En unas horas el monarca liquidó la imagen de "neutralidad" que con tanto esmero algunos habían estado construyendo durante décadas
Jueves, 4 de abril de 2013
Por Máximo Relti / Canarias Semanal
Nuestro
gozo en un pozo. Desde las primeras horas de la tarde del miércoles medio mundo
celebraba el hecho de que, por fin, la Infanta Cristina, como cualquier
plebeya de a pie, tuviera que comparecer ante los tribunales, a consecuencia de
las abrumadoras evidencias de sus compromisos con la empresa fraudulenta que
regentaba con su esposo.
Hasta el corresponsal Nicholas Kamm, de la agencia
France Press, titulaba alborozado un reportaje al respecto con esta
significativa frase: "Imputan por primera vez en la historia a un
miembro de la familia real española". Tampoco se quedó atrás la
euforia del coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara.
El dirigente de esta formación política, en un arrebato, llegó a decir:
"Más vale tarde que nunca". Y añadió esperanzado: "Hace
mucha falta en este país que haya jueces que tiren para delante con la
independencia del poder judicial". Con estas palabras, Lara ponía
de manifiesto su creencia de que la "independencia" del poder
judicial depende de la voluntad o la benevolencia de magistrados honestos y
aguerridos, como si el aparato del Estado no respondiera con fidelidad a los
intereses de las clases dominantes. Pero no deben de sorprender las
declaraciones ingenuas del dirigente de IU, sobre todo si se tienen en
cuenta aquellas otras que formuló hace un par de años en la ciudad de Las
Palmas, en las que aseguraba que en España era posible llegar al
socialismo de la mano de la vigente Constitución monárquica. (Para leer y
escuchar las declaraciones de Cayo Lara pinche AQUÍ).
Las alegrías, sin embargo, duraron muy poco. Apenas unas horas. Es la mala
pasada que suelen jugar a los crédulos las ilusiones infundadas. Pronto la
larga mano del monarca Juan Carlos Borbón se puso enérgicamente en
movimiento para impedir que su hija tuviera que responder a las preguntas de un
simple juez de provincias. En una tarde el Borbón, de un manotazo, rompió la
imagen que algunos de sus más fieles súbditos habían estado construyendo
con tanto esmero durante décadas: su neutralidad como Jefe del Estado y el
papel simbólico que la Transición le había encomendado.
Es muy posible que la decisión del juez cogiera al monarca enredado entre sus
parihuelas. En una primera comunicación a las agencias de noticias, la
portavocía real manifestó que el monarca no comentaba "nunca" las
decisiones judiciales. Pero pronto, sin que hubiera margen de discontinuidad,
el heredero del Caudillo se recompuso y de un puntapié convirtió aquel "nunca"
en un rotundo "siempre que no me toquen las narices".
En una nota enviada a las agencias de prensa el borbónico monarca no tuvo
el más mínimo reparo en expresar su "sorpresa" ante lo que
estimaba como un inaceptable cambio de criterio del magistrado José Castro hacia
la Infanta Cristina. Manifestó también, a través de sus
intermediarios de la Casa Real, su apoyo al Fiscal, paradójicamente
denominado "anticorrupción", en su iniciativa de impedir
que la Infanta deba comparecer ante los tribunales.
Ni que decir tiene, que esta intromisión del monarca en procedimientos
judiciales que no le competen pone en evidencia que la "neutralidad"
real en relación con los temas de Estado, tan elogiada como virtud de la
supuestamente impecable Transición monárquica, no es más que un bluff
destinado al encantamiento de ingenuos, o una inteligente artimaña en manos de
aquellos que han detentado el poder político y económico durante los últimos 35
años.
El digital "Público", sucesor en la comunicación
periodística del hasta hace poco todopoderoso y socialdemócrata "El
País", escribió en la tarde del miércoles que la intromisión del Jefe
del Estado en el procedimiento judicial que se sigue contra su hija infanta
Cristina es el "primer gran ataque del Rey a la independencia
judicial". Esa afirmación no es en absoluto cierta. Con más
precisión: es falsa, es una mentira evidente. Durante décadas el monarca
español ha sido protagonista de voluminosos y suculentos negocios, que lo han
terminado en un hombre que ha acumulado una gran fortuna. Al respecto
existe una abundante literatura, fundada en decenas de testimonios de
destacados personajes del mundo de la especulación financiera. La
documentación al respecto es profusa en libros, entrevistas y documentales. Sin
embargo, para la alta magistratura judicial del país esos hechos han sido
invisibles, pese a la fecunda divulgación que han tenido en todos los
ámbitos. Que sepamos, ninguno de nuestros altos togados se sintió nunca
motivado para indagar lo que había de cierto en todo ese acopio de
declaraciones, en relación con las presuntas actividades mercantiles del
monarca.
Cierto es que nuestra democrática Constitución contiene un aberrante
artículo envenenado que consagra la inviolabilidad de la persona del Rey. Es
decir, el carácter "injuzgable" de su gestión como Jefe del
Estado y como persona. Él no puede ser juzgado. Como su predecesor el
Caudillo, solo es responsable ante Dios y la Historia Pero aun desde esa
garantía feudal que impregna el articulado de nuestra llamada "Carta
Magna", no existe en ella ninguna clausula que impida a la
magistratura del país proceder a la investigación de los presuntos delitos,
vinieren de donde vinieren. De manera que la independencia judicial nunca ha
podido ser atacada, simplemente porque nunca ha existido.
En España a Montesquieu, de existir en alguna etapa de nuestra historia,
lo asesinaron con alevosía el 18 de julio de 1936. Desde entonces su fantasma
vaga atónito por las Audiencias judiciales de todo el Estado tratando de
encontrar en sus lugares más recónditos el famoso "Espíritu de las
Leyes". No acaba de encontrarlo. Posiblemente no lo encuentre jamás,
por lo menos en los ámbitos por donde con tristeza deambula.
RT INFORMA DE LA IMPUTACIÓN ANTES DE
QUE SE PRODUJERA EL RECURSO DEL FISCAL ANTI CORRUPCIÓN
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