Miércoles, 1 de mayo de
2013
Por A.R.
Suárez - Canarias-semanal.org.
La Unión Europea, a través de su Comité para la Prevención de la
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) denunció el
pasado lunes, 29 de abril, a España por practicar la tortura y los malos
tratos en comisarías policiales y dependencias de la Guardia Civil. Según el
contenido del mencionado informe existen "alegaciones
creíbles y consistentes" de malos tratos a personas detenidas en
régimen de incomunicación. El informe advierte y reitera que en España
"sigue sin resolverse" el problema de los malos tratos que
infringe la Guardia Civil a personas sospechosas de delitos de terrorismo tras
varias décadas advirtiendo de esta situación por parte de las
instituciones europeas.
El CPT relata en su informe, la última visita que este organismo
perteneciente al Consejo de Europa fue realizada en 2011. Y se
investigaron varias prisiones, comisarías y Centros de Internamiento para
Extranjeros en España. Sobre ese periplo el CPT realiza una serie de
recomendaciones y peticiones al Gobierno español para acabar con los tratos
inhumanos o degradantes.
El Comité para la Prevención de la Tortura solicita una investigación "rigurosa e independiente" sobre los métodos utilizados en los interrogatorios, ya que considera que "se realizan, con frecuencia, al margen de la normativa vigente". Además, insta a España a establecer un "código de conducta" para los interrogatorios en el que "se debería prohibir expresamente vendar los ojos o encapuchar a las personas que se hallen bajo custodia policial" así como ampliar las grabaciones a las salas donde se realizan y celdas como una "garantía eficaz frente a los malos tratos".
TORTURAS SIMILARES A LAS PRACTICADAS POR LA PASADA DICTADURA: BOLSAS, PORRAZOS Y AGRESION SEXUAL
En el apartado correspondiente al régimen de incomunicación, el CPT recoge alguno de los testimonios de malos tratos recabados. Destaca que los malos tratos empiezan durante el traslado desde el lugar de detención a Madrid y consiste "fundamentalmente en patadas y golpes con porras en la cabeza y en el cuerpo".
El Comité para la Prevención de la Tortura solicita una investigación "rigurosa e independiente" sobre los métodos utilizados en los interrogatorios, ya que considera que "se realizan, con frecuencia, al margen de la normativa vigente". Además, insta a España a establecer un "código de conducta" para los interrogatorios en el que "se debería prohibir expresamente vendar los ojos o encapuchar a las personas que se hallen bajo custodia policial" así como ampliar las grabaciones a las salas donde se realizan y celdas como una "garantía eficaz frente a los malos tratos".
TORTURAS SIMILARES A LAS PRACTICADAS POR LA PASADA DICTADURA: BOLSAS, PORRAZOS Y AGRESION SEXUAL
En el apartado correspondiente al régimen de incomunicación, el CPT recoge alguno de los testimonios de malos tratos recabados. Destaca que los malos tratos empiezan durante el traslado desde el lugar de detención a Madrid y consiste "fundamentalmente en patadas y golpes con porras en la cabeza y en el cuerpo".
Ya durante el interrogatorio, relata, "les colocaron una bolsa en la
cabeza, provocándoles sensación de asfixia" y, simultáneamente, "les
obligaron a realizar ejercicios físicos prolongados". Una persona -
detalla el informe - alegó que la amenazaron con abusar sexualmente de ella,
después de haberle quitado los pantalones y la ropa interior, mientras que otra
persona afirmó que abusaron sexualmente de ella.
Otros testimonios recogidos por el CPT coinciden al señalar que
recibieron golpes y escucharon gritos de detenidos en celdas contiguas durante
los interrogatorios. El objetivo de los malos tratos, continúa, era conseguir
una declaración firmada de cara a la vista oral.
El organismo expresa su "profundo recelo" hacia este tipo de
prácticas y, por ello, recomienda establecer un código de conducta para los
interrogatorios. "También se debería prohibir expresamente -destaca el
informe- vendas los ojos o encapuchar a las personas que se hallen bajo custodia
policial, incluso durante los interrogatorios". Añade que debería
prohibierse "expresamente obligar a los detenidos a realizar ejercicios
físicos o a permanecer de pie durante periodos de tiempo prolongados".
Según el informe del CPT, las autoridades españolas deben actuar con más
firmeza y rigurosidad para evitar malos tratos, incluso verbales, a los
detenidos y presos por parte de los agentes, con el objetivo de seguir el
principio de "tolerancia cero" a estas acciones.
El CPT reitera su recomendación de que los detenidos en régimen de
incomunicación tengan acceso a un abogado desde el primer momento de su
detención y durante los interrogatorios. También insta a notificar a la familia
el hecho de la detención y el paradero de la persona detenida, la cual
considera debería tener la posibilidad de ser visitada por un médico de su
elección junto con el médico forense designado por el juez de instrucción.
Por otro lado, se pide que las celdas de las comisarías dispongan de luz natural,
sistema de ventilación y timbre.
Los miembros de la delegación, además, encontraron palos y bates de béisbol en
salas de interrogatorio de comisarías de Cádiz y Madrid (Puente de Vallecas y
Moratalaz).
EL COMITÉ DE LA
UE FUE ACOGIDO CON HOSTILIDAD POR PARTE DE LA GUARDIA CIVIL
La delegación
asegura en el informe que su relación con las autoridades españolas fue "excelente",
salvo una "excepción importante": la Unidad de Detención
del Servicio de Información de la Guardia Civil, en la Dirección General
de Madrid. Allí, dice el informe, los oficiales negaron a la delegación que
accediera a la zona de detención, como ya ocurrió en 2007.
El informe asegura que el CPT "ha estado llamando la atención de
las autoridades españolas durante dos décadas sobre el problema de los malos
tratos que inflige la Guardia Civil" y que este "sigue
sin resolverse".
Por ello, solicita a las autoridades españolas que lleven a cabo una
investigación rigurosa e independiente sobre los métodos empleados por oficiales
de la Guardia Civil durante las detenciones incomunidacadas. El CPT
"desea recibir dentro de un plazo de tres meses un informe detallado de
las acciones adoptadas para aplicar estas recomendaciones".
Además, destaca que las alegaciones de malos tratos "son
sistemáticamente consideradas como no fiables y parte de una estrategia de
defensa para restar validez a la declaración hecha hacia el final de la
detención en régimen de incomunicación". En ese sentido, el organismo "reitera"
su recomendación de que cuando una persona denuncie malos tratos por parte
de oficiales de las FSE, "el juez / fiscal debería tomar nota de
las denuncias por escrito, ordenar de inmediato un examen médico forense -en
los casos en los que no sea proporcionado automáticamente un examen médico
forense- y adoptar las medidas necesarias para garantizar que las denuncias
sean investigadas adecuadamente".
RESPUESTA GUBERNAMENTAL: "ACTUAMOS
BAJO EL IMPERIO DE LA LEY"
Según informa la Agencia
de prensa española Europa Press, la respuesta del Ejecutivo a través de
su Ministerio de Interior fue rápida. En un largo comunicado explica que
que existe una numerosa regulación sobre los métodos empleados por las fuerzas
y cuerpos de seguridad, "sometidos al imperio de la ley, al eventual
ejercicio de la potestad disciplinaria y, en caso de incurrir en ilícito penal,
al control de la autoridad judicial".
El informe de interior subraya que la denuncia "sistemática" de malos tratos presentada por los detenidos en régimen de incomunicación por su presunta pertenencia a organización terrorista "ha sido y sigue siendo una táctica" empleada por esos arrestados que, en la mayoría de los casos, resulta ser "falsa y carente de fundamento".
Precisamente, respecto a la detención incomunicada que el informe considera que debería ser "una medida limitada", el Gobierno señala que ese régimen es una modalidad "excepcional" que el juez adopta con una resolución motivada y que tiene, entre otros objetivos, evitar la conexión del detenido a fin de no perjudicar la investigación judicial.
Sobre la ampliación del plazo máximo de 72 horas de la detención por decisión judicial, el Ejecutivo asegura que si bien la ley prevé que la incomunicación pueda durar hasta un máximo de 13 días (5 bajo custodia policial y 8 en prisión preventiva), en la práctica no se está acordando esa prórroga, de forma que no existen incomunicaciones que duren más de 5 días.
En su respuesta, el Gobierno reprocha a la delegación europea que arroje dudas sobre los métodos empleados por la Guardia Civil y recuerda la legislación que contempla como delitos los malos tratos, con penas privativas de libertad e inhabilitación.
Además, subraya que el poder judicial es independiente en España, como contempla la Constitución, y sostiene que en el sistema español la presencia del juez en los casos de detenidos en régimen de incomunicación "constituye una garantía cuasi-permanente a favor del detenido".
El informe de interior subraya que la denuncia "sistemática" de malos tratos presentada por los detenidos en régimen de incomunicación por su presunta pertenencia a organización terrorista "ha sido y sigue siendo una táctica" empleada por esos arrestados que, en la mayoría de los casos, resulta ser "falsa y carente de fundamento".
Precisamente, respecto a la detención incomunicada que el informe considera que debería ser "una medida limitada", el Gobierno señala que ese régimen es una modalidad "excepcional" que el juez adopta con una resolución motivada y que tiene, entre otros objetivos, evitar la conexión del detenido a fin de no perjudicar la investigación judicial.
Sobre la ampliación del plazo máximo de 72 horas de la detención por decisión judicial, el Ejecutivo asegura que si bien la ley prevé que la incomunicación pueda durar hasta un máximo de 13 días (5 bajo custodia policial y 8 en prisión preventiva), en la práctica no se está acordando esa prórroga, de forma que no existen incomunicaciones que duren más de 5 días.
En su respuesta, el Gobierno reprocha a la delegación europea que arroje dudas sobre los métodos empleados por la Guardia Civil y recuerda la legislación que contempla como delitos los malos tratos, con penas privativas de libertad e inhabilitación.
Además, subraya que el poder judicial es independiente en España, como contempla la Constitución, y sostiene que en el sistema español la presencia del juez en los casos de detenidos en régimen de incomunicación "constituye una garantía cuasi-permanente a favor del detenido".
"El
ordenamiento jurídico español prevé mecanismos concretos de puesta en marcha de
la acción de la Justicia ante cualquier denuncia por malos tratos, incluidas
las formuladas por los detenidos en régimen de incomunicación", deja
claro el Ejecutivo antes de recordar que la práctica de denunciar malos tratos
es una estrategia que aplican "sistemáticamente" los miembros
de ETA "con el fin de obtener repercusión mediática y de revelar
la identidad secreta de los agentes encargados de combatir el terrorismo".
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