Se dejan de recaudar 90.0000
millones al año
La iniciativa
parte de unas estimaciones de fraude fiscal de unos 80.000 millones, de los que
sólo se recaudan 11.000 al año.
nuevatribuna.es02
de Abril de 2015 (19:13 h.)
La
Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) reclama al Gobierno que apruebe, antes de que
acabe la legislatura, una ley de Lucha contra el fraude fiscal, la
economía sumergida y la elusión que reduzca hasta el 3% del PIB el fraude
tributario y en diez puntos la economía sumergida que existe en España en
apenas cuatro años.
La
iniciativa, que será debatida en el Pleno del Congreso y a la que ha tenido
acceso Europa Press, parte de unas estimaciones de fraude fiscal de unos 80.000
millones de euros, de los que sólo
se recaudan 11.000 millones al año, con una deuda pendiente de cobro de unos
50.000 millones. "Sólo se recauda un euro de cada seis descubiertos",
señala, citando datos
del Sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha).
Además,
algunas estimaciones
de la economía sumergida apuntan a que en 2013 equivalía al 29,1% del PIB
nacional, con lo que el Estado deja de recaudar cada año unos 82.000
millones adicionales. Si a esto se suma la pérdida recaudatoria derivada de
la elusión fiscal, la cifra llega a unos 90.0000 millones de euros.
Dado
que el fraude fiscal prescribe a los cuatro años, IU-ICV-CHA calcula que existe
un 'fraude vivo' de unos 316.000 millones en España, que se elevaría a 600.000
millones con sólo extender a ocho ejercicios ese plazo de prescripción,
"sin tener en cuenta recargos ni multas".
"Las
posibilidades de recuperación de recaudación fiscal con la aplicación de una
ley como la que proponemos generaría en cuatro años una bolsa de 15.000
millones anuales, a los que habría que sumar 75.000 millones más al año por la
recuperación de fraude histórico vivo, evaluado sólo en el 50% de sus
cantidades netas y repartido entre cuatro ejercicios", apostilla la
coalición.
Ante
estas cifras, y dado que reducir el fraude es "condición
necesaria" para disminuir el déficit público sin incrementar la
deuda y sin "deteriorar los servicios ni renunciar a gasto público",
la Izquierda Plural considera que "no tiene justificación ética ni
moral" que no se apliquen las medidas necesarias para avanzar en esta
tarea.
Por
eso, exige al Ejecutivo que en el plazo máximo de seis meses y, en cualquier
caso, antes de que acabe la legislatura, presente un proyecto de ley de
Medidas urgentes para combatir el fraude fiscal, limitar la elusión y reducir
la economía sumergida que lleve a España a niveles similares a los de los
socios europeos en esos aspectos en un plazo de cuatro años.
En
ese tiempo y "combinando medidas de estímulo al cumplimiento de las obligaciones
fiscales con el reforzamiento de las penalizaciones", IU-ICV cree
que se podría reducir en diez puntos del PIB la economía sumergida, el
fraude fiscal hasta un mínimo de tres puntos del PIB y además se podría limitar
a ocho puntos porcentuales de la base imponible la diferencia de los tributos
que pagan personas físicas o empresas por un mismo tributo.
En
concreto, para luchar contra el fraude la formación propone reducir de 2.500 a
1.000 euros el pago máximo permitido en metálico o reducir hasta los 50.000
euros lo que se considera delito de fraude contra la Hacienda Pública en el
Código Penal y hasta los 120.000 euros el delito agravado, fijando ese tope en
50.000 euros acumulados en el caso de fraude a las cotizaciones de la Seguridad
Social.
Además,
defiende revocar la licencia a los bancos o entidades emisoras de
tarjetas que no colaboren con la Agencia Tributaria en la información
y persecución del fraude, generalizar el criterio de retención a cuenta en la
fuente para todas las rentas, determinar que si no hay factura o no consta el
IVA en ella la cantidad sobre la que hay que pagar es la más alta pactada
verbalmente o el precio medio del mercado, o limitar "rigurosamente"
el uso de estimación objetivo de módulos a los microempresaris que sólo venden
a consumidores finales.
Otras
de sus medidas pasan por ampliar en un año el periodo de prescripción
del fraude fiscal, plazo que se elevaría a dos a partir del primer año de
aplicación, a tres a partir del segundo y a cuatro a partir del tercero, volviendo
a los plazos actuales cuando el fraude equivalga al 3% del PIB. Cuando se
intente ocultar la identidad real del contribuyente, se usen paraísos fiscales
o el fraude lo cometa una red organizada el delito no debería prescribir hasta
los diez ejercicios.
Finalmente,
se debería extender la responsabilidad solidaria en la deuda por fraude
a quienes colaboren en él, y la subsidiaria a quienes subcontraten a los
culpables, y además habría que revisar el origen de los fondos aflorados
mediante la amnistía fiscal' y publicar, en el plazo de un mes, el listado de
los beneficiarios, las cantidades declaradas y la cuota tributaria abonada.
Con
respecto a la lucha contra la economía sumergida, la Izquierda Plural propone
que todos los contratos de trabajo (incluso los verbales) tengan que ser dados
de alta, considerando fraude los casos en los que no sea así.
Mientras
que para reducir las prácticas de ingeniería fiscal haría
falta modificar la normativa de las instituciones de inversión colectiva
para "evitar
los notorios abusos" de las Sicav, limitando al 5% del capital las
participaciones individuales y dando un plazo de un año para adaptarse a esta
exigencia.
También
habría que limitar las subvenciones,
deducciones y bonificaciones aplicables al Impuesto de Sociedades, de modo que quienes
tienen que tributar al 30% sólo puedan reducir su tipo un 3% por causas
generales y otro 3% por contrataciones, mientras que quienes deben pagar un 25%
puedan reducirlo un 3% por causas generales y un 5% por contrataciones.
La
coalición de izquierdas aboga asimismo por prohibir a los bancos nacionalizados
que operen con paraísos
fiscales,
modificar la normativa para evitar que pueda haber una "especie de proceso
de regularización fiscal permanente", aplicar el plan de la OCDE contra la
erosión de bases imponibles y procurar un acuerdo en este organismo para la
obtención automática de información mercantil o tributaria de contribuyentes
que tengan derechos en paraísos fiscales.
Por
último, la iniciativa reclama una reorganización de los instrumentos de
la Agencia Tributaria y un refuerzo material y humano, con la creación del
Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, que habilite 8.500 trabajadores a funciones
de prevención del fraude y que duplique en dos años el personal funcionario de
la AEAT.
Finalmente,
se propone un análisis periódico de la economía sumergida y del fraude
fiscal y laboral en España realizado por expertos independientes y con
carácter desagregado por territorios, sectores económicos y tributos, documento
que debería ser presentado y debatido en las Cortes.
Fuente:
www.nuevatribuna.es
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