El Sergas mantiene desde 1995 un
convenio con las diócesis gallegas para financiar los servicios religiosos y
los sueldos de los curas en los hospitales
Su presencia en los hospitales, más allá de íntimas
convicciones de fe, engorda los gastos del Sergas en tiempos de recortes que
los gestores de las cuentas públicas califican de dolorosos a los cuatro
vientos. La condición de los sacerdotes en los centros sanitarios no ha variado
desde 1995, año en el que José Manuel Romay Beccaría, entonces conselleiro de
Sanidade, y Xosé Gómez González, obispo de Lugo y representante de las diócesis
gallegas, firmaron el convenio marco para la asistencia religiosa católica en
los hospitales públicos. Este es el acuerdo que rige en la actualidad las
relaciones entre el Sergas y la Iglesia y el que en 2010, el último ejercicio
del que la Xunta ha ofrecido datos, permitió financiar con 750.000 euros los
servicios religiosos de 55 curas a los pacientes de los hospitales públicos y
de sus familias. A qué cantidad llega la partida de 2012 es una incógnita: ni
la Xunta lo especifica en sus presupuestos ni el Sergas ha facilitado la cifra
tras la petición de este diario, como tampoco aclara si la plantilla de
sacerdotes ha sufrido los recortes de los que se duelen los políticos en cada
nuevo hachazo a los servicios públicos.
Tampoco tiene esos datos el PSdeG, aunque los
solicitó en repetidas ocasiones durante más de un año; la única información con
la que cuenta el principal partido de la oposición es el convenio de 1995, que
los diputados José Manuel Lage Tuñas, Silvia Fraga, Modesto Pose y Dolores
Rodríguez Amoroso solicitaron al Parlamento a principios de año. El documento,
que tampoco anuló la Xunta del bipartito —de hecho, lo prorrogó cuando finalizó
su vigencia en 2005—, establece en su primera cláusula que el Sergas debe
“hacer efectivo el derecho garantizado por el convenio firmado entre el estado
español y la Santa Sede con fecha de enero de 1979 a la asistencia católica de
los enfermos católicos internados en los centros de la red pública hospitalaria
de la comunidad autónoma de Galicia”. Esta ayuda católica consiste, según el
acuerdo, en la visita a los enfermos y el asesoramiento en cuestiones
“religiosas y morales”, la celebración de los actos de culto y la administración
de los sacramentos y la colaboración en la “humanización” de la asistencia
hospitalaria. Aunque la Xunta no aclara cuántos curas mantiene en la actualidad
en las clínicas públicas, la figura del capellán está presente en centros de
toda Galicia, desde hospitales comarcales como el de Burela a otros de mayor
tamaño, como el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
El acuerdo que se han dado Sergas e Iglesia acota
las obligaciones de cada parte y fija la condición de personal laboral fijo de
los capellanes, que están sujetos al régimen jurídico y económico del resto del
personal laboral de la Xunta. A las respectivas diócesis se les encomienda la
tarea de hacer efectivos los pagos de los salarios y la Seguridad Social de los
sacerdotes, pero el dinero viene del Sergas, que es el que abona las
retribuciones y las cuotas a los obispados cada tres meses. Pero el Servicio de
Asistencia Religiosa Católica, que el convenio resume bajo las siglas SARC, no
incluye solamente el coste laboral de los capellanes; cada año, las gerencias
de los hospitales están obligadas a elaborar un proyecto de presupuesto que
tenga en cuenta las necesidades materiales del servicio, “dentro de las disponibilidades
presupuestarias”.
El mantenimiento de la asistencia religiosa
encuentra la crítica de los socialistas que, a la dificultad de conocer el
gasto actual del servicio y el número de sacerdotes repartidos por los
hospitales públicos, suman los recortes ya consumados en servicios básicos. “Al
mismo tiempo se recortan profesores o personal sanitario en los centros de
salud y en los centros hospitalarios”, lamenta Lage Tuñas, que pedirá al
gobierno que explique en el Parlamento los gastos del Sergas en esta partida.
Dos curas para 250 camas
El convenio firmado en 1995 reparte a los
capellanes en función de las camas disponibles en cada hospital. Si el centro
no supera las 100, no podrá contratar más de un sacerdote a tiempo parcial. A
un hospital de entre 101 y 250 camas le corresponden dos curas, uno a tiempo
parcial y otro a jornada completa; de 250 a 500 camas, dos capellanes a tiempo
completo y uno a media jornada; de 501 a 800, tres sacerdotes a tiempo completo
y, los que superen las 800 plazas, tendrán derecho a una plantilla de entre
tres a cinco religiosos.
Las reglas de 1995 establecen, además, que “los
capellanes o personas idóneas, tanto a tiempo completo como parcial, dedicarán
a su actividad pastoral un tiempo equiparable al del personal sanitario del
hospital, distribuyéndolo de tal forma que el servicio esté atendido
permanentemente”. Con respecto a la relación entre religiosos y personal
sanitario, el convenio recomienda a los profesionales facilitar “informaciones
oportunas sobre el enfermo” cuando el paciente solicite apoyo religioso.
Fuente: www.elpais.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario