GOLPISMO
Y DEMOCRACIA
01 octubre 2012
Gerardo
Pisarello y Jaume Asens
Juristas y autores de ‘No hay derecho (s): la ilegalidad del poder en tiempos de crisis’
Juristas y autores de ‘No hay derecho (s): la ilegalidad del poder en tiempos de crisis’
Esto no era sedición ni usurpación de poderes según el PP en el
2005
Protesta ante el Parlamento de Galicia,
2005
Imagen de archivo de 2005 donde efectivos
de la Policía autonómica impedían, por orden de la entonces presidenta del
Parlamento gallego, Dolores Villarino, el acceso al recinto del Parlamento de
alcaldes, diputados y senadores del PP que pretendían acceder al hemiciclo.
(ARCHIVO / EFE)
http://www.20minutos.es/noticia/1603236/0/politicos-pp/rodearon-parlamento-galicia/2005/
Hace
ya más de un año, un sector del 15-M propuso rodear el Parlament de Catalunya
para protestar contra los recortes sociales más drásticos aprobados desde tiempos
del franquismo. Los convocantes sostenían que los partidos pro-ajustes habían
traicionado sus promesas electorales y habían subordinado las instituciones
públicas a poderes privados sin legitimidad alguna. En un momento de la
protesta, hubo insultos y empujones a algunos diputados, pero los incidentes no
fueron a más. La respuesta del gobierno de Artur Mas y de buena parte de la
oposición fue sin embargo airada. Ya entonces, los manifestantes fueron
acusados de “golpistas”, y el conseller de Interior Felip Puig prometió
utilizar contra ellos todo lo que la ley permitía y más allá si fuera
necesario. La operación de criminalización resultó tan tosca que a los pocos
días generó una nutrida movilización de repudio en las calles de Barcelona.
La
represión de Madrid de la última semana ha reditado de manera más
drástica y patética los hechos de junio de 2011. Y lo ha hecho en un contexto
más grave aún que el de hace un año y medio. Durante todo este tiempo, en
efecto, la impotencia y la complicidad del gobierno con los recortes impuestos
por la troika no han dejado de agudizarse. La mayoría de los ajustes se ha
aprobado a través de decretos leyes, con mínima o nula discusión parlamentaria.
Hasta la Constitución, supuestamente intocable, se ha puesto al servicio de los
grandes acreedores con la vergonzante reforma exprés del artículo 135.
Sin embargo, la propuesta de algunos colectivos de rodear pacíficamente el
Congreso para “rescatarlo de un secuestro que lo ha convertido en un órgano
superfluo” ha sido tratada como un acto contra la seguridad del Estado.
Con
mayor saña que los dirigentes convergentes, el Partido Popular desplegó una
campaña de criminalización preventiva de los convocantes acusándolos de
“peligroso exaltados”, de “turbas incontroladas” e incluso de “nazis”. La
delegada de gobierno, Cristina Cifuente, la secretaria general del partido,
Dolores de Cospedal, e incluso algunos diputados del PSOE, no dudaron en
sacudir también aquí el espantajo golpista. Esta construcción de la
manifestación del 25-S como hecho delictivo antes incluso de su celebración,
preparó el terreno para la perpetración de una cadena de actuaciones
arbitrarias, muchas de ellas claramente ilegales. Hubo personas detenidas solo
por desplegar banderas. Otras, simplemente por reunirse, fueron objeto de la
insólita acusación de haber delinquido “contra los altos organismos de la
Nación”. Con un hemiciclo parapetado tras casi dos mil agentes antidistrubios,
los porrazos indiscriminados en la plaza Neptuno o las persecuciones por los andenes
de la estación Atocha pusieron en evidencia a unas instituciones sordas a los
reclamos ciudadanos.
Esta
tendencia a descalificar como “golpista” cualquier protesta capaz de desbordar
la interpretación gubernamental de los “intereses de Estado” no se ha limitado
a las movilizaciones como las del 25-S. El propio gobierno de la Generalitat de
Catalunya, otrora inquisidor, ha pasado él mismo a engrosar la lista de los
“sediciosos” acusados de desafiar ilegítimamente la legalidad constitucional.
Lejos de constituir una simple maquinación del ejecutivo catalán, la iniciativa
aparece estrechamente ligada a las consultas ciudadanas por el derecho a
decidir celebradas en numerosos municipios en los últimos años y a la masiva
movilización del 11-S, y cuenta con un amplio respaldo en el parlamento
autonómico. Sin embargo, ha sido tratada como una oscura conspiración que
merece ser frenada por todos los medios.
Buena
parte de los dirigentes del PP que por la mañana pedían dureza y ejemplaridad
contra los manifestantes del 25-S, desempolvaban por la tarde los artículos 2,
8 y 155 de la Constitución de 1978 para recordar que el uso de la fuerza,
incluida la militar, era una de las posibles respuestas “legales” a la
propuesta catalana. . Muy lejos de la actitud contemporizadora del Reino Unido
con el referéndum de autodeterminación escocés convocado para 2014, esta
reacción ha evocado lo peor de la España cerril y autoritaria de 1934 y 1981.
La confianza, precisamente, en que las fuerzas armadas puedan actuar como elemento
de cierre de las interpretaciones mas restrictivas del marco constitucional es
seguramente lo que ha llevado al eurodiputado conservador Alejo Vidal Quadras a
extremar las bravuconadas y a instar al gobierno central a “preparar un general
de brigada de la Guardia Civil” por si hubiera que invadir Catalunya. El
gobierno, en todo caso, no ha tenido dificultades para reclutar aliados tanto
en el PSOE como en otras fuerzas de ámbito estatal y autonómico. En el
Parlament de Catalunya, Albert Rivera, del españolista partido Ciutadans, se
adelantó al PP a la hora de desenfundar el golpismo, esta vez contra Mas. De un
argumento similar se sirvió su compañera Rosa Díez, de la también nacionalista
UPyD, para exigir la criminalización del derecho a decidir, en una línea
similar a la impulsada en su día por José María Aznar.
En
el fondo, la forma en que se han venido despachando las numerosas propuestas y
movilizaciones desatadas por la crisis no es solo una cuestión de arrogancia o
de intransigencia política. La ofensiva anti-social, represiva y
recentralizadora de los últimos años tiene que ver, ciertamente, con la crisis
financiera y con la propia deriva mercantilizadora del proceso de integración
europea. Pero hunde sus raíces, también, en un marco constitucional que nació
condicionado por el ruido de sables y que ha ido perdiendo con el tiempo sus de
por sí limitadas potencialidades democratizadoras, tanto en materia social como
de organización territorial. Esta singularidad del caso español, de hecho,
permite establecer algunas diferencias nada desdeñables respecto de otros
marcos constitucionales con un origen claramente anti-fascista, como el
portugués nacido de la revolución de los claveles. De hecho, no es descabellado
otorgar a esta marca de origen un peso a la hora de explicar fenómenos como la
menor virulencia de la policía lusa frente a las recientes movilizaciones
anti-ajustes. O como la existencia de sectores de las fuerzas armadas que, en
lugar de soltar soflaman amenazantes, han mostrado su solidaridad con unas
protestas que han conseguido arrancar al gobierno de Passos Coelho el
compromiso de replantear su programa de recortes.
Desde esa perspectiva, es innegable que en las
manifestaciones y protestas que están teniendo lugar en estas semanas, hay una corriente
de fondo destituyente, que está poniendo severamente en cuestión el futuro de
la restauración borbónica iniciada tres décadas atrás. Pero este tipo de
impulsos, que en parte se amparan en la legalidad vigente pero que también
pretenden romper con ella, no son una amenaza para la democracia. Representan,
por el contario, la única esperanza de que ésta pueda sobrevivir y refundarse,
aquí y en Europa, a partir de procesos constituyentes capaces de revertir el
auténtico “golpe” oligárquico que, con más violencia que argumentos, se viene
gestando hace tiempo antes nuestros ojos.
Fuente: www.publico.es
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