Cerca de 870.000 personas
perdieron su tarjeta sanitaria con la reforma del Gobierno de 2012, muchas de
ellas inmigrantes en situación irregular
La Defensora del Pueblo y el
Tribunal Constitucional han puesto en duda el ahorro económico de excluir a
estas personas de la sanidad pública
Las ONG denuncian los errores
sistemáticos en los centros sanitarios públicos en situaciones en las que estas
personas sí deberían ser tratadas: urgencias, menores de edad y embarazadas
31/03/2015
- 12:07h
Inmigración:
un camino lleno de prohibiciones (Olmo Calvo)
Casi
tres años años después de que el Gobierno publicara en el BOE el decreto que
dio forma a su reforma sanitaria, y que más tarde quitaría sus tarjetas a cerca
de 870.000 personas, el ministro de Sanidad Alfonso Alonso ha afirmado que
devolverán a los inmigrantes en situación irregular la asistencia en Atención
Primaria. La población sin permiso de residencia ha sido de las más afectadas
por la exclusión sanitaria, según han denunciado las ONG. Por el camino quedan
las denuncias de irregularidades en la atención obligatoria, como las
urgencias, y la muerte de tres personas: Alpha Pam, Soledad Torrico y Janeth Beltrán.
En
abril de 2012, el decreto 16/2012 hacía público el recorte de derechos de
atención médica que iban a sufrir, entre otros, los inmigrantes en situación
irregular y que entraría en vigor en septiembre. Estas personas perdían el
acceso normalizado al sistema de salud público y sólo serían atendidas en caso
de urgencias y, en todo caso, cuando se tratase de embarazadas y menores de
edad.
En
agosto, un nuevo decreto que regulaba la condición de "asegurado y
beneficiario" ampliaba la atención a las víctimas de trata y los
solicitantes de protección internacional mientras su estancia esté autorizada
en España. Después, el Gobierno apuntaba que en los casos de salud pública,
como las enfermedades infecciosas, los pacientes también tendrían acceso a
seguimiento médico.
Aunque
el decreto 16/2012 nacía con el título "de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad
y seguridad de sus prestaciones" y, según el Ejecutivo, pretendía
homogeneizar la atención entre las comunidades autónomas, las diferencias en la
aplicación de la norma entre las diferentes regiones ha sido una de las
principales características.
Cataluña,
País Vasco, Navarra, Asturias, Andalucía y Canarias rechazaron la norma y han
regulado, dentro de sus competencias, para que estas personas pudieran acceder
al sistema sanitario público. Además, varias regiones y el Gobierno presentaron
recursos ante el Tribunal Constitucional por diferentes motivos, como por la
invasión de competencias y restricción de derechos fundamentales.
Algunas
regiones gobernadas por el Partido Popular, como la Comunidad Valenciana y
Galicia, aprobaron "programas de protección", que dan acceso al
médico de cabecera a los inmigrantes que superan un cierto periodo empadronados
en estas regiones y cuentan con recursos limitados.
La
solución que propuso la exministra de Sanidad, Ana Mato, para las personas sin
tarjeta sanitaria pasaron por unos seguros públicos de atención sanitaria, con
un coste de entre 60 y 157 euros al mes, que a principios de año solo contaba con 489
personas suscritas.
Los convenios públicos no incluyen la prescripción farmacéutica.
Las
organizaciones en contra de la exclusión sanitaria, como Médicos del Mundo y Yo
Sí, Sanidad Universal, han denunciado en estos más de dos años la confusión
imperante en los centros sanitarios a raíz de la norma, donde se ha llegado
a excluir a personas en supuestos contemplados en la nueva legislación, y las
enormes diferencias de los derechos de los ciudadanos dependiendo de la región
donde vivan.
Los
nombres de Alpha Pam, Soledad Torrico y Janeth Beltrán, que no contaban con
tarjeta sanitaria debido a su situación administrativa y murieron sin la
atención adecuada según sus familiares, están presentes en todas las denuncias
de las ONG. El decreto ha costado vidas, aseguran, y exigen su derogación. Este
medio publicó, entre otras, la historia de
Milagros,
que tuvo un aborto después de haber sido rechazada en urgencias; la de Óscar, al que exigieron un
compromiso de pago de 390 euros para verle en urgencias en un hospital público
madrileño; la de los ancianos
extranjeros residentes legales en España, gracias a la reagrupación familiar, a los
que la Seguridad Social niega la tarjeta sanitaria porque no han cotizado antes
en España.
Este
marzo, la mayoría de los partidos de la oposión ha acordado incluir en sus
programas electorales la "restitución efectiva" del derecho universal
a la salud para todos los ciudadanos que viven en España. Entre ellos no se
encuentra Ciudadanos, cuyo líder Albert Rivera ha defendido un sistema con
"cobertura básica" para los inmigrantes en situación irregular, como
el que aprobó el Partido Popular.
La
Defensora del Pueblo y el Constitucional no ven probado el ahorro
La
norma de exclusión sanitaria ha sido defendida como una medida de ahorro
económico, como el copago farmacéutico. Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno no ha
probado este impacto beneficioso en las arcas del Estado. Así ha quedado reflejado
en los informes de la Defensora del Pueblo —que aboga por devolver el acceso a
la sanidad normalizada a todos los ciudadanos— y también en un auto de abril
del Tribunal
Constitucional que restauró la validez de la Ley Navarra de Asistencia
Sanitaria
(recurrida por el Gobierno), que garantiza la atención a inmmigrantes en
situación irregular.
En
esta ocasión, el alto tribunal apuntó que el Ejecutivo no había demostrado
suficientemente "el impacto económico" de la aplicación de la norma
navarra, que según el Gobienro implicaba un "perjuicio económico". El
auto iba más allá y apuntaba que el derecho a la salud "no puede verse
desvirtuado por la mera consideración de un eventual ahorro económico".
Las ONG recibieron con satisfacción la decisión del tribunal, que también se
manifestó en el mismo sentido con la ley sanitaria vasca en diciembre de 2012.
La
semana pasada, la Audiencia de Palma ordenó reabrir la investigación judicial
de la muerte de Alpha Pam, el joven senegalés sin tarjeta sanitaria que
falleció de tuberculosis en 2013, una enfermedad para la que existe tratamiento
en España. El tribunal —que investiga la posible responsabilidad de una médica
y un enfermero que lo atendieron en el hospital en urgencias (pero no le
sometieron a la radiografía que había solicitado un médico de atención
primaria)— apuntaba además que " no hay dudas de que se produjeron fallos
en el Sistema Sanitario en su conjunto y en cadena".
El
auto reconoce también una de las principales denuncias de las
organizaciones sociales: esta norma y la conducta de algunos hospitales (que
exigen compromisos de pago en urgencias, una "ilegalidad" según
recoge el juzgado) han ahuyentado de las consultas a algunas personas que
requerían asistencia médica por miedo a que no les atendieran.
Fuente:
www.eldiario.es
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