La nota de Religión volverá a contar para
hacer media y para acceder a becas
El Gobierno pagará a centros privados en
Cataluña para enseñar en español
La nota de
Religión volverá a contar para hacer la media y para obtener becas. Es otra victoria de
los obispos españoles en el proyecto de reforma de la enseñanza que
hoy ha aprobado el Gobierno y que concita una fuerte oposición de los más
variados sectores, desde la comunidad educativa (sobre todo en la escuela
pública) a casi todo el arco político fuera del PP. El ministro José Ignacio
Wert ha defendido su reforma como el antídoto para mejorar un sistema escolar
que sufre un 24,5% de abandono escolar y obtiene resultados mediocres en las
evaluaciones internacionales.
Lo intentará
adelantando los itinerarios hacia la FP, con evaluaciones externas que serán
reválidas en la ESO y el bachillerato o reforzando el margen de decisión de los
directores de los centros. Sin embargo, para buena parte de la escuela pública
(que el jueves pasado sacó a la calle a decenas de miles de personas en toda
España contra la ley)
no es más que la otra cara de los recortes educativos, que mira al pasado, que
va a segregar alumnos desde muy jóvenes y además apoya a la escuela concertada
y a la Iglesia.
De hecho,
los obispos han conseguido con esta reforma (LOMCE) hacer realidad sus
reclamaciones: desaparecerá completamente la materia de Educación para la
Ciudadanía, será obligatorio estudiar la asignatura confesional de Religión o
su alternativa (Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en
secundaria) y, según ha confirmado hoy el ministerio, su nota volverá a contar
para todo, igual que las demás. Esto no ocurría desde que se aprobó la ley
educativa de 1990 (LOGSE), explica el expresidente de la Federación Española de
Profesores de Religión, Rafael Ramírez.
La evaluación de la materia confesional dejó de
computar con la ley de 1990
Ahora, la
Religión no tiene una materia alternativa, los centros deben ofrecerla pero
cada alumno elige si la cursa o no. Su nota cuenta para pasar de curso (se
repite con más de dos o tres suspensos), pero no hace media para conseguir
becas ni para cualquier proceso competitivo ni de admisión de alumnos. La ley
educativa que aprobó el Gobierno del PP en 2002 (LOCE) también preveía para la
Religión un estatus muy similar al que establece la actual reforma, pero
aquella apenas llegó a entrar en vigor porque el Gobierno socialista la
paralizó al llegar al poder en 2004.
La
asignatura de Religión ha estado en el centro del debate educativo desde la
Transición, con fuertes polémicas siempre condicionadas por el Concordato
firmado entre el Estado español y el Vaticano, que establece que se garantizará
“la enseñanza de la Religión Católica como materia ordinaria y obligatoria en
todos los centros docentes, sean estatales o no estatales, de cualquier orden o
grado”. En ese contexto, los obispos siempre han reclamado que la materia confesional
fuese evaluable y computara para la nota media así como que tuviera una
asignatura alternativa fuerte, para atraer a más alumnos a la materia
confesional.
“Con esta
medida se intenta frenar el hecho de que cada vez menos niños optan por la
Religión. Piensan que puntuando en la media podrán parar la sangría”, opina
Fernando Delgado, presidente de Europa Laica. Entre el curso 2000-2001 y el
2009-2010, se registró un descenso de más de ocho puntos, según los datos del
Ministerio de Educación. En primaria, se pasó, en una década, del 83,32% de
matriculados en Religión al 74,19%. En secundaria, del 63,71% al 54,39%. Y del
47,68% al 41,14% en bachillerato. “La asignatura de Religión tiene que ser
ofrecida en condiciones de libertad para los alumnos que la elijan, pero como
una asignatura equiparable a las fundamentales”, dijo el
secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española,
Juan Antonio Martínez Camino en octubre.
Los obispos siempre han reclamado una alternativa
fuerte
Pero el de
la Religión es solo uno de los cambios polémicos que prevé la reforma. Son
tantos y tocan temas tan sensibles (Religión, convivencia entre la escuela
pública y la concertada,
la inmersión
lingüística en Cataluña, coeducación) que han llegado a acaparar más
atención (y quizá han sacado a más gente a la calle) que otros apartados
centrales de la profunda reforma del sistema que está acometiendo el Gobierno.
Sobre muchas
de esas cuestiones polémicas pidió cambios y matizaciones el Consejo de Estado en un duro
dictamen publicado hace tres semanas. Wert ha asegurado hoy que se
han atendido buena parte de las recomendaciones del Consejo de Estado, que en
ningún caso cuestionaba apartados esenciales, aseguró. Sin embargo, algunas,
como la petición de que haya una materia obligatoria de Ciudadanía, se han
desoído.
Sobre la
Religión, el dictamen dijo que se podía estar discriminado a los alumnos que
estudien esta materia, porque no podrían cursar la de Valores. Ahora ya no
serán excluyentes, porque ambas se ofrecerán en el bloque de optativas, de tal
manera que, quien quiera, podrá estudiar las dos.
La ley blinda las subvenciones a los colegios que separan
por sexo
Educación
también ha hecho una pirueta para sortear las objeciones del Consejo de Estado
sobre otro de los puntos más polémicos de la ley: la enseñanza en castellano en
Cataluña. El Gobierno central adelantará el dinero para pagar a los colegios
privados donde se matricularán los alumnos que no encuentren otra opción de
estudios con más clases en castellano.
El sistema
es de inmersión lingüística, con todas las materias en catalán, menos en la
asignatura de Lengua y Literatura Española. El Gobierno ha reservado cinco
millones de euros de la memoria presupuestaria de la ley (el 21% del
presupuesto para la reforma el primer año) para cubrir la escolarización de
unos 1.000 potenciales alumnos que solicitaran más clases en castellano en esta
comunidad. El ministerio admitió que si la Generalitat tiene razón y la demanda
no supera las 17 solicitudes al año, estos costes "serán
insignificantes".
Los padres
que quieran optar por esta enseñanza en castellano tendrán que iniciar un
procedimiento administrativo a través de la Alta Inspección del ministerio.
Esta investigará si, efectivamente, estas familias no tienen esa posibilidad en
centros sostenidos con fondos públicos y lo comunicarán a la Generalitat. Si el
Gobierno catalán no lo soluciona, el ministerio pagará una plaza en un centro
privado. Se trata de una medida “excepcional y transitoria”, dijo Wert, hasta
que se cumplan las sentencias que obligan a ofrecer la posibilidad de tener una
“proporción razonable” de clases en castellano.
Algunos miembros del PP temen que la norma se apruebe
sin ningún apoyo
“No es una
ley pedagógica, es una ley recentralizadora”, valoró la consejera de Enseñanza
de Cataluña, Irene Rigau, quien calificó la LOMCE como un “ataque frontal al
Estatut, a la Ley de Educación catalana y al modelo de inmersión lingüística”,
informa Ivanna Vallespín.
El blindaje
de las subvenciones a los colegios que separan por sexo es otro de los puntos
que han levantado ampollas. Educación asegura que ha introducido una cláusula
por la que los centros segregados que soliciten financiación pública tendrán
que justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. El Consejo de
Estado había reclamado esta justificación.
Ahora, la reforma iniciará su
trámite parlamentario en un Congreso con mayoría absoluta y sin más apoyos que
esos votos. Algunos miembros del Ejecutivo y dirigentes del PP están muy
preocupados por la posibilidad de sacar la norma sin consenso, solo
con la mayoría del PP. Wert, sin embargo, dijo ayer que intentará alcanzar
acuerdos, pero que, en cualquier caso, la van a sacar: “La ley, hasta que sea
abolido Montesquieu de nuevo, es la expresión de la voluntad popular y esa se
expresa a través de los votos de la cámara”, dijo el ministro, según informa
Carlos E. Cué.
Fuente: www.elpais.com
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