Artículos de
Opinión | Grupo de trabajo de Política a Corto Plazo de Acampada Sol |
01-04-2013 |
Señores
diputados de ERC:
Nos
dirigimos a ustedes desde la Asamblea que el 15 de Mayo de 2011 acampó en la
Puerta del Sol de Madrid dando comienzo al movimiento 15M, en concreto desde el
Grupo de Trabajo de Política a Corto Plazo. Desde los primeros días de la
acampada debatimos en busca de incrementar la participación popular directa en
la acción política. En concreto, una de las propuestas más desarrolladas en
este campo es la de reforma de la Iniciativa Legislativa Popular, que pueden
ver desarrollada en nuestro wiki de dominio público.
El pasado
día 9 la prensa publicó la intención de su partido de presentar una iniciativa
legislativa para la incorporación de un nuevo formato de iniciativa
popular,llamada Inicativa de Propuesta Parlamentaria Popular -IPP-, así como la
reforma de la ILP existente en la actualidad. Supone realmente un avance que
los parlamentarios se acuerden de dar verdadero contenido y utilidad a una
herramienta que debería dar cauce a las aspiraciones ciudadanas al art. 23 de
laConstitución, cuando afirma que:
1. Los
ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente
o por medio de representantes.
Nosotros
proponemos una iniciativa que potencie la deliberación popular y el compromiso
ciudadano:
Que permita
desarrollar nuevas formas de organización de la ciudadanía y de las propias
estructuras institucionales.
Que sirva
para fortalecer la participación activa y responsable de los ciudadanos en los
asuntos públicos que resulten de su interés.
Que el
pueblo pueda influir de forma directa en el proceso legislativo como sociedad
civil dinámica y organizada.
Que la ILP
sea un verdadero instrumento de canalización legislativa de aquellas demandas
que cuentan con un importante apoyo social y que sin embargo, no encuentran eco
en las formaciones políticas con representación parlamentaria.
Que la
opinión ciudadana, y no únicamente los partidos políticos, pueda definir y
discutir sobre aquellos temas que deban de ser sometidos al debate y a la
votación pública
Que sirva
para responsabilizar a la ciudadanía en la gestión de la cosa pública e impulse
la concienciación de ciudadanos comprometidos con el bien común.
Que tenga un
reverso de pedagogía cívica y sea una experiencia útil para crear ciudadanos
mayores de edad desde el punto de vista político.
Que sea una
escuela de ciudadanía democrática.
Que genere
un capital social fuerte sobre el que se asiente la democracia y el rendimiento
claro y responsable de los gobiernos.
Que sirva
para aumentar la transparencia en la administración pública, fiscalice la labor
legislativa de los parlamentarios y controle los excesos del poder ejecutivo.
Que sirva
para mejorar la gestión pública e influya para que los recursos de todos sean
administrados de forma mucho más eficiente.
Para ello
creemos que la LP debería cumplir lo siguiente:
Que ninguna
ley, ni la propia Constitución estén fuera de su alcance, sometiéndose sólo a
las restricciones que emanan del cumplimiento de la declaración de derechos
humanos.
Ninguna ILP
puede limitar o vulnerar derechos fundamentales básicos.
Que pueda
finalizar en referéndum. Se reclama el fin de la prohibición al carácter
vinculante del referéndum y la abolición del actual plebiscito consultivo.
Que dé
facilidades a los medios de recogida de firmas y el apoyo mediante nuevas
tecnologías
Que
establezca un límite presupuestario y dé publicidad para evitar el abuso y la
manipulación de las maquinarias propagandísticas de las grandes corporaciones o
grupos de presión.
Que se
articulen las garantías necesarias para que durante la discusión de una ILP se
promueva la libertad de expresión, el debate público y la igualdad de
oportunidades de todas las partes.
Que durante
el proceso de tramitación de la ILP se proteja el derecho de los ciudadanos a
recibir una información libre, veraz y sin manipular.
Resulta
incuestionable que actualmente la ILP no cumple estas funciones y por tanto es
inoperante y debe ser reformada con urgencia. Nos parece sorprendente en primer
lugar que la reforma que proponen no incluya estos puntos. Desde el trabajo
deliberativo y consensuado realizado en nuestro grupo queremos hacerles las
siguientes precisiones:
La propuesta
debería pasar previamente por el Tribunal Constitucional, para asegurar que no
atenta contra derechos fundamentales.
La comisión
promotora debe contar con los medios suficientes y debe poder asistir al debate
de la iniciativa con garantías que la permitan defender su propuesta.
La
disminución del número de firmas, aunque facilitaría la llegada de mayor
cantidad de iniciativas propuestas, pensamos que desvalorizaría la calidad de
este instrumento. Si una petición espera tener el apoyo de la población ¿Por
que no acreditarlo previamente? Relacionar el número de firmas necesarias al
apoyo en las urnas obtenido por el diputado menos votado, por otra parte, nos
parece un vínculo poco menos que insultante ¿ese es para ustedes el valor de la
opinión popular?.
Las
modificaciones realizadas durante la tramitación parlamentaria deberían ser
aceptadas por la comisión promotora o, en caso contrario, el proceso debería
desembocar en un referéndum vinculante, en el que se ofrezcan las dos
alternativas al pueblo, que será el que decida.
Pero nos
parece aún más sorprendente que no obstante a lo dicho propongan una nueva
modalidad de iniciativa popular, que viene a reproducir las mismas carencias
que la existente, y que además es muy similar al derecho de petición -recogido
en la LEY ORGÁNICA 4/2001, de 12 de noviembre-, siendo ya posible con el
sistema existente el envío de peticiones de cualquier clase a cualquier
organismo del Estado.
Creemos que
nuestras propuestas abundan en el fomento de la participación ciudadana en el
ordenamiento jurídico y esperamos sean de su interés. Quedamos a su disposición
para cualquier aclaración al respecto.
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