LOS TRIBUNALES OBLIGAN AL ESTADO A REVALORIZAR LAS PENSIONES
Varios tribunales fallan a favor de los pensionistas y obligan al
Gobierno a revalorizar las prestaciones en función del IPC y a percibir lo no
cobrado.
Tamara Fariñas. Madrid
19/07/13 · 8:03
Edición impresa
PENSIONISTAS. Vecino del
madrileño barrio de Tetuán en su vivienda / David Fernández
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En diciembre, el
Partido Popular (PP) incumplió una promesa electoral.
En esta ocasión se trataba de las pensiones: el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha repetido en numerosas
ocasiones que no tocaría estas prestaciones. “De todas las partidas
de presupuestos hay una que no hemos querido recortar, y es la de las
pensiones”, afirmaba el popular ante los micrófonos de Onda Cero. “Mi primera
prioridad es mantener el poder adquisitivo de las pensiones”, recalcaba en una
entrevista concedida al diario El País.
Sin embargo, el 30 de noviembre el
Gobierno aprobó un decreto-ley en el que recogía, entre otras medidas, la no actualización de las pensiones con la desviación del IPC
interanual. Este decreto provocaba que las pensiones no fueran
revalorizadas en base al IPC, es decir, que se mantuvieran estáticas a pesar de
la subida de impuestos de 2011, obligando a las personas que
cobran pensiones a disminuir considerablemente su poder adquisitivo.
“El pensionista medio no cobró
15.89 euros que le correspondían en cada
una de sus catorce pagas, por lo que en enero tendría que recibir una paga compensatoria de 222 euros”
descontento popular, el
Gobierno rectificó a medias
y añadió una concesión a los pensionistas: se seguirían sin actualizar las
pensiones en función del IPC, pero aquéllas cuya cuantía fuera superior a mil
euros se revalorizarían en un 1% y las inferiores a esa cantidad, en un 2%.
Este decreto fue finalmente publicado el 28 de diciembre de 2012, y aplicado a
los presupuestos del año vigente.
El año 2013 comenzó para los
pensionistas con una bajada de las pensiones catastrófica: el IPC interanual al mes de noviembre
–la fecha establecida para realizar el cálculo de actualización– era del 2,9%.
La diferencia de valor ha provocado pérdidas que a final de año se han
materializado en cantidades entre los 97 y los 385 euros, según datos del
Gabinete Técnico Confederal de UGT a partir de los datos del Ministerio de
Empleo. En condiciones normales, los perceptores deberían haber recibido esa
diferencia como compensación por la desviación de precios. No obstante, “el
pensionista medio no cobró 15,89 euros que le correspondían en cada una de sus
catorce pagas, por lo que en enero tendría que recibir una paga compensatoria
de 222,45 euros”, según los datos del informe sobre la revalorización de las
pensiones elaborado por el sindicato UGT, cuantía que tampoco recibió ese
pensionista medio.
Asimismo, la revalorización de su pensión
para 2013 debería haberse realizado sobre ese 2,9%, sin embargo, al
hacerla sobre el 1% o el 2% –según la cuantía de la pensión percibida– en tan
sólo dos años la merma del poder adquisitivo ha sido doble: la pérdida de la
compensación del año 2012 y la pérdida de revalorización para 2013.
Las pensiones a tribunal
Varios tribunales han fallado a
favor de la revalorización ligada al IPC. El primero, en San Sebastián, falló a mediados de junio
a favor de dos ciudadanos para revalorizar sus pensiones de 2013 de acuerdo al
valor de los impuestos al consumo, y obligó al Gobierno a pagar a ambos “una
paga única compensatoria por el desvío del IPC durante 2012 calculada sobre un
2,9%”, así como a proceder a la “revalorización de su pensión para el año 2013
sobre un 2,9% de la percibida el año anterior”. La Federación Metal,
Construcción y Afines de UGT (MAC-UGT) manifestó entonces su acuerdo con la
sentencia y declaró que esperaba que se abriera así “el camino a que se les
reconozca a todos los pensionistas” su derecho legítimo, sustraído tras la
publicación del decretazo.
Varios tribunales han fallado a favor de la revalorización ligada al IPC. El primero, en
San Sebastián, falló a mediados de junio
a favor de dos ciudadanos para revalorizar sus pensiones de 2013
El pasado 5 de julio, otro
tribunal, en este caso de Burgos, falló a favor de 25 vecinos de la provincia, quienes verán
revalorizadas sus pensiones en base al 2,9% del IPC interanual y recibirán de
la Tesorería los atrasos correspondientes.
También a mediados del
mes de junio otro ciudadano de Barcelona presentó su demanda, apoyado por el Col·lectiu Ronda, organismo en defensa de los trabajadores y
su protección social, contra la decisión del Gobierno de no revalorizar su
pensión. Antes del juicio, que fue archivado a la espera de sentencia en el
plazo máximo de un año, una veintena de pensionistas presentaron sus propias
demandas.
Fundamentación legal
Que las demandas hayan llegado
a buen puerto es signo de que el decreto-ley aprobado por los populares tiene
algo de irregular. UGT ha recalcado, con el apoyo de los fallos de los tribunales,
que el decretazo es contrario al artículo 48 de la Ley de Seguridad Social, que
implica que “las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva,
incluido el importe de la pensión mínima, será revalorizadas al comienzo de
cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto
para dicho año”.
La
ultraactividad de los convenios entra en barrena
La reforma laboral del
Gobierno de Rajoy daba un año de límite para que los convenios pendientes de
renovación se prorrogaran de forma automática. La fecha límite llegó el lunes
8 de julio, y con ella cerca de 1.324 convenios que afectan a 1,8 millones de
personas quedan en el aire, según datos de CC OO y UGT.
El aumento previsible de
la conflictividad —y de los casos llevados a los tribunales— llevó a los
sindicatos de concertación y a las patronales a firmar el 23 de mayo un acuerdo
confederal. No obstante, como ha dicho un representante de la patronal CEOE, el
acuerdo no es sino “un código de buenas prácticas en las mesas de negociación”.
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