El Gobierno agiliza aun más los desahucios en beneficio de la banca y
decreta la muerte de un alquiler digno
Vivienda |
Plataforma de Afectados por la Hipoteca -PAH- | 26-08-2012 |
Por si a alguien le quedaba alguna duda de para quien
gobierna este Gobierno, el ejecutivo no ha querido desaprovechar este mes de
agosto para aprobar un decretazo que de una vez termine con los pocos derechos
que aun tenían los inquilinos en el estado español.
La reforma anunciada para ser aprobada en el Consejo
de Ministros de hoy viernes 24 de agosto, prevee, entre otros: reducir los años
del contrato de alquiler de 5 a 3 años, agilizar aun más los desahucios por
impago de alquiler, y beneficiar fiscalmente a los grandes especuladores
inmobiliarios. Y todo
ello sin aprobar ninguna medida que ayude a las personas que contra su voluntad
sufren el desempleo y los recortes, y que en consecuencia no pueden pagar la
hipoteca o el alquiler.
La PAH desde su fundación en 2009 ha explicado que nos centramos en
la denuncia de las ejecuciones hipotecarias por ser una de las caras más
dramáticas de la crisis habitacional que afecta a millones de personas, pero
que eramos muy conscientes de que ejecuciones y desalojos hipotecarios eran
la punta del iceberg de un problema más amplio: la mercantilización de la
vivienda y la vulneración sistemática del derecho a una vivienda digna en
el estado español. Alquiler y compra son dos caras de una misma moneda: si
muchas personas se hipotecaron en este país fue precisamente porque desde hace
años los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP han ido mermando los derechos de
los inquilinos, haciendo que el alquiler no fuera una alternativa real para
quienes legítimamente querían acceder a un hogar asequible y estable. Alquilar
era oficialmente “tirar el dinero”, fiscalmente sólo desgravaba la compra y los
inquilinos año tras año tenían menos derechos.
Y no sólo. La PAH también se da por aludida con esta
nueva reforma en la medida en que la casi totalidad de las cientos de miles
de personas que ya han sufrido o están sufriendo una ejecución hipotecaria
pasan directamente al mercado del alquiler. Es decir, mientras no existan
otras alternativas (como las cooperativas en régimen de cesión de uso,
habituales en el norte de Europa y otros países), el destino inmediato de las
personas afectadas por la hipoteca es el alquiler. Así, se da la paradoja que
el Gobierno condena a las familias a sufrir la violencia de un desahucio varias
veces en poco tiempo: primero por ejecución hipotecaria, después en el mercado
privado del alquiler, y en todos los casos sin ofrecer ninguna alternativa de
realojo en un parque de vivienda social asequible inexistente en España.
La excusa del Gobierno es muy mala: dice que pretende fomentar el
alquiler. Pero la receta de sobreproteger a la parte fuerte del contrato no es
nueva, llevan aplicándola muchos años, y su efecto ha sido sistemáticamente el
contrario. Además, si lo que realmente preocupara al Gobierno fuera la
inseguridad jurídica de algunos propietarios, lo que debería hacer es
distinguir entre pequeños y grandes propietarios; entre quien deja de pagar por
falta de capacidad económica y quien lo hace por mala fe; y, sobre todo,
ofrecer soluciones de realojo y garantizar un parque de alquiler social
asequible donde ubicar a las familias que lo necesiten.
La nueva reforma del alquiler no sólo vulnera todos
los compromisos del Estado español en materia de derechos humanos. Además,
profundiza en una política de vivienda que ya se ha demostrado un fracaso. Precarizar el alquiler, agilizar
los desahucios, promover la compra a través del sobreendeudamiento e incentivar
la especulación inmobiliaria nos ha llevado a ser campeones europeos en
desahucios, ejecuciones hipotecarias, viviendas vacías, precios elevadísimos y
corrupción, entre otros. La nueva reforma beneficia a los grandes propietarios,
en especial a la banca, y busca atraer la inversión de grandes capitales
extranjeros. En concreto, prepara el terreno para dar salida al “banco malo”
que el Gobierno está a punto de aprobar: con el “banco malo” el estado comprará
a precios inflados de burbuja los activos inmobiliarios que la banca no logra
colocar. A continuación, los ofrecerá a inversores extranjeros, especialmente
chinos y rusos, con grandes ventajas fiscales aprobadas en el decreto de hoy;
por ejemplo, tributando al 0% en el impuesto de sociedades. Una vez más, el
Gobierno socializa las pérdidas y privatiza los beneficios con un resctae
multimillonario encubierto. La banca gana, la población pierde.
Pero hay un dato que el Gobierno parece no haber
incluido en sus cálculos. La población ya no puede más. Cientos de miles de personas están
firmando la ILP por la dación en pago retroactiva, la
paralización de los desahucios y la reconversión de la vivienda vacía en manos
de la banca en alquiler social asequible, y no vamos a tolerar que se desprecie
la voluntad popular. Millones de viviendas vacías esperan a cumplir su función
social. Sobran viviendas y sólo falta voluntad política para hacer efectivo el
derecho a la vivienda. Si el Gobierno no lo hace, lo haremos nostras.
Para más información sobre las políticas de vivienda
en España y las propuestas de la PAH, podéis descargaros gratuitamente el libro
Vidas Hipotecadas : De la Burbuja
inmobiliaria al Derecho a la Vivienda , disponible bajo licencia
CC en este enlace.
Más información sobre la propuesta de reforma de ley
aprobada hoy por el Gobierno en el comunicado
del Observatorio DESC
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