DE LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA, A LA DE LA SALUD

Paco Rodríguez de Lecea Escritor

04 de Abril de 2015(17:24 h.)

Ante semejantes desafueros por parte de un gobierno de Catalunya que ha puesto ya el piloto automático para conducir al país a una declaración unilateral de independencia, uno se pregunta si tantas prisas por tener un «Estat propi» no se deberán al hecho de que cuentan en firme con un comprador para el mismo, y no tienen la menor intención de echar a perder el negocio

Se ha presentado en Barcelona el Pacto Social para el Agua Pública en Catalunya, dirigido a una gestión integral, pública y participativa del agua, dado que los servicios “en baja” (a los hogares) en todos los principales centros urbanos están gestionados por la empresa mixta formada por la multinacional Agbar (Aguas de Barcelona) y la AMB (Área Metropolitana de Barcelona), que aprobó la creación de dicha empresa con los votos favorables de CiU y PSC. Los promotores del Pacto Social han sido la plataforma Aigua és Vida, los sindicatos CCOO y CGT, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya (CONFAVC), Ecologistas en Acción, y hasta un total de más de veinte organizaciones. Han suscrito el pacto las siguientes instancias políticas: ERC, ICV, EUiA, la CUP, Barcelona en Comú, Podemos y Procés Constituent, que se han comprometido a incluirlo en sus programas para las próximas elecciones municipales.

No parece exagerado calificar de importante el Pacto, y sin embargo aún no lo encuentro reseñado en las ediciones digitales de El País ni La Vanguardia, que en cambio dedican atención al anuncio hecho por el alcalde Trías de un nuevo cuerpo policial que perseguirá conductas incívicas tales como el consumo de alcohol y el orinar en la calle.

Al menos encuentro también en los dos medios citados el eco del malestar que está provocando el conseller de Sanidad Boi Ruiz, reincidente empedernido en políticas privatizadoras, con dos iniciativas de su departamento: la creación del Consorci de Lleida, y la propuesta de venta de datos sanitarios recogidos e informatizados por la Administración. Son dos temas en los que el Parlament ha dado el alto al conseller, sin conseguir detenerlo hasta el momento. Alega el hiperactivo Boi Ruiz que publicar en el Diario Oficial de la Generalitat la propuesta de Estatutos del futuro Consorci no implica desobediencia al mandato del Parlament de paralizar las gestiones para su creación. En el caso de los datos sanitarios, afirma estar llevando a cabo su “anonimización” e insiste en los beneficios de ponerlos a disposición de la ciencia y la investigación. Pero no estamos hablando de puesta a disposición sino de venta, y esta no se limitará a organismos científicos y universidades, sino que podrá recaer en primera o en segunda instancia en otras entidades; por ejemplo las compañías farmacéuticas, vieja obsesión de sor Teresa Forcades, las cuales cuentan con medios muy avanzados y sofisticados, susceptibles de “desanonimizar” lo “anonimizado”.

Ante semejantes desafueros por parte de un gobierno de Catalunya que ha puesto ya el piloto automático para conducir al país a una declaración unilateral de independencia, uno se pregunta si tantas prisas por tener un «Estat propi» no se deberán al hecho de que cuentan en firme con un comprador para el mismo, y no tienen la menor intención de echar a perder el negocio.

Fuente: www.nuevatribuna.es