociales y sanitarias erosionadas por las políticas
de ajuste y, al mismo tiempo, requerir responsabilidades judiciales a los
que aconsejaron su práctica y a los que la implementaron.
El título de
este artículo hace referencia a un principio de la bioética que obliga a
los médicos, ante todo, a no hacer daño a los pacientes con las decisiones
terapéuticas que aconsejan y llevan a la práctica. Es un principio que, tal
como hemos expresado en publicaciones previas, está vinculado al de No
maleficencia. De los cuatro principios de obligado cumplimiento para los
médicos que establece la moderna bioética es, éste, el único del que se pueden
derivar responsabilidades judiciales.
Recientemente,
en la literatura médica se ha asociado este principio al de “accountability”
que viene a expresar, entre otras interpretaciones, la responsabilidad en la
que incurren aquellos que tienen poder sobre las vidas de las personas. Se
trata de un fundamento por el que, de igual modo, es preciso rendir cuentas a
causa de las decisiones y acciones de la gestión pública.
Y en ese
aciago trasiego que causa dolor en buena parte de la colectividad y que, no
obstante, da ocasión para que una minoría con intereses creados se lucre con
la privatización de los recursos públicos y la reducción del papel del Estado,
qué se hace para resarcir a los que han sufrido las consecuencias de una
política de la que no son culpables. Y aún más, qué se hace con los que de
forma consciente causan tal descalabro social, tanto en sufrimientos como en
pérdida de vidas evitables. Tengo la creencia de que no basta con el
desprestigio político y verse privado del poder gubernamental transitorio que
puedan sufrir. Es preciso exigir responsabilidades judiciales para los autores
de implantar una estrategia que engendra tal catástrofe y mortandad premeditada
en la sociedad. Porque, teniendo en cuenta la multitud de datos disponibles
sobre las deletéreas consecuencias que la austeridad presupuestaria genera,
premeditado es tomar decisiones que conduzcan a un infortunio de esa naturaleza.
La toma de
decisiones políticas en la gestión pública exige que estas sean aplicadas una
vez que hayan sido rigurosamente evaluados los riesgos y beneficios que su
implementación puede entrañar; sobre todo, cuando afectan a la ciudadanía en su
conjunto y a cuestiones tan relevantes como la salud de la población.
Ante una
postura tan destructiva, que podría ser conceptuada como de traición de los
gobernantes a la ciudadanía, ésta no puede permanecer impasible y debería
rebelarse ante tamaña iniquidad. En todo caso, ¿no sería preciso que el cuerpo
social exija al Ministerio Fiscal que cumpla las funciones que les son propias
en defensa del interés público: y que están reflejadas en el artículo 3 de su
Estatuto?
El pueblo
islandés se rebeló contra los responsables de la mayor crisis económica de
su historia y dijo no a las políticas de austeridad que pretendían imponerle.
Hoy en día, la economía islandesa no sólo se muestra con mayor fortaleza que
antes sino que, además, la salud pública está en mejor posición que en el
período previo a comenzar la crisis. Una actitud y situación, que tiene
similitudes con las que sufrió Malasia en la crisis económica que afectó a la
región asiática oriental en 1997. En plena recesión, la protesta social que se
desencadenó obligó al primer ministro a rechazar el rescate del FMI porque las
condiciones impuestas por el Fondo podían ser perjudiciales para el pueblo y
siguió, por el contrario, una política de estímulo fiscal y económico que dio
lugar a un reforzamiento de los programas de protección social. En
consecuencia, fue el primer país de la zona en experimentar una recuperación
económica y en tener superávit presupuestario: justo lo que el Fondo imponía a
los países que rescataba sin conseguirlo.
Unos
resultados que vienen a confirmar que en los momentos en los que el sufrimiento
aprieta los programas de apoyo a la salud son más rentables que los de
austeridad.
Por otro
lado, se ha sugerido que, para evitar situaciones como las que se están
padeciendo, se establezcan Oficinas Gubernamentales de Responsabilidad de la
Salud, organismos te tendrían la misión de analizar la repercusión de las
estrategias políticas en la salud pública. Deberíamos tomarlo en cuenta.
Lorenzo
Fernández Fau
Ex Jefe de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital
Universitario de la Princesa
Ex Presidente de la Sociedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica
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