Declaración de Izquierda
Anticapitalista. Enero 2013
Artículos de
Opinión | Izquierda Anticapitalista | 23-01-2013 |
La situación
económica y política en el Estado español continúa deteriorándose a pasos
agigantados. En este contexto, siguiendo las indicaciones de la Troika formada
por Bruselas, el BCE y el FMI, el PP ha lanzado un ataque brutal contra los
servicios públicos de sanidad y de enseñanza. Tanto uno como otro, de tener
éxito, pueden significar un retroceso a la época franquista y una pérdida
gigantesca de derechos, así como una casi completa indefensión sanitaria y
educativa para la mayor parte de la población del Estado.
Los ataques
repetidos del PP a los derechos sociales y políticos de la gente trabajadora
están provocando una erosión de la base social de este partido, que día a día
pierde apoyos, hallándose ya lejos de los que tenía cuando triunfó en las
elecciones generales del 2011. El nuevo y sonado escándalo de corrupción en
torno al antiguo tesorero Luís Bárcenas, que repartía sobres de dinero negro
entre los cargos directivos del PP y con una cuenta en Suiza de 22 millones de
euros, puede ser un golpe muy duro para la organización. El PSOE, incapaz de
encontrar una estrategia alternativa a la que ha venido desarrollando durante
todos estos años, permanece estancado a escala estatal y sufriendo nuevas
derrotas históricas en los comicios autonómicos. Izquierda Unida, aunque crece
electoralmente, continúa presa de su cultura institucionalista, como demuestra
su participación con el PSOE en el gobierno de Andalucía. La emergencia de la
Alternativa Galega de Esquerdas y, sobre todo, de la CUP en las elecciones
catalanas, significan avances, aunque la ausencia de una alternativa política
anticapitalista con audiencia de masas sigue pesando como una losa en el
escenario político del Estado español.
Tras la
Huelga General del 14N, se ha producido una nueva parálisis en la iniciativa de
los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT. Ahora el epicentro de las luchas ha
pasado a la Comunidad de Madrid, donde la Marea Blanca continúa batallando
contra la privatización de la sanidad, tras la aprobación el 27 de diciembre
pasado, por parte del PP, de los instrumentos legales que la permiten. El
desenlace de esta lucha será de capital importancia para el futuro de la
sanidad pública aunque igualmente para el desarrollo de la lucha general contra
la crisis. Pero también están en marcha convocatorias como la de estudiantes
para el 5, 6 y 7 de febrero, la jornada “contra el genocidio financiero” de la
PAH el 16 de febrero o el “tsunami” de la Marea Ciudadana contra los recortes
del 23F.
Para hacer
frente a la crisis e imponer una salida favorable a la clase trabajadora y a la
ciudadanía resulta imprescindible coordinar todos los movimientos en lucha y
dotarlos de una agenda conjunta de movilización a medio y a largo plazo con el
fin de conseguir objetivos claros y precisos de salida a ésta. En este sentido,
la iniciativa de “Marea Ciudadana”, surgida recientemente, puede ser un germen
de espacio de coordinación y de creación de agenda común para los movimientos.
Hay que unir todas las Mareas en un tsunami contra los recortes que los sepulte
definitivamente bajo sus olas.
Mientras
avanzamos hacia el precipicio, el PP ataca con saña la sanidad y la educación
públicas
La situación
del desempleo avanza hacia el precipicio. Se prevé que la próxima Encuesta de
Población Activa de finales de enero dé ya una cifra del 26% de población en
situación de paro y la misma CEOE vaticina un 26,6% para el 2013; sigue
produciéndose una destrucción masiva de tejido industrial, los salarios se
reducen aun más, la precariedad aumenta, los precios- incluyendo los de
productos y servicios básicos -suben, los cierres de empresas y EREs son el pan
de cada día; el año 2012 ha significado un nuevo récord-según los datos
oficiales publicados en diciembre pasado por el Consejo General del Poder
Judicial -en el número de desahucios ejecutados. Los efectos de la aplicación
de la Reforma Laboral del PP han sido brutales y han acelerado los procesos
descritos de manera notoria.
En este
contexto de verdadero apocalipsis económico, el PP- guiado por la Comisión
Europea, el BCE y el FMI y siguiendo también a pies juntillas los dictados de
la FAES de Aznar -ha lanzado nuevos y terribles ataques contra la sanidad y la
educación públicas. El 27 de diciembre pasado, el PP de Madrid aprobó- pese a
las masivas protestas de personal sanitario y usuarias y dentro de la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos del 2013 -las herramientas legales para
ceder la gestión sanitaria a las empresas privadas. En el caso de que el PP
consiguiera llevar adelante lo formal y legalmente aprobado, ello supondría que
aproximadamente un tercio de la población madrileña fuera atendida por
hospitales privados y que la sanidad pública quedara estructurada para
propiciar las ganancias de las empresas del ramo, como Capio, Sanitas, etc.,
generando la indefensión sanitaria de una parte importante de la ciudadanía
madrileña. Resulta obvio que Madrid es un laboratorio y experiencia piloto que
señalará el camino a seguir en la mayor parte de administraciones autonómicas.
La LOMCE del
ministro Wert supone un retroceso de la enseñanza pública no universitaria a la
época franquista: segregación del alumnado desde tempranas edades, control
rígido de los contenidos académicos mediante imposición de pruebas externas de
evaluación, concepción arcaica de los currículos y metodologías de enseñanza,
pérdida de competencias de los consejos escolares a manos de directores
controlados por la administración, constitución de centros en los que se
producirán segregaciones masivas por tipología del alumnado, admisión del
profesorado conforme a los criterios de dirección y de la administración,
reducción de derechos laborales y de seguridad en el puesto de trabajo de los
docentes... Todo lo anterior se añadirá a los efectos ya producidos por las
disminuciones de plantillas de profesorado, aumentos de ratios escolares, freno
en el mantenimiento de las infraestructuras y dotación de nuevas, que se han
ido imponiendo a través de sucesivas modificaciones legislativas tanto
centrales como autonómicas. De esta forma la enseñanza pública puede quedar
reducida a una mínima expresión y adaptada a las necesidades de un mercado que
requiere de mano de obra barata y poco cualificada.
El ataque al
sistema educativo está afectando también, de manera muy grave, a las enseñanzas
universitarias. La aplicación del Plan Bolonia ha supuesto ya un encarecimiento
enorme de las matrículas, la desaparición de becas y ayudas para el alumnado y
el pago obligatorio de las enseñanzas posteriores a las de Grado. Las
plantillas de profesorado y la dotación para infraestructuras se han visto muy
mermadas y las enseñanzas, en su conjunto, se orientan a satisfacer exclusivamente
las necesidades de los mercados.
Pero aunque
la sanidad y la educación son en estos momentos los frentes principales en los
que se desarrollan los ataques del PP, estos abarcan también el conjunto de los
servicios públicos o de gran importancia social: transportes, suministros de
agua y energía eléctrica, recogida de basuras, asistencia social y a la
dependencia, costo de los procesos legales y un largo etcétera. Los medios de
comunicación públicos también están en almoneda, con la subsiguiente pérdida de
puestos de trabajo y de despidos masivos.
El régimen
surgido de la Transición se está viniendo abajo no sólo en lo relativo al
modelo económico que ha imperado durante su vigencia, sino también en el
terreno político: las instituciones, comenzando por la misma monarquía,
muestran día a día la corrupción de muchos de sus integrantes y su supeditación
más rastrera a los poderes económicos y financieros; la Constitución niega los
derechos de las naciones integrantes del Estado y cuando es modificada los cambios
tienen como objetivo satisfacer el pago de la deuda a los bancos.
En este
contexto, la policía actúa brutalmente contra los distintos movimientos
sociales de protesta, avanzándose día a día en la instauración de un estado
represivo, una de cuyas últimas demostraciones ha sido la irrupción policial en
una reunión de la PAH de Elda, en el País Valencià. Se combina la represión
policial con la indefensión jurídica mediante la imposición de tasas
inasumibles para la ciudadanía en los procesos judiciales.
El
movimiento soberanista surgido en Catalunya tras el pasado 11 de setiembre
constituye un fenómeno de capital importancia para impulsar la desintegración
del actual régimen. Los intentos de CiU por capitalizar este movimiento y darle
un sesgo nacionalista de derechas para así facilitar su política de recortes
sufrieron un traspiés de gran magnitud en las elecciones catalanas pasadas.
Aunque el futuro del soberanismo catalán está aún por definir, todo apunta a
que, en esta ocasión, Catalunya se encamina de manera decidida hacia la
autodeterminación y a que este proceso tendrá repercusiones importantes en el
conjunto del Estado y en particular en Euskadi.
Los partidos
institucionales, impotentes ante la crisis
Las
políticas antisociales y de recorte de libertades del PP están pasando factura
a éste partido. Junto a este factor fundamental de descrédito social, aparece
ahora también el de la corrupción que, si bien no ha dejado de acechar al PP
desde el caso Gürtel, se recrudece al ser desvelados los sobresueldos en dinero
negro repartidos por el antiguo tesorero del partido, Luís Bárcenas. El
gravísimo caso de Bárcenas se añade no sólo a la historia anterior de
corrupción del PP, sino a otros casos muy recientes como el del fichaje del
exconsejero de sanidad de Madrid, Juan José Güemes, por la empresa Unilabs, a
una de cuyas filiales se adjudicaron laboratorios durante su mandato; la compra
de un lujoso ático por 770.000 euros del actual presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González; o la campaña de desagravio y liberación de Ángel
Carromero, tras su encarcelamiento en Cuba por el homicidio involuntario de los
anticastristas Oswaldo Payá y Harold Cepero. La coincidencia en el tiempo del
descrédito social causado por sus políticas con los escándalos de corrupción
podría llegar a afectar de manera importante a la estabilidad interna del PP.
En estos momentos, las encuestas ya señalan una caída de 16,5 puntos del PP
desde su momento álgido cuando venció en las elecciones de noviembre del 2011.
A pesar de
la erosión evidente de la base social del PP, el PSOE no consigue recuperarse.
Las mismas encuestas que antes indicábamos muestran como los socialistas se
mantienen en el mismo nivel de escaso apoyo social que significó su descalabro
histórico en las últimas elecciones generales. El hecho tiene una explicación
sencilla: además de que el recuerdo de la última época del gobierno Zapatero
permanece relativamente fresco en la memoria colectiva, la sustitución de éste
por Rubalcaba no ha significado ningún cambio sustancial en los enunciados
políticos generales del PSOE. El Partido Socialista sigue sin tener alternativa
alguna a las políticas neoliberales y de recortes que se están desarrollando y
que este mismo partido inició en el 2010 y su único horizonte parece ser el del
presidente francés François Hollande, cuyas timoratas propuestas alternativas
iniciales se van difuminando según transcurre su mandato.
Izquierda
Unida ha experimentado un ascenso de sus expectativas electorales cercano a los
8 puntos y una parte de su militancia se ha comprometido en los diferentes
movimientos sociales de lucha contra la crisis. Sin embargo, este partido sigue
lastrado por una cultura pactista y de integración institucional, que lo ha
llevado a formar parte junto con el PSOE del gobierno andaluz o a firmar un
pacto de legislatura en Asturies con los socialistas. A pesar de las tensiones
que estos acuerdos ha generado dentro de IU, lo cierto es que finalmente no se
ha producido ninguna rectificación al respecto. La reelección de Cayo Lara en
la X Asamblea Federal se ha producido mediante la integración en la nueva
dirección de las diferentes corrientes de la organización, incluyendo a
destacados dirigentes de su “ala izquierda”. Este hecho parece descartar
cualquier posible rompimiento de la organización por la izquierda o incluso la
consolidación de alguna corriente importante de izquierdas en su seno. Así
pues, aunque IU ha mejorado su situación dentro del espectro político
institucional y una parte importante de su militancia participa en las diversas
luchas sociales, su dirección sigue presa de una orientación cortoplacista que
la encamina a ser el socio menor en gobiernos autonómicos diversos y, si salen
las cuentas, incluso a escala estatal. También la organización populista de
derechas UPyD se ha visto beneficiada por la pérdida de apoyos del PP y por el
agravamiento de la crisis. El crecimiento de los apoyos sociales de este
partido es un fenómeno complejo, porque si bien supone un rechazo de las
políticas que se están desarrollando, capitaliza el descontento orientándolo
hacia posiciones que no suponen una alternativa a la crisis y furibundamente
españolistas.
Catalunya,
Euskadi y Galiza tras sus elecciones autonómicas
Comentario
aparte merece la situación existente en Catalunya, Euskadi y Galiza tras las
elecciones autonómicas que han ido teniendo lugar en estas naciones. Las
elecciones catalanas han significado, a pesar de su victoria, un descalabro
para CiU. Este partido intentó capitalizar la marea soberanista para así poder
seguir desarrollando su política de recortes, cuya dureza es igual o mayor que
la correspondiente del PP. Sin embargo, fracasó de manera estrepitosa en su
objetivo: en síntesis, los convergentes han retrocedido en casi ocho puntos; el
PSC fue también castigado perdiendo casi cuatro; ascendió mucho- 6,7% -ERC, un
poco ICV- 2,7% -y apareció en escena la alternativa de izquierdas CUP con un
3,47%; y finalmente la derecha dura y españolista, representada por PP y
Ciutadans, subió también alrededor de 5 puntos aunque la mayoría de éstos-
4,17% -fueran para Ciutadans. Todo lo anterior significa un corrimiento hacia
la izquierda del espectro institucional catalán, si bien acompañado de una
polarización de menor envergadura en sentido contrario (votos PP y Ciutadans).
En Galiza el
PP sufrió sólo un pequeño retroceso, que no llegó al 1%, en las últimas
elecciones, mientras que el PSG se hundía perdiendo más de diez puntos y el BNG
retrocedía también seis. Sin embargo, ha aparecido en escena la Alternativa
Galega de Esquerdas (coalición de ANOVA con EU) que ha conseguido un 13,90% de
los votos. En conjunto el voto de derechas ha permanecido inalterado y el de
izquierdas y nacionalista se ha diversificado pero una parte notoria de él
decantándose hacia la opción más radical de AGE.
En el País
Vasco, el PSE sufrió otro descalabro, perdiendo más de once puntos y medio, el
PNV triunfaba pero retrocediendo casi cuatro puntos en relación a los
anteriores comicios autonómicos, el PP poco más de dos, mientras que una
Izquierda Unida dividida en dos aumentaba en conjunto ligeramente su porcentaje
anterior del 3,5% pero se quedaba sin representación. La segunda fuerza fue EH
Bildu, con un 25% de los votos, aunque quedara por debajo de sus propias
previsiones.
Los
movimientos sociales en lucha contra la crisis
Desde que la
crisis se inició se han producido ya dos Huelgas Generales de un día, apareció
el 15M y después el 25S, se han desarrollado protestas sectoriales importantes
en educación y en sanidad a través de las mareas verde y blanca y en la minería
asturiana y han tenido lugar múltiples conflictos de carácter más local.
Tras la
última Huelga General del 14N, muy exitosa en cuanto a participación en las
manifestaciones y a seguimiento ciudadano, los grandes sindicatos, CCOO y UGT,
han vuelto a quedar paralizados y sin plantear un plan coherente de
movilizaciones y de objetivos contra la crisis. El X congreso de CCOO parece
que se va a saldar sin suponer cambios sustanciales en la estrategia de esta
organización, que sigue a remolque de los acontecimientos, sin plantearse un
horizonte de ruptura con la política de concertación desarrollada durante
decenios y dando por buenos parte de los razonamientos de la patronal y del
gobierno en cuanto a la necesidad de efectuar recortes y de saldar la deuda
existente. Tales concepciones hacen que cualquier pretensión de atenuar la
crisis o de salir de ésta se convierta para éste sindicato en la cuadratura del
círculo, porque realmente no existe alternativa posible sin una ruptura radical
con las políticas de ajustes y encaminadas al pago de la deuda.
La falta de
perspectiva de las direcciones de los sindicatos mayoritarios, así como las
limitaciones, tanto estratégicas como de incidencia, de otras fuerzas
sindicales, hace que cuando las primeras quedan paralizadas deje de producirse
cualquier respuesta de conjunto a la crisis. Pero como la gravedad de los
ataques es mucha y la presión para hacerles frente existe, se producen
movimientos de respuesta sectoriales de bastante relevancia, aunque
insuficientes.
Ahora mismo
el epicentro de las luchas se sitúa en la lucha contra la privatización de la
sanidad en la Comunidad de Madrid y su desenlace puede ser determinante tanto
para el futuro de la sanidad pública como para la lucha general contra la
crisis. Como manifestó en una declaración la Coordinadora de Hospitales y
Centros Sanitarios de Madrid: “Los cambios votados todavía los tienen que
aplicar. Y en eso consiste la segunda parte de esta batalla: en si lograremos o
no evitar que se apliquen, e incluso en el grado de su aplicación.” Las
espadas, efectivamente, siguen en pie, como se ha demostrado en las dos
convocatorias del 7 y del 13 de enero, de la marea blanca madrileña.
Pero también
en respuesta al intento de aprobación de la LOMCE de Wert podemos encontrarnos
pronto con nuevas acciones sectoriales de importancia. De momento algunas de
las convocatorias, como las manifestaciones del 9 de febrero en el País
Valencià, tienen un ámbito territorial limitado, pero pueden extenderse. El
sindicato de Estudiantes, sin embargo, ha lanzado una convocatoria estatal para
los días 5, 6 y 7 de febrero. Para el día 16 de febrero la PAH convoca también
una jornada de lucha estatal con manifestaciones “Contra el genocidio
financiero”.
La Marea
Ciudadana
Uno de los
problemas fundamentales al que nos enfrentamos en estos momentos sigue siendo
el de la dispersión y sectorialización de las luchas y de los movimientos de
protesta. En este sentido la iniciativa de Marea Ciudadana contra los recortes,
que realiza una primera convocatoria el próximo 23 de febrero, podría ser un
buen punto de partida para hacer frente a tal dificultad. En la Marea Ciudadana
participan personas de los diferentes movimientos sociales en lucha: Marea
Blanca (sanidad), Marea Verde (educación), la Marea Roja (paro), PAH
(hipotecas), Movimiento 15M, Coordinadora 25S. También están presentes
organizaciones o agrupamientos políticos como Equo, Frente Cívico e Izquierda
Anticapitalista. El reto que tiene ante sí la Marea Ciudadana, además de
conseguir que su primera convocatoria del 23F sea un éxito, es poder
convertirse en un ámbito de coordinación efectiva de los diferentes movimientos
en lucha, para lo cual es preciso una integración organizativa de éstos y no
sólo la presencia a título individual de personas luchadoras. También haría
falta que las fuerzas sindicales dieran su apoyo a la iniciativa. Si lo
anterior se hiciera efectivo, podría surgir una coordinadora estatal capaz de
planificar un desarrollo unificado de las luchas y de darle coherencia.
Izquierda
Anticapitalista es de la opinión, ya manifestada en múltiples ocasiones, de que
para dar a la crisis una salida favorable a la clase trabajadora y a la
ciudadanía en general, es preciso trazar un plan de acción coordinado, tanto a
escala estatal como europea, para realizar una lucha a medio y a largo plazo e
imponer objetivos necesarios y claves como el impago de la deuda ilegítima, la
expropiación de la banca y la creación de una banca pública bajo control
social, la protección y mejora de los servicios públicos, el fin de los
recortes y la derogación de toda la legislación antisocial aprobada en los
últimos tiempos. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que esto se
produzca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario