Además de la antigua
responsable de Fomento con Zapatero, la magistrada imputa a otros veinte ex
altos cargos de la Junta de Andalucía
PÚBLICO
/ AGENCIAS Sevilla 02/07/2013 13:27 Actualizado: 02/07/2013 14:12
Magdalena Álvarez en una
imagen de archivo.JRM/MESS
La
juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE)
fraudulentos en Andalucía, Mercedes Alaya, ha imputado en la causa que tiene
abierta a una veintena de cargos y excargos de la Junta de Andalucía, entre
los que se encuentra la exconsejera de Economía de la Junta y exministra de
Fomento Magdalena Álvarez.
Magdalena
Álvarez fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre
1994 y 2004, año en el que fue nombrada ministra de Fomento en el primer
gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. El 7 de abril de 2009, dentro
de una profunda remodelación proyectada por Zapatero, y tras ser reprobada por
el Parlamento, dejó el Ministerio de Fomento. Ese mismo año fue elegida
eurodiputada en el Parlamento europeo hasta que en julio de 2010 fue elegida
vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
En
el auto judicial comunicado hoy a las partes, la juez también imputa a José
Salgueiro, viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 hasta 2004,
cuando fue nombrado consejero de Economía y Hacienda antes de presidir ese
mismo año la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE). En esa lista
también figura el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, al
que la juez ha citado a declarar el próximo 25 de julio, y el exdirector
general de Presupuestos de la Junta de Andalucía y actual número 2 de la
consejería de la Presidencia, Antonio Lozano. Hay otros 16 altos o ex altos
cargos imputados.
Alaya
ve irregularidades en el procedimiento mediante el cual la Junta pagó
los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Entiende la magistrada que se
sorteaban los controles internos.
La
decisión de la juez Alaya se produce un día después de que la magistrada
emitiera un auto en el que ampliaba el periodo de investigación del caso a
1999, solicitaba más documentación a la Junta y pedía al Ministerio de
Trabajo que informe sobre varios aspectos de las ayudas sociolaborales dadas
por la administración andaluza. En su exposición de motivos, Alaya amplíaba el
periodo de investigación inicialmente acotado entre el año 2000 y 2010 "para
mayor claridad en los trabajos de investigación y en el análisis de sus
antecedentes".
El
lunes la juez emitió un auto en el que ampliaba el período de invetigación del
caso hasta 1999
Lo
que la juez le pide a la Junta, en relación con las modificaciones
presupuestarias de la Consejería de Empleo de 2010, es el expediente
completo de la generación de un crédito por importe de 20 millones de euros
firmado por el director general de Presupuestos el 21 de noviembre de 2010.
También
le solicita la rectificación de la transferencia de crédito por valor de otros
20 millones de euros aprobada por el Consejo de Gobierno del 26 de octubre de
2010. La juez pide que se libre un oficio a la secretaría general técnica del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que informe si las ayudas
sociolaborales previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por
ERE de la Junta están o no incluidas en el ámbito laboral, "cuya
legislación es competencia exclusiva del Estado".
Además,
solicita al Ministerio que se pronuncie sobre la procedencia de que la Junta
estableciera un sistema propio de ayudas previas a la jubilación ordinaria
de trabajadores afectados por los ERE y si eso afecta a la legislación
exclusiva del Estado.
Fuente:
www.publico.es
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