El resultado
de la votación en el Congreso ha sido de 20 votos a favor (Izquierda Plural,
ERC, Amaiur, BNG y NaBai), 325 votos en contra y 5 abstenciones
España |
César Pérez Navarro - tercera Información | 13-03-2013 |
La propuesta
de la Izquierda Plural de realizar una auditoría de la deuda pública ha sido rechazada por los
votos en contra de El PP, el PSOE, UPyD y CIU. El PNV se ha abstenido. ERC,
Amaiur, BNG y NaBai han sumado sus votos a favor a los de IU-ICV-CHA.
El portavoz económico de IU-ICV-CHA, Alberto
Garzón, ha
defendido en el Pleno del Congreso su iniciativa, que aboga por constituir una
comisión de expertos de diferentes ámbitos de la vida social y económica que
precise la definición de ’deuda ilegítima’ y estudie los diferentes créditos
del Tesoro para identificar las razones por las que se contrataron, con quién y
por qué cantidades, y poder así declarar "ilegítima esa parte de la deuda
y no pagarla", añadiendo que es una iniciativa que ya "ha empezado a
ponerse en marcha en otros países de forma histórica".
El
razonamiento de Garzón ha denunciado la "arquitectura de la UE": “la
UE ha permitido que las empresas financieras privadas pudieran acudir al Banco
Central Europeo (BCE) en condiciones ventajosas y obtener dinero por
millones de euros al 1% y, en cambio, ha negado esa posibilidad a los Estados,
que han tenido que acudir a los mercados pagando intereses entre el 7 y el
9%”. Esto, además de “una estafa” es “un absurdo".
"Dadas
las políticas de austeridad del Gobierno, que han empeorado las condiciones de
financiación del Estado y los ingresos públicos, la deuda se hará
absolutamente insoportable e impagable", afirma el diputado, que aboga
por "determinar, a partir de un criterio establecido democráticamente, qué
contratos deben ser reformulados y cuáles no pagar". "Es necesario,
entendiendo que el lastre de la deuda pública es suficientemente importante
para destruir el Estado del Bienestar", ha dicho el portavoz económico de
IU.
Tras
recordar que "esta medida debe ir acompañada de otras muchas, porque es un
alivio y no una solución", el diputado vinculado con el movimiento 15M ha
advertido de que si España continúa "aceptando las normas que ha impuesto
la troika y llevan al país al abismo económico" se podría llegar a una
situación "insoportable" en la que la sociedad "acabe
canalizando su frustración de forma antidemocrática".
La portavoz
adjunta del PP Matilde Asián ha rechazado la propuesta alegando que el
ordenamiento jurídico "impide" su aplicación dado que "la deuda
debe estar autorizada por ley, el marco constitucional exige la prioridad de
pago de la deuda y las emisiones no son finalistas, por lo que resulta
totalmente imposible conocer cuál es la finalidad última de cada importe
colocado".
"A mí
la deuda no me gusta, menos incluso que a ustedes. Pero es una deuda legítima
de un Gobierno legítimo elegido por esta Cámara. Y un pueblo libre es también
responsable y debe vivir de acuerdo a las consecuencias de sus
decisiones", ha añadido, añadiendo no obstante que la propuesta "implica
un reconocimiento explícito de la necesidad" de la Ley de Estabilidad
aprobada al inicio de la legislatura porque "la deuda pública es una
rémora para la actividad económica".
Además, la
diputada canaria ha recordado que la mayor parte de la deuda pública española
está en manos de ahorradores, por lo que "habría que ver también qué se
considera ’prestamista odioso’. "Si hacemos una quita habría una pérdida
de confianza, una quiebra de los bancos y sería necesario dejarlos caer o
rescatarlos de nuevo. Pero en esas circunstancias nadie nos prestaría el dinero
y crearíamos más paro, recesión y empobrecimiento", ha concluido.
La
intervención del PSOE, a cargo de Manuel González Ramos, ha especulado
con que "una auditoria de la deuda pública provocaría mayor inestabilidad
en los mercados financieros, repuntaría la prima de riesgo y haría más costoso
aún el pago de la deuda contraída". "Un país como España no puede
plantear dudas sobre la devolución de su deuda", ha añadido.
No obstante,
ha aprovechado su intervención para cargar contra la "pésima" gestión
económica del Gobierno ’popular’, que en un año de Gobierno ha incrementado la
deuda del 69 al 84% del PIB a la par que dejaba el déficit "en el entorno
del 10%" contando el rescate financiero. "Es la mayor subida en un
año de la historia, y el mayor nivel de deuda desde 1910", ha lamentado,
sobre todo por el coste en forma de intereses que conlleva esta deuda.
Por último,
ha asegurado que los créditos que tiene el Gobierno "no se deben al
derroche ni a la herencia" sino a las "políticas de austeridad y
decrecimiento", y ha criticado la decisión de "socializar
demasiado" y "precisamente lo que no debería ser socializado"
como el rescate financiero.
El portavoz
económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha rechazado la propuesta, un
"salto en el vacío difícil de apoyar", aunque sí ha valorado la
intención de cambiar la "actitud demasiado complaciente" que hasta
ahora ha tenido la sociedad española con este tema, y ha coincidido en la
necesidad de reflexionar sobre cómo se ha llegado a este punto.
"Compartimos
la crítica de cómo se han socializado pérdidas, de cómo una deuda de las cajas
de ahorro politizadas se ha convertido en deuda pública, porque se podría haber
actuado de otra manera, dejando caer algunas cajas no sistémicas y aplicando la
misma asunción de pérdidas a los acreedores internacionales que, por ejemplo, a
los titulares de preferentes", ha dicho.
Por eso, ha
defendido una enmienda limitándose a pedir la creación de una comisión que
audite la deuda para "saber si era necesario llegar a este nivel de
deuda", pero sin declarar ningún crédito ’odios’, entre otras cosas porque
"es imposible" ya que "la deuda pública no se plasma en
contratos sino en títulos que podrían ya no estar siquiera en manos de esa
primera persona cuya transacción podría considerarse ilegítima".
Además, ha
recordado que "tampoco es posible hacer un impago selectivo sin que afecte
al conjunto del país" y que esa decisión cortaría el acceso de España a la
financiación y "el coste social" que conllevaría esa reducción
"de golpe" del gasto público sería "terrible".
En la misma
línea, la diputada de CiU Inmaculada Riera también ha señalado que la
definición de ’deuda odiosa’ es "difusa" y que los títulos españoles
no encontrarían acomodo en ninguna de las interpretaciones aceptadas
internacionalmente. "CiU cree que el saneamiento del sistema financiero es
necesario para preservar la confianza en el sistema y evitar mayores
desequilibrios que habrían desestabilizado aún más la economía. Es cierto que
se han abocado muchos recursos a determinadas entidades y que eso exige un
retorno a la economía real, pero hay que cumplir los compromisos europeos
asumidos, aunque a un ritmo adecuado", ha añadido.
Pedro
Azpiazu, del PNV, ha
reconocido no entender la propuesta, porque el endeudamiento está
"perfectamente delimitado" y si únicamente se refiere al rescate
bancario se trata de una cantidad "perfectamente delimitada" que no
requeriría de auditoría. Por eso, ha avanzado su abstención.
No obstante,
ha coincidido en que es necesaria una mayor reflexión sobre la política de
emisión de deuda del Gobierno (momento, tipos de interés, cantidades,
características de los bonos, etc.) y también sobre el papel del Banco Central
Europeo (BCE) y sobre en qué materias el país está dispuesto a endeudarse y en
cuáles no.
Varias
formaciones del Grupo Mixto sí han expresado su apoyo a la propuesta.
Así, Olaia Fernández Davila (BNG) la considera "oportuna" para
saber qué créditos se pueden "aplazar" para evitar el
"desmantelamiento del Estado del Bienestar". Rafael Larreina
(Amaiur), por su parte, también cree que se trata de "un importante
ejercicio de reflexión para romper con la dinámica de incremento desaforado de
la deuda pública a cargo de la presión fiscal".
La diputada
de ERC Teresa Jordà también ha defendido que la deuda "debe pagarla
quien la ha contraído" y no, como está sucediendo, se debe cargar a la
sociedad con la devolución "a escote" de lo que ha costado "el
festival en el que han vivido otros como los gobernantes, los empresarios y los
banqueros".
Entre las
experiencias históricas de auditoría, Alberto Garzón señala a "EEUU
cuando invadió Cuba o Irak", también las de "Argentina" tras el
corralito o "en 2007 Ecuador". Estos "manifiestan a partir de
un criterio establecido democráticamente que se pueden ir compartimentando los
contratos para saber realmente cuáles son legítimos y cuales no. Es decir,
saber cuáles se van a pagar y cuáles no, o si se van a pagar pero en
condiciones totalmente diferentes (...) Si no se hace esta medida -que debe ir
acompañada de otras medidas (una política monetaria expansiva por parte del
banco central europeo)- estamos avocados a seguir destruyendo todos los
servicios públicos".
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