By el
comunista on marzo 2, 2013
MUEVEN
FICHA PARA QUITAR EL CASO A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera
que ha llegado el momento de mover ficha y que el caso de los ‘papeles de
Bárcenas’ se judicialice. El magistrado tiene indicios sobre las posibles
conexiones entre la presunta ‘contabilidad B’ del Partido Popular y Gürtel. Los
suficientes indicios, al menos, como para arrebatar el asunto a la Fiscalía
Anticorrupción. Todo ello con el apoyo de la Policía, que le ha proporcionado
las pistas necesarias para armar sus sospechas.
El Ministerio Público, que dirige Eduardo Torres
Dulce, optó hace un mes por centralizar desde sus dependencias la investigación
sobre las presuntas donaciones al PP y el pago de sobresueldos a varios de sus
dirigentes con ese dinero, tal y como aparecen en unos documentos cuyo autor
sería el ex tesorero de la formación, Luis Bárcenas. Informó a Ruz que no veía
conexiones suficientes con el ‘caso Gürtel’ como para meterlo en el mismo sumario.
Iba a encargarse un fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, elegido por el
propio Torres Dulce, de averiguar si esos documentos eran reales, de intentar
conseguir los originales, de investigar si Bárcenas es el autor y de si son
ciertos los apuntes recogidos.
El juez apoyó la decisión de la Fiscalía y dejó el
asunto en sus manos. No obstante, matizó que si en el futuro se encontraran
conexiones entre ambos asuntos, la contabilidad ilegal del PP quedaría
judicializada.
Treinta días después, parece que esas pruebas han
aparecido y ha sido gracias a la labor de la Unidad de Delincuencia Económica y
Fiscal de la Policía (Udef). La semana pasada remitió un informe al titular del
Juzgado Central de Instrucción número 5 analizando la información recogida en las
comisiones rogatorias suizas sobre las cuentas de Bárcenas en el país helvético
y, en el interior del documento, introdujo una nota de dos párrafos que no
guardaba coherencia alguna con la línea argumental del texto.
En esas frases informaba a Ruz que, el pasado 14 de
diciembre, Bárcenas había acudido al notario con una serie de documentos
originales, donde aparecen los ingresos y gastos del dinero obtenido de
donaciones al partido entre 1994 y 2009.
Esa “cuenta analítica” refleja “exclusivamente los ingresos
obtenidos por el concepto de donativos y su correspondiente aplicación en
concepto de gastos”. Bárcenas, según recoge el acta notarial identificada por
la Policía, era el responsable del control y la utilización de esos fondos
junto al anterior tesorero de la formación, Álvaro Lapuerta. Entregó al
notario, según consta en el documento, un soporte documental donde quedan
reflejados “con detalle los nombres de los donantes y los perceptores de
fondos”.
Con este nuevo dato encima de la mesa, el instructor
decidió tirar del hilo y preguntar el pasado lunes, cuando Bárcenas acudió a
declarar en calidad de imputado dentro del caso Gürtel, si era cierto que había
acudido al notario para certificar esas donaciones del PP. No sólo lo confirmó
sino que le entregó unos documentos donde aparecen unas tablas con donaciones
de 1999 a 2007. Eso sí, el papel tiene el logo del partido y consta como fuente
de la información el Tribunal de Cuentas.
Anticorrupción levanta el pie del acelerador
Ahora la policía tiene que elaborar un nuevo informe,
a la mayor brevedad posible, donde apunte, una por una, todas las conexiones
que puede haber entre esos documentos y la trama de corrupción liderada por
Francisco Correa. El juez pide que queden detallados tantos los elementos subjetivos
como los objetivos y la temporalidad entre los efectos, documentos y demás
actuaciones entre amos procedimientos.
Mientras Ruz avanza con celeridad contra Bárcenas, a
quien le ha prohibido salir del país y acudir quincenalmente a la Audiencia
Nacional a firmar, Anticorrupción ha levantado el pie del acelerador. Cuando
cayó el asunto en manos de Romeral, citó a declarar tanto a Bárcenas como a su
exabogado, Jorge Trias, y el anterior tesorero del PP, Álvaro Lapuerta. El
siguiente paso fue solicitar a la Policía que emitiese un informe caligráfico
sobre los citados documentos, los cuales a día de hoy sólo son copias,
desconociendo el paradero de los originales.
Fuentes fiscales explican que hasta que no llegue ese
informe policial, no se va a dar el siguiente paso, que sería citar a los
empresarios que aparecen como donantes de diferentes sumas de dinero. Fuentes
policiales reconocen que un informe de esas características puede tardar horas,
días o incluso meses, dependiendo de la presión a la que se sometan a los
peritos caligráficos, quienes llevan ya desde el pasado día 6 con la prueba en
su mesa.
Anticorrupción estaba controlando sus tiempos y datos
sin contar con otros factores que podrían alterar el futuro del caso. Uno es la
maniobra de la Udef y otro, las denuncias y querellas que se han interpuesto y
que podrían provocar que otro juez aceptara judicializar el caso.
Concretamente, en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla hay dos
denuncias, una presentada por el Observatori Desk y otras del sindicato Manos
Limpias. En ambos casos ya se han abierto diligencias y han solicitado a la
Fiscalía que se pronuncie sobre la admisión.
Por otro lado, Izquierda Unida, junto a varias
asociaciones, presentó el jueves en la Audiencia Nacional una querella criminal
para que se investigue la contabilidad B del PP, causa que le ha recaído al
juez Javier Gómez Bermúdez. Según fuentes fiscales, la intención es solicitar
que todas las causas se centralicen en el juzgado de Ruz y evitar dispersión de
criterios.
elconfidencial
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