¿Qué pasaría si los bancos españoles en problemas no recibieran ayudas y se
les dejara caer?
Artículos de
Opinión | Eduardo Garzón | 23-10-2012 |
Desde el
estallido de la crisis financiera hemos visto cómo muchas entidades bancarias
españolas se han visto en serios problemas y cómo el gobierno ha acudido en su
ayuda inyectándoles de una u otra forma dinero público (para ver las diferentes
formas de ayuda y su cuantía leer este artículo). Este traspaso directo de dinero
perteneciente a todos los ciudadanos a unas entidades privadas atenta
claramente contra la justicia social e incluso contra los fundamentos
económicos en boga. Sin embargo, el gobierno ha esgrimido continuamente como
argumento la necesidad de no dejar caer a las entidades bancarias para evitar
así un colapso financiero que terminaría perjudicándonos más a todos. Pero,
¿hasta qué punto es cierto este argumento tan recurrido? Profundicemos en el
tema.
Un banco en problemas es un banco que no puede atender los pagos que tiene comprometidos con otros agentes. Si un banco en problemas no es ayudado con dinero público se verá forzado a caer, a ser liquidado, a desaparecer como entidad. Esto significa que el banco tendrá que vender todo aquello que posea y que tenga valor y con el dinero recaudado tendrá que devolver los pagos que tenía comprometidos. Pero claro, si el banco se está liquidando es porque no tiene suficiente dinero para abonar todos los pagos que debe, por lo que después de vender sus propiedades dispondrá de menos dinero del que debe pagar. No podrá pagar a todos aquellos a los que les debe dinero, así que algunos se quedarán sin cobrar.
Por ejemplo,
si un banco debe dinero por una cuantía de 1.000 millones de euros y después de
vender sus posesiones recauda solo 700 millones de euros, quedarán 300 millones
de euros sin poder pagarse y que se consideran pérdidas. Alguien no podrá
cobrar; alguien debe hacerse cargo de esas pérdidas.
¿Pero quién
se quedará sin cobrar? Pues eso lo decide la ley, que se rige por el siguiente
criterio: los últimos en cobrar (los primeros en asumir pérdidas) serán
aquellos agentes económicos que más riesgo hayan contraído en sus operaciones
con el banco, y cobrarán primero aquellos que menos riesgo hayan asumido. Este
criterio es muy lógico, porque cuanto mayor riesgo existe más dinero se puede
ganar, pero también perder. Cuando una persona o un fondo invierte en un banco
contrayendo un riesgo elevado tiene que ser consciente de que su inversión
dependerá del funcionamiento del banco: si al banco le va bien, el inversor
ganará mucho dinero; pero si le va mal, perderá mucho dinero.
Así las
cosas, en el dibujo siguiente se muestra el orden en el que los agentes deben
asumir las pérdidas del banco.
Los primeros en asumir pérdidas (los primeros en no
cobrar) serán los accionistas. Las acciones son un elemento de inversión
con un riesgo elevado que genera mucha rentabilidad. Puesto que sus
propietarios han ganado bastante dinero con este tipo de inversión, se entiende
que deben ser los primeros en asumir pérdidas.
Si, por
ejemplo, el banco en cuestión ha cuantificado las pérdidas por orden de 300
millones de euros y debe a los accionistas 100 millones de euros, quedarán 200
millones de euros en pérdidas. Alguien más tiene que quedarse sin cobrar. En
ese caso se procederá en el orden comentado: los segundos en contraer pérdidas
serán los propietarios de los bonos subordinados. Ésta es una inversión
de menor riesgo que las acciones, pero todavía con un alto riesgo y alta
rentabilidad.
Si después
de ello todavía quedasen pérdidas por traspasar, los siguientes serían los
poseedores de bonos no garantizados (tipo de inversión con menor riesgo
que los bonos subordinados y que las acciones).
En penúltimo
lugar se encuentran los depósitos de los clientes. Los propietarios de
estos depósitos son los ciudadanos que han depositado en el banco sus ahorros,
y por lo tanto no han corrido riesgos ni han ganado mucho dinero con esa
actividad, por lo que se entiende que tienen prioridad a la hora de cobrar en
caso de liquidación.
Y ya por
último el banco tendrá que pagar a los propietarios de los bonos
garantizados. Estos bonos son un elemento de inversión muy seguro (con poco
riesgo) que genera muy poca rentabilidad. Puesto que sus propietarios no han
ganado mucho dinero con este tipo de inversión, se entiende que deben ser los
primeros en cobrar (los últimos en asumir pérdidas).
Esta
prioridad en el pago ya nos está indicando algo muy importante: si a un banco
se le deja caer y es liquidado, los propietarios de los bonos garantizados
pueden estar tranquilos porque cobrarán con toda seguridad. Además, y con casi
toda seguridad, después de devolver el dinero de los bonos garantizados sobrará
dinero para devolver a los depositantes sus ahorros. La única forma de que el
banco no pudiese devolver los depósitos a los ahorradores sería si las pérdidas
del banco fuesen tan grandes como para que no pudieran ser absorbidas por los
accionistas, por los propietarios de bonos subordinados y por los poseedores de
bonos no garantizados.
Saber con
total seguridad cuántas pérdidas tienen los bancos españoles es muy difícil. Es
difícil porque muchos de los activos bancarios tienen los precios inflados en
su contabilidad, y la única forma de conocer con exactitud su precio real sería
acudiendo al mercado a venderlos. No obstante, se han hecho muchas estimaciones
sobre estas cantidades y todas calculan que las pérdidas de los bancos
españoles nunca serían tan grandes como para no poder devolver los depósitos en
caso de liquidación. La estimación más pesimista calcula que las pérdidas
serían de 300.000 millones de euros (la más optimista es la de la Unión
Europea: menos de 100.000 millones de euros y por eso el rescate será de esa
cuantía), que a pesar de ser una cantidad relevante, puede ser absorbida por
los inversores más arriesgados de los bancos (accionistas y poseedores de bonos
subordinados y de bonos no garantizados). Según el director de Independent Advisors este
tipo de inversores podrían asumir pérdidas de hasta 700.000 millones de euros.
Incluso empleando la estimación más pesimista (300.000 euros), habría
suficiente margen para que las pérdidas no llegasen a afectar a los
depositantes.
En otras
palabras, si el gobierno no ayudase con dinero público a los bancos
españoles en problemas, éstos tendrían que ser liquidados y tendrían enormes
pérdidas. Pero las pérdidas afectarían a los inversores más arriesgados y nunca
a los depositantes. Los ciudadanos podrían recuperar sus ahorros aunque el
banco no fuese ayudado por el gobierno. Por lo tanto, ni los ahorradores del
banco ni el Estado tendrían que sufrir las consecuencias de la mala gestión de
los bancos. Los costes los tendrían que asumir los accionistas y otros
inversores más arriesgados (lo que es normal y lógico, pues se embarcaron en
operaciones arriesgadas y han perdido). Si tenemos en cuenta que estos
inversores son fundamentalmente grandes entidades financieras y grandes
empresas, veremos todavía con mejores ojos que sean estos agentes los que
soporten las pérdidas, puesto que gracias a su tamaño y potencial poseen una
gran capacidad para afrontar pérdidas.
Ahora bien,
es cierto que en este caso se generaría un efecto dominó que terminaría
afectando a más bancos y a más empresas. Esto es así porque aquellas empresas
que deberían asumir pérdidas podrían luego no poder cumplir sus compromisos de
pago con terceros agentes. Liquidar bancos problemáticos tiene un coste alto,
aunque no sea para el Estado o para los ciudadanos. Pero la pregunta clave es:
si el coste hay que sufrirlo de todas formas, ¿por qué tienen que padecer todo
el coste los ciudadanos corrientes -que nunca se arriesgaron en las operaciones
bancarias, que apenas ganaron dinero con ellas, y que además en general no
gozan de suficientes recursos para soportarlos- y no padecerlo en absoluto los
inversores privados -que se arriesgaron, ganaron dinero con ello, y que además
tienen un colchón económico mucho mayor?
La forma en
la que se están traspasando las pérdidas de los bancos a los ciudadanos atenta
contra la lógica económica y la justicia social; fenómeno que revela la
estrecha ligazón entre la élite económica que saldría perdiendo si se
liquidasen los bancos y la élite que posee el poder político. No es de
extrañar, por lo tanto, que los indignados españoles digan bien claro y bien
alto que la respuesta a la crisis sea una enorme estafa.
Fuente: http://eduardogarzon.net/?p=367
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