La fórmula del
Comité de Expertos permitirá hacer ajustes solo si son necesarios
El
Comité de Expertos (CE) nombrado por el Gobierno ha hecho públicas
recientemente sus recomendaciones sobre el diseño del llamado “factor de
sostenibilidad” previsto en la ley de modernización de la Seguridad Social aprobada
por el anterior Gobierno socialista para asegurar el equilibrio a largo plazo
entre los ingresos y los gastos del sistema público de pensiones.
El
informe del CE propone poner en marcha de forma inmediata dos mecanismos de
ajuste automático que ayudarían a evitar la aparición de desequilibrios
financieros en el sistema público de pensiones o al menos a contener su tamaño.
El primero exige tener en cuenta la evolución de la esperanza de vida a la hora
de fijar la pensión inicial de los nuevos jubilados, de forma que la cuantía
anual de esta se reduzca según aumenta el número de años esperados de disfrute.
El
segundo consiste en ligar la evolución de la cuantía de las pensiones ya
existentes a un Factor de Revalorización Anual (FRA) que viene a medir el incremento
máximo de tales pensiones que se podría pagar sin crearle problemas financieros
al sistema. Cuando los ingresos y gastos agregados del sistema están en
equilibrio, esa tasa es la que asegura que seguirán estándolo dado el
crecimiento esperado de los ingresos por cotizaciones, intereses del Fondo de
Reserva y aportaciones estatales para complementos a mínimos, de la evolución
del número de pensiones y del incremento automático del gasto ligado al llamado
efecto substitución (esto es, al hecho de que las pensiones de los nuevos
jubilados son generalmente muy superiores a las de los pensionistas que causan
baja por fallecimiento).
Se pretende suavizar los efectos del ciclo económico,
evitando fluctuaciones innecesarias en la tasa de revalorización de las
pensiones
Cuando
los gastos se sitúen por encima de los ingresos, del resultado del cálculo
anterior habrá que restar una fracción de la brecha porcentual entre ambos
agregados, limitando así el crecimiento del gasto con el fin de ir corrigiendo
gradualmente el desequilibrio existente en el sistema. Finalmente, el comité de
expertos recomienda que todos los cálculos necesarios se realicen no con los
valores anuales de las variables relevantes sino con medias móviles calculadas
sobre periodos relativamente largos en las que se combinarán datos ya
observados de años recientes con previsiones para ejercicios futuros que
deberán ser validadas por la Unión Europea y por la futura Autoridad Fiscal
Independiente. De esta forma se pretende suavizar los efectos del ciclo
económico, evitando fluctuaciones innecesarias en la tasa de revalorización de
las pensiones y contribuyendo a estabilizar el consumo a lo largo del ciclo.
El
informe es un tanto impreciso sobre qué ha de hacerse exactamente cuando el
valor del FRA sea negativo o superior a la tasa de inflación. De las
posibilidades que contempla el CE, la más razonable a mi entender es la que se
apunta en una nota en la página 23 del informe, donde se sugiere utilizar estas
magnitudes como suelo y techo respectivamente para la revisión anual de la
cuantía de las pensiones ya concedidas. Esto es, las pensiones nunca bajarían
en términos nominales, por más que el valor del FRA pueda ser negativo, y no
crecerían por encima de la tasa de inflación aunque el FRA excediera esta
magnitud, excepto posiblemente cuando se trate de recuperar poder adquisitivo
perdido en años anteriores.
Las
recomendaciones del CE son enormemente sensatas y prudentes. Se trata,
básicamente, de dotar al sistema de pensiones de un piloto automático que
iniciaría de inmediato un ajuste de rumbo lo más suave posible con el fin de
minimizar las turbulencias a las que deberemos enfrentarnos en las próximas
décadas como resultado del rápido proceso de envejecimiento que está
experimentando la población española. Como bien destaca el comité, comenzar a
reaccionar lo antes posible es crucial porque permite suavizar al máximo el
ajuste y repartirlo entre el mayor número posible de generaciones, mientras que
esperar a que el sistema explote o casi tendría costes dramáticos que además se
concentrarían en los pobres desgraciados que tengan la mala suerte de pasar por
allí en el momento equivocado. La objeción de que el FRA supone un recorte
prematuro y posiblemente innecesario de prestaciones carece de toda lógica pues
tales recortes solo llegarán si se producen situaciones de estrés financiero en
el sistema. Además, nada impide que, llegado el momento, el Parlamento español
pueda optar por inyectar recursos adicionales en el sistema con el fin de
mejorar sus prestaciones a través de un aumento de los tipos de cotización o de
mayores transferencias desde los presupuestos estatales.
Reaccionar lo antes posible permite suavizar el
ajuste y repartirlo entre el mayor número posible de generaciones
Finalmente,
poner al sistema en piloto automático tiene todo el sentido del mundo.
Cualquier reforma de las pensiones en la dirección que será necesaria durante
las próximas décadas exigirá un proceso trabajoso de negociación y comportará
decisiones desagradable para nuestros representantes políticos, con el
consiguiente peligro de que las medidas necesarias lleguen demasiado tarde.
Mejor evitar el riesgo de parálisis, creando mecanismos automáticos de ajuste
que respondan de forma inmediata a los posibles desequilibrios del sistema
antes de que estos adquieran dimensiones peligrosas.
Un
beneficio no despreciable de la creación de tales mecanismos tiene que ver con
la confianza de los mercados en nuestra economía. Puesto que el sistema de
pensiones juega un papel importantísimo en la sostenibilidad de nuestras
finanzas públicas, la garantía de que el tema queda bien encauzado sin
necesidad de nuevas decisiones políticas tendrá un efecto significativo sobre
nuestra prima de riesgo. Y eso pueden ser miles de millones de euros de ahorro.
No estamos como para tirarlos.
Ángel
de la Fuente es investigador en el Instituto de Análisis Económico, CSIC.
Fuente:
www.elpais.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario