Ecologistas
en Acción se ha sumado a la querella criminal contra dos extesoreros del
Partido Popular, algunos de los dirigentes de la formación y varios
responsables o ex responsables de grandes constructoras.
España |
Tercera Información | 01-03-2013 |
La mayor
parte de los pagos supuestamente ilícitos que aparecen en los “papeles de
Bárcenas” presumiblemente se tradujeron luego en licitaciones de grandes e
insostenibles obras de infraestructura que ahora debemos pagar incrementando de
forma abrumadora la deuda pública.
Es posible
que alguien se pregunte qué hace una organización ecologista en una querella
como ésta. Ecologistas en Acción lleva años alertando sobre la insostenible y
destructora política de infraestructuras que se ha venido desarrollando durante
las últimas décadas en España. Ahora, la simple comparación de los supuestos
apuntes contables del extesorero del PP con las licitaciones de grandes
infraestructuras permite hacerse una idea de los motivos que han llevado a unas
inversiones tan alejadas de las necesidades de la mayor parte de la población.
La
justificación de estas grandes obras ha sido siempre la misma: las
infraestructuras de transporte promueven el desarrollo económico y crean
empleo. Sin embargo, el Estado español es récord en todo tipo de infraestructuras
de transporte –tenemos más kilómetros de autovías y autopistas, o de kilómetros
de alta velocidad ferroviaria, o de aeropuertos deficitarios que ningún otro
vecino europeo– y a pesar de esta sobredotación, también somos récord en
problemas económicos y en desempleo. Las cosas no funcionan como nos cuentan.
Entonces,
¿cuáles son los verdaderos motivos para llevar a cabo estas obras? Un repaso a
algunas de las señaladas en la querella puede dar pistas para entender cómo se
financian inversiones ruinosas para el erario público y muy destructivas para
el territorio y el medio ambiente.
Autopista de
peaje Madrid-Toledo
Madrid tiene
nada menos que 13 autopistas radiales. Cinco son de peaje y están en una
situación ruinosa, recibiendo créditos participativos y compensaciones del
Estado para que no quiebren, puesto que si esto ocurre el Estado tendría que
hacerse cargo de las deudas con los bancos.
Una de ellas
es la AP-41, Madrid-Toledo. Se trata de una autopista que tiene el 11% del
tráfico previsto. Costó 440 millones de euros. La concesionaria, a la que
pertenece el grupo Sando –cuyo presidente José Luis Sánchez es uno de los
querellados– ha demandado a Fomento y el Tribunal Supremo le ha dado la razón,
por lo que el Estado deberá compensar a la concesionaria, que reclama 320
millones, por incumplimiento contractual: alegaban que la obra iba a llegar
hasta Córdoba y el hecho de que concluya en Toledo les ha hecho perder
rentabilidad. Un despropósito de gestión y un despilfarro de fondos públicos.
Metro ligero
de Madrid
Otra
inversión ruinosa. La construcción de Metro Ligero Oeste de Madrid costó 585
millones de euros. OHL, empresa de la que es expresidente otro querellado, Juan
Miguel Villar Mir, tiene el 51% de la concesionaria. La explotación sigue un
sistema equiparable al peaje en la sombra, de tal modo que la Comunidad de
Madrid paga unos 5 euros por pasajero que se monta en el metro ligero. El coste
real de cada pasajero en el resto de la red de metro es de 1,7 euros, lo que da
idea de lo onerosa que resulta esta concesión para las arcas públicas. Además,
si la demanda de viajeros queda por debajo del 68% de la prevista en el
contrato, la Comunidad de Madrid también debe compensar a la concesionaria. Un
negocio redondo.
AVE
Muchas de
las empresas referenciadas en la querella (Hispánica, Aldesa…) han obtenido
sustanciosos contratos de construcción de líneas AVE. Frente a toda la
dialéctica y publicidad del Ministerio de Fomento y los grupos constructores,
lo cierto es que la mayor parte de estas obras no se justifican desde el punto
de vista económico (ni que hablar del ambiental o social). La propia Comisión
Europea estableció que solo son justificables estas inversiones tan
desmesuradas (unos 30 millones de euros por kilómetro de línea) con “una
demanda mínima de 9 millones de pasajeros” [1]. Ni siquiera la Madrid-Barcelona
llega a esas cifras.
En la
actualidad, por ejemplo, Fomento prevé gastar 8.500 millones de euros el llevar
el AVE a Galicia cuando un estudio encargado por el propio ministerio concluye
que no hay demanda más que para tres trenes diarios por sentido. Y estas
inversiones se acomenten al mismo tiempo que se aplican unos draconianos
recortes en partidas básicas para el bienestar de la ciudadanía.
La deuda
actual del grupo Fomento –el ministerio y las empresas públicas como Adif o
Aena– supera 40.000 millones de euros. Ecologistas en Acción considera que la
mayor parte de las inversiones para las que se ha contraído esta inmensa deuda
no tienen justificación desde el punto de vista del transporte ni del interés
social, pero sí de los turbios intereses que se pretenden desvelar con esta
querella.
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