La depuración no sólo afectó a los
empleados públicos en la posguerra. El franquismo también reprimió a los
trabajadores del sector privado. En este artículo nos acercamos a este fenómeno
en Cataluña.
Memoria Histórica | Eduardo Montagut Contreras | 06-12-2014
| En primer lugar trataremos la depuración de los profesionales liberales.
Todos los miembros de los colegios profesionales sufrieron procesos de
depuración. En el Colegio de Abogados de Barcelona se obligó a todos los colegiados
antes del 18 de julio de 1936 a solicitar su reincorporación y cumplimentar
unos cuestionarios sobre sus actividades políticas, sindicales y profesionales
antes y después de la sublevación. La colegiación posterior a la fecha de la
sublevación no fue reconocida. La Comisión depuradora acordó, en noviembre de
1939, la baja definitiva del Colegio de 58 colegiados y sancionar de distinta
manera a 36 abogados. Los médicos de Barcelona sufrieron un proceso de
depuración más amplio.
De los 1.700 colegiados inscritos en 1936, 335 fueron dados
de baja inmediatamente, porque o estaban detenidos o habían marchado al exilio.
El resto de colegiados tuvieron que pasar por procesos de depuración que
duraron hasta el año 1944. Al final, fue sancionado el 18% de los colegiados y
26 médicos fueron suspendidos para ejercer temporal o definitivamente el
ejercicio de la medicina. Se calcula que unos 995 médicos barceloneses
sufrieron algún tipo de sanción dictaminada por la comisión depuradora del
Colegio.
Los periodistas fueron sometidos, por su parte, a una dura
represión. Para poder ejercer el periodismo había que estar inscrito en el
Registro Oficial y este acto dependía de la autoridad correspondiente. Muchos
periodistas no pudieron ejercer profesionalmente porque se les negó la
inscripción.
El 9 de marzo de 1939 el general Álvarez Arenas dio una
orden que regulaba los procedimientos para despedir y sancionar a los
trabajadores en las empresas. Se estableció un plan de despidos por motivos
políticos, es decir, por ser “desafectos a la Causa Nacional”, y que duró hasta
finales del mes de abril. Los empresarios debían de entregar a la policía y a
la Delegación Provincial de Trabajo la relación de sus trabajadores que había
que despedir o sancionar. Estos organismos revisaban los listados y se
encargaban de aprobar los despidos y las sanciones. Existía la posibilidad de
recurrir ante la Magistratura de Trabajo, pero era evidente que era casi
imposible conseguir ganar el recurso en aquel momento de persecuciones y
exaltación del nuevo régimen. Es difícil hablar de cifras de despedidos y
sancionados dada la cantidad de empresas y la falta de un estudio completo de
este tema. La represión dependió mucho de las decisiones de los empresarios y
equipos directivos de las empresas. La mayor parte de los despedidos fueron los
trabajadores detenidos y los exiliados, acusados de haber abandonado su puesto
de trabajo. Pero por otro lado, muchas empresarios tuvieron que readmitir a
muchos trabajadores porque no podían prescindir de ellos, eso sí, difícilmente
pudieron recuperar la categoría previa en el caso de los que habían tenido
alguna responsabilidad en la empresa.
Los que sí sufrieron una clara represión fueron los líderes
sindicales y los miembros de los comités obreros durante la guerra, aunque,
también es cierto que dependió, de nuevo, de las decisiones empresariales.
En el sector bancario podemos acercarnos al caso de la Caixa
de Pensions. En la institución fueron despedidos 83 empleados y sancionados
unos 62, de una plantilla total de unos mil empleados. El depurado más conocido
fue su director, Josep M. Boix i Raspall, que sufrió una dura persecución por
parte de la policía; fue destituido, detenido, juzgado y condenado a tres años
de prisión.
En el sector hostelero, tan activo en Barcelona, se obligó a
todo el personal, independientemente de su categoría, a presentar instancias a
la policía para solicitar el ejercicio de sus profesiones.
La depuración llegó al deporte. Se revisaron las licencias
para poder practicar profesionalmente todos los deportes, y este control se
extendió hasta los árbitros de futbol.
El despido de trabajadores por motivos políticos tuvo una
consecuencia de la que fueron conscientes las propias autoridades franquistas,
aunque no sabemos si tomaron alguna medida para paliarla o prohibirla. Algunos
empresarios aprovecharon las circunstancias políticas para despedir a
trabajadores sin indemnización, obligatoria como establecía la ley. El Servicio
de Información e Investigación de la Falange de Barcelona denunció en mayo de
1940 que en algunas empresas se habían despedido a trabajadores que llevaban
muchos años trabajando o que habían alcanzado una avanzada edad y habían sido
hechos pasar por rojos para poder despedirlos sin derecho a indemnización.
También es cierto que este servicio denunciaba, a la vez, que algunos
empresarios habían ayudado y protegido a empleados que eran enemigos del
Movimiento; quizás, porque debían ser muy valiosos como trabajadores
Fuente: www.tercerainformacion.es
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