"La decisión judicial
busca intimidar al pueblo para que deje de protestar", denuncian
Lunes, 1 de julio de 2013
Por Ernesto Gutiérrez -
Canarias-semanal.org
La intensidad de la represión estatal contra la protesta
social continúa recrudeciéndose, paralelamente a los efectos de la crisis y la
consecuente reacción de los damnificados por la recesión económica y las
políticas antipopulares con las que ésta se está gestionando. Los últimos
activistas en comprobar en sus propias carnes cuál es la verdadera función que
en esta lucha de clases desempeña el poder judicial - más allá de la ficción
sobre su presunta imparcialidad - han sido dos miembros del 15M de Granada,
que podrían entrar próximamente en prisión por el "delito" de
reivindicar los derechos de los trabajadores.
El Juzgado
de lo Penal 1 de Granada ha condenado a tres años de prisión a un
estudiante de la Universidad de Granada y una trabajadora, Carlos y Carmen, por
participar en un piquete informativo organizado durante la jornada de huelga
general del 29 de marzo de 2012. El titular de este juzgado los acusa de
"coaccionar" a la propietaria de un local de la capital granadina
para que cerrara durante la jornada de huelga. Además, les atribuye un delito
contra "el derecho al trabajo", por el que además se les impone una
multa de 2.880 euros, e indemnización de un total de 767 euros, por los
supuestos daños ocasionados. Los dos condenados, que por la magnitud de
la pena deberían ingresar en prisión, ya han interpuesto recurso ante la
Audiencia Provincial.
UNA "SENTENCIA EJEMPLARIZANTE" CONTRA EL ACTIVISMO SOCIAL
A
través de un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el
grupo Stop Represión del 15M de Granada se ha pronunciado de forma
contundente sobre la condena impuesta a los dos activistas que -dicen - "se
manifestaron de forma pacífica en defensa de nuestros derechos sociales, en un
piquete que transcurrió sin incidentes".
Desde este
grupo apuntan que, el día de la huelga general, "el piquete
recorrió las calles más céntricas de nuestra ciudad denunciando la falta de
control sobre los políticos, las reformas privatizadoras del gobierno y
mostrando apoyo a aquellos trabajadores que no pueden hacer huelga porque la
precariedad de sus puestos de trabajo y las presiones de sus jefes se lo
impiden". Durante ese recorrido - continúan explicando - "entró
en numerosos negocios, informando a los trabajadores y haciendo ruido para que
la ciudad comenzara a sentir la jornada de huelga. En uno de esos
establecimientos, situado en la calle Martínez Campos, la situación se alargó
ante la negativa de la empresaria a secundar la huelga y su actitud desafiante
hacia el piquete. Dentro de ese bar ocurrió lo habitual en una protesta
como esta: cánticos, pegatinas, ruido y una pintada, según asegura la dueña del
establecimiento. Tras la discusión, el piquete continuó el recorrido
establecido y el negocio quedó abierto, como muchos otros. Sin embargo,
la propietaria llamó a la policía, que acompañó al piquete en todo momento sin
incidentes y que entró al local e identificó a las tres últimas personas que
quedaban por salir".
Más de un año
después - dicen - "se celebró el juicio contra aquellas tres personas y
dos de ellas han sido condenadas a tres años de cárcel, por participar en
un piquete informativo que no cerró por la fuerza un local y a pesar de que se
fueron por su propio pie dejándolo abierto".
Esta
pena - aseguran desde el grupo Stop Represión del 15M de Granada - se ha
impuesto "sin ninguna prueba más que el testimonio de la
empresaria"
“HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD
CON QUIENES LUCHAN POR UN MUNDO MÁS JUSTO”
"La
ley y el aparato judicial – continúan denunciando - permiten sentencias
como esta que marcan de por vida a personas que sólo pretenden reivindicar sus
derechos. Carlos y Carmen, estudiante de la Universidad de Granada y
trabajadora, pueden ver sus vidas completamente truncadas por una decisión
judicial que sólo responde a un objetivo: intimidar y asustar al pueblo para
que deje de protestar, manifestarse y hacer huelga".
En
este sentido, el colectivo del 15M recuerda que el fiscal encargado del
caso pidió al juez encargado "una sentencia ejemplarizante",
que – afirman - pretende “amedrentar y castigar la protesta social”.
"Mientras las personas responsables de esta crisis quedan impunes -
dicen - las personas que protestan y denuncian sus fechorías son castigadas
injustamente".
El grupo Stop Represión del 15M de Granada informa, finalmente,
de que en estos momentos "los abogados están trabajando en el recurso
al tribunal provincial y todas las redes de apoyo del 15M y los movimientos
sociales se están poniendo en marcha".
"Queremos -concluyen - hacer un llamamiento a la solidaridad con
estas dos personas y con todas aquellas condenadas por luchar por un mundo más
justo y solidario".
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