nuevatribuna.es |Víctor
Arrogante | 06 Diciembre 2014 -
09:43 h
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Foto: Prudencio Morales.
La historia del
constitucionalismo español, está cargada de inestabilidad y falta de
continuidad
Parecía que la
reforma de la Constitución iba en serio, pero no. Pedro Sánchez, secretario
general del PSOE presentó en el Congreso de los Diputados la petición de una
subcomisión de estudio para la reforma. El PP ha dado ún 'no' categórico
previo, por entender la petición cómo un «disparate», inoportuna e innecesaria,
además de «frívola». No quieren solucionar nada. Lo cierto es que la reforma es
más necesaria que nunca, ante la grave crisis política e institucional que tenemos
encima.
Las propuestas
del PSOE, me parecen valiosas, pero insuficientes. Llegan en ún momento en el
que no solo hay que cambiar de Constitución, sino el Sistema y el modelo de la
forma política del Estado, mediante un Proceso Constituyente, que ponga fin a
los postulados de la Transición. Los socialistas pretenden renovar el modelo de
convivencia territorial y recomponer los «consensos rotos», blindar los
derechos sociales y ciudadanos e introducir medidas de regeneración
democrática. En mi opinión, no debe de ser una reforma de adaptación, sino una
ruptura con el modelo; que si en ún principio pudo haber dado resultado, ahora
está agotado.
La Constitución
que ha cumplido treinta y seis años, ha tenido dos reformas. En 1992, para
reformar el artículo 13.2, e introducir la expresión «y pasivo» referida al
ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales,
por imperativo legal tras la firma del Tratado de Maastricht. La del 2011, sin
acuerdo mayoritario, ni político, ni social, para reformar el artículo 135, e
introducir el concepto de «estabilidad presupuestaria» y la prioridad absoluta
del pago de la deuda y sus intereses. Este tiene que derogarse. Si se reformó
por intereses económicos y presión de los mercados, ahora hay que reformarla
por intereses sociales y de calidad democrática.
El PSOE, que no
ha presentado un texto articulado, maneja, al menos, cuatro documentos: la
Petición presentada en el Congreso; «Derechos y libertades en una nueva
sociedad», elaborado para la Conferencia Política en noviembre de 2013; la
«Declaración de Granada», aprobada en el Consejo Territorial del pasado junio;
y el elaborado por un grupo de profesores de la Universidad de Zaragoza. La
propuesta de reforma socialista tienen tres objetivos principales: incorporar a
la Constitución mecanismos que garanticen el Estado del Bienestar; fortalecer y
ampliar los derechos fundamentales de los ciudadanos; y reformar la estructura
territorial del Estado en un sentido federal. Falta proponer la creación de un
Estado republicano
Sobre la
declaración de derechos del Título I en su conjunto, entienden necesario
incluir una referencia expresa al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como la necesidad de
adecuar la interpretación de este titulo a la jurisprudencia de los Tribunales
de Justicia de Derechos Humanos y de la Unión Europea. También ven la necesidad
de reformar el artículo 15, para abolir la pena de muerte —que sólo lo está por
ley orgánica—, suprimiendo su posibilidad «para tiempos de guerra»; así como
que se prohíba expresamente la esclavitud, la trata de seres humanos y el
trabajo forzado.
La reforma
pretende revisar el modelo de Estado con una perspectiva federal, incorporar
las denominaciones de las Comunidades Autónomas creadas, reconociendo las
singularidades y hechos diferenciales de algunas de ellas, delimitando las
competencias del Estado y de las CCAA, sistema de financiación e instrumentos
de cooperación y lealtad institucional. Se redefinirían las funciones y la
composición del Senado y se determinaría la financiación y las competencias de
las entidades locales, de forma que se garantice la prestación de los servicios
públicos básicos.
Pretenden
completar el sistema de derechos y libertades, ampliando el ámbito del derecho
a la igualdad de trato y no discriminación, dotando del máximo reconocimiento y
nivel de protección a derechos de contenido social prestados por los servicios
públicos: derecho de protección de la salud y a la seguridad social,
convirtiendo en derecho ciudadano, el derecho a pensiones. También proponen
blindar los derechos a la sanidad y a la educación pública, reformando
el artículo 135, que antepone el pago de la deuda a otros gastos,
garantizando un porcentaje anual mínimo del PIB, que asegure la dotación
presupuestaria suficiente para hacerlos reales y efectivos para todos.
También proponen
que se reconozca el derecho a morir dignamente e inclusión como derecho
fundamental, la asistencia jurídica gratuita para aquellos que acrediten
insuficiencia de recursos para litigar. Hay que excluir las sanciones
privativas de libertad del ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, para cumplir la jurisprudencia del TEDH, según la cual sólo los jueces
pueden imponer sanciones privativas de libertad. Recuerden al teniente Segura,
preso por denunciar la corrupción en el ejercito, sometido a los tribunales
militares, en lugar de los ordinarios.
En materia de
vivienda y los desahucios por el impago de alquileres e hipotecas, la propuesta
socialista reconoce el derecho a la vivienda, no como simple bien de consumo,
sino como derecho básico, que prevea la dación en pago, que impida la ejecución
de desalojos sin las debidas garantías legales, sin audiencia a los afectados y
sin alternativa de alojamiento aunque sea temporal.
La historia del
constitucionalismo español, está cargada de inestabilidad y falta de
continuidad. Hoy, pese a lo que dicen, tampoco hay estabilidad institucional,
sino todo lo contrario. Las dos últimas constituciones de 1876 y 1931,
terminaron mal y en ambos casos se dieron situaciones políticas,
institucionales, económicas o sociales insostenibles, que significaron el fin
de un régimen. 1868, coincidió con las «catástrofes» coloniales y con que los
liberales, demócratas y republicanos, opositores a la monarquía, consiguieron
expulsar del trono a Isabel II y promover la elaboración de una nueva
constitución que superara a la de 1845. La Constitución de 1876, fue de las más
avanzadas de su época y representó un cambio de tendencia en la política
española.
La dictadura de
Primo de Rivera, apoyada e instigada por el rey Alfonso XIII, fue el preludio
al proceso constituyente de 1931. La unión de las fuerzas republicanas y
socialistas, junto con los sindicatos de clase, posibilitaron que las
elecciones municipales de abril significaran el fin de la monarquía. Las
elecciones posteriores a la proclamación de la Segunda República
fueron constituyentes. La ruptura con el pasado fue total: se progresa en
democracia, se cambian los símbolos, el modelo político del estado, se
introducen derechos y se cambian estructuras y modos de funcionamiento. Todo
desapareció con el golpe de estado fascista del general Franco.
El nacimiento de
la Constitución en 1978 estuvo cargado de dificultades y obstáculos. Las Cortes
surgidas de las elecciones del 15 de junio de 1977, sin saberlo fueron
Constituyentes. Tras la muerte del dictador, se abrió en España una nueva era,
cuyo proceso constitucional se inició con Transición, que hoy sabemos no fue
modélica. El proceso no fue sencillo, la crisis económica y el terrorismo lo
dificultaron, el régimen estaba intacto y todo «atado y bien atado. Salíamos de
una larga y cruenta dictadura, con peligros de involución, que culminaron con el
golpe de estado del 23F en 1981. Gobierno y oposición entendieron que era
necesario redactar una constitución aceptada por la mayoría de las fuerzas
políticas. El rey heredero de Franco, el ejército y el gobierno tenían el
poder, la oposición la legitimidad democrática y se avinieron.
El consenso
político y la redacción expresamente ambigua, permitieron resolver los temas
más conflictivos del momento. Hoy esa misma ambigüedad y la interpretación
interesada, permite al actual gobierno, subvertir principios y valores y llevar
a cabo una política antisocial, antidemocrática y reaccionaria. Entonces
permitió dar respuesta a la forma de estado y de gobierno, modo de elección, la
cuestión religiosa, el modelo económico y la descentralización territorial. Hoy
es distinta la situación, pero los mismos temas siguen presentes. El debate
está abierto.
La Constitución
de 1869, convivió con el golpe de estado y la dictadura de Primo de Rivera. La
de 1931, terminó criminalmente por el golpe de estado, la guerra y la dictadura,
entre otras causas por el problema territorial histórico que sigue sin
resolverse. Las diferentes señas de identidad, históricas y culturales, la
multiculturalidad y la diversidad, son valores que enriquecen la identidad
común y así tiene que reconocerse y permitir su propio desarrollo. Estos hechos
tienen que quedar plasmados en la Constitución, en el marco de un estado
federal, que junto con el derecho a decidir, queden clarificadas las
competencias, se fije un modelo fiscal y se establezcan mecanismos de
cooperación y solidaridad. Un modelo que venga a dar estabilidad política, que
sea viable económicamente y justo socialmente.
Mi recuerdo
emotivo a la Constitución de la Segunda República. Declaraba que todos los
españoles son iguales ante la ley; que el estado español no tiene religión
oficial, y estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las
regiones que se constituyan en régimen de autonomía. España renunció «a la
guerra como instrumento de política nacional». Se rompía con la tradición
bicameral y eliminaba el Senado. El Congreso tenía la facultad de destituir al
Jefe del Estado (con mandato de siete años), que era elegido de forma mixta:
por los parlamentarios y a través de compromisarios elegidos por sufragio
universal. La República se declaraba laica, garantizando la libertad de culto y
prohibiendo a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza, desvinculando al
Estado de la financiación de la iglesia. Significó una ruptura radical y un
foco de tensión, que costó la vida a la República.
La Constitución
republicana, reconocía la libertad de expresión, reunión, asociación y
petición; el derecho de libre residencia, de circulación y elección de
profesión; inviolabilidad del domicilio y correspondencia; igualdad ante la
justicia; protección a la familia, derecho al divorcio, al trabajo, a la
cultura y la enseñanza, así como el derecho de voto a todos los ciudadanos de
más de 23 años y a las mujeres; toda una revolución democrática. Se suprimía
los privilegios de clase social y de riqueza; y se abría la posibilidad de
socialización de la propiedad y de los principales servicios públicos
Pasado el tiempo,
sigue siendo necesario dar solución definitiva a la cuestión religiosa en
España. La Constitución declara que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal»
y esto no se cumple en la práctica. En un estado laico, se ha de dar una
efectiva y real separación entre el estado y las iglesias. Los fondos públicos
no pueden dedicar su esfuerzo ni a la iglesia católica ni a ninguna otra. La religión
tiene que salir de la escuela para nunca volver y todo tiene que quedar
plasmado en la próxima Constitución. El Concordato y los acuerdos de privilegio
con el Vaticano deben derogarse, enmarcando las relaciones en el ámbito
diplomático de reciprocidad.
No quiero
terminar este análisis sin destacar lo que echo en falta en la propuesta
socialista. No cuestionan la forma política de Estado (artículo 1.3) ni la
forma de elección del jefe del Estado, pero sí ven la necesidad de modificar la
Constitución, para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la
sucesión de la Corona, por suponer una discriminación por razón de sexo. Aquí
hay una contradicción; cierto que existe discriminación; pero hay que tener en
cuenta que la mayor discriminación se da en el propio régimen monárquico, don
existe el privilegio de la sangre y la discriminación por razón de herencia en
el acceso a la jefatura del Estado y por el disfrute de privilegios perpetuos,
que solo la familia real mantiene. La monarquía está muy alejada de los
principios de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. El acceso a
la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano de representación, no
puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática
concurrencia ciudadana. No cabe la persona del rey inviolable y no sujeta a
responsabilidad. Cuando finalice el Proceso Constituyente que se propone,
tendrá que abandonar el trono.
El sistema
electoral actual, impide que una parte de las formaciones políticas y
ciudadanas accedan a las instituciones representativas, favoreciendo el
bipartidismo, como se previó. Hay que establecer un sistema general electoral
que permita listas abiertas, desbloqueadas, así como la eliminación de la
barrera electoral del 3%. El sistema de la Ley d’Hont, que prima a los partidos
más votados, debe cambiarse para que se garantice la proporcionalidad y equidad
del voto y la igualdad de oportunidades para todas las formaciones políticas y
ciudadanas.
La fractura
social provocada por la desigualdad sistémica, hace necesaria la ruptura con el
Sistema y con la Constitución que le sustenta. Convóquese un referéndum, que
permita abrir un Proceso Constituyente amplio y abierto, que diseñe un proyecto
de Estado Republicano democrático avanzado de convivencia, que de respuestas a
los retos actuales.
Un nuevo Poder
Judicial, un nuevo Senado, un nuevo papel para el mundo local. Un nuevo país
que recupere la justicia social. Con la creación del Estado Republicano, se han
de recuperar las instituciones para la mayoría social, quienes con el fruto de
su trabajo, hacen que el futuro sea posible, al servicio del interés general y
de la soberanía que reside en el pueblo.
Un Estado
Republicano, plurinacional, solidario, participativo y laico, debe contar con
una nueva estructura territorial federal, con un modelo de financiación y de
política fiscal viable; que incorpore mecanismos que garanticen el Estado
social, en el que la universalidad de los servicios públicos esté sustentado
por principios y valores de libertad, igualdad, justicia social y solidaridad,
que fortalezca y amplíe los derechos fundamentales de los ciudadanos,
equiparando derechos civiles y políticos blindados, para evitar que los
gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del Estado de Derecho.
Imagen de la
manifestación celebrada el 7 de junio de 2014 en Madrid. (Foto: Prudencio
Morales)
Fuente: www.nuevatribuna.es
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