Más sesenta organizaciones suscriben un manifiesto para
exigir al Gobierno que elabore una nueva Ley de Sanidad.
nuevatribuna.es | 30
Septiembre 2014 - 11:38 h.
La asistencia sanitaria ha dejado de ser un derecho
para pasar a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de
asegurado
Más sesenta organizaciones y plataformas
de los ámbitos social, profesional y científico, entre las que se
cuenta Amnistía Internacional o Médicos del Mundo, han lanzado un
manifiesto para exigir al Gobierno cambios en la política sanitaria cuando se
cumplen dos años de la entrada en vigor del Decreto de 2012 de ‘medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones’.
Bajo el título ‘Contra la exclusión
social sanitaria, en defensa de la sanidad universal’, los firmantes
del manifiesto denuncian los impactos que está produciendo la política
sanitaria puesta en marcha por el Gobierno del PP y los “incumplimientos” de la
legislación internacional en materia de derechos humanos. Con el Real Decreto,
la asistencia sanitaria en España ha dejado de ser un derecho para pasar a ser
una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado. Los
promotores del manifiesto también recuerdan que se ha restringido ciertas
prestaciones y se ha aumentado la carga económica directa para las personas.
Colectivos especialmente
vulnerables
Por todo esto, afirman “el balance no
puede ser más negativo”. Según datos aportados por el propio Gobierno, al
menos 873.000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria
en España en estos dos años de la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Se
trata de colectivos especialmente vulnerables que también contribuyen a la
financiación del sistema público de sanidad a través de impuestos.
Y es que, aunque el decreto reconoce el
derecho a la atención de embarazadas, menores, o atención en urgencias, se han
originado numerosos casos de desatención agravados por la exigencia de firma de
compromisos de pago o la facturación indebida. Los más dramáticos acabaron en
muerte como fueron los casos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en
Valencia y Janneth Beltrán en Toledo.
Las mujeres migrantes son uno de
los colectivos a los que se les ha retirado la tarjeta sanitaria, lo que
dificulta la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia
en casos de violencia sexual. En el caso de las víctimas de trata de
seres humanos se limita el acceso a quienes se les otorga el periodo de
restablecimiento y reflexión, mientras que a la mayoría no se les reconoce el
derecho a la asistencia sanitaria.
Deterioro de la cohesión
territorial
También se pone de manifiesto que la
disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de las
Comunidades Autónomas “ha deteriorado aún más la cohesión territorial en el
Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en
un auténtico laberinto administrativo”.
Asimismo la reforma sanitaria incumple o
contraviene estándares internacionales de derechos humanos tal y como
vienen denunciando organismos como Naciones Unidas o el Consejo de Europa, sin
que el Gobierno haya hecho nada por cumplir estas recomendaciones. El propio
Tribunal Constitucional afirma que no se puede restringir el derecho a la salud
por motivos fiscales, un ahorro que, por otra parte, aún no ha cuantificado el
Ejecutivo.
Las organizaciones exigen una Ley de
Sanidad que nazca con consenso, que garantice la universalidad de la
asistencia sanitaria como establece la OMS, para que “toda persona disfrute del
más alto nivel posible de salud”.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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