Artículos de Opinión | Luis Antonio Castrillo Aguilera * |
25-08-2013 |
La
comunidad educativa española está en pie de guerra ante el proyecto de Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) enviado por el gobierno a
las Cortes para su tramitación. Todos los sectores involucrados en la Educación
están afectados de una u otra forma por la modificación normativa que propone
el Partido Popular.
Las
voces más críticas se han levantado contra el incremento de la presencia de la
religión en las aulas, contra el ataque al modelo lingüístico de las
comunidades autónomas con idioma propio, contra la financiación del modelo de
educación segregada, contra el fomento de la red concertada de centros de
enseñanza frente a la escuela pública, contra la desaparición de la
participación democrática en la vida de los centros educativos, etc… La LOMCE
trae mucho de lo que quejarse.
Hay
un aspecto más, tan importante como los anteriores, pero al que no se está
prestando suficiente atención: este proyecto de Ley abre el camino para la
completa privatización de la Educación en España.
La
propia Exposición de Motivos del borrador destaca la importancia que para las
empresas tiene la Educación: “La educación es una tarea que afecta a empresas,
asociaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, así como a
cualquier otra forma de manifestación de la sociedad civil y, de manera muy
particular, a las familias.” ¿El orden de la frase es casual o responde al
orden de prioridades del gobierno?
Desde
la óptica del mercado, y de la ideología liberal del gobierno del PP, los
servicios públicos que permiten a la ciudadanía el acceso a derechos
fundamentales no son más que bienes de consumo. Para acceder a ellos se ha de
pagar un precio y, en función de ese precio, se obtendrán diferentes calidades,
igual que sucede en la compra de electrodomésticos o los servicios de
restauración.
Para
ellos la Educación, igual que la Sanidad, la atención a la dependencia, etc.
está sujeta a las reglas del mercado, de la oferta y la demanda y, por tanto,
en su prestación puede, y debe, intervenir la iniciativa privada.
Todo
esto no es exclusivo de España. Debemos entenderlo dentro de una estrategia
global. Las cifras [1] publicadas son claras: La matrícula en la educación
infantil (0-6) registró un aumento constante entre 1995 y 2011 en todo el
mundo. En 2011 se matricularon en todo el mundo en Enseñanza Primaria, 713
millones de niños frente a los 689 millones de 2006. La tasa bruta de escolarización
en secundaria aumentó del 72% al 80% a nivel mundial entre 1999 y 2009, con
mayor incremento en los Estados Árabes y el África Subsahariana. Y en EEUU,
donde se producen una buena parte del "consumo" en Educación de todo
el mundo la enseñanza ha sido uno de los pocos sectores en crecimiento
constante durante la crisis.
Por
eso, los gestores de carteras de inversión abren ante los ojos de sus clientes,
un mercado en crecimiento. Y destacan que el sector está marcado por una
demanda casi cautiva debida a la necesidad de titulaciones para el acceso al
mercado de trabajo y donde las familias buscan, al precio que sea, la promoción
social de sus hijas e hijos.
En
febrero, el Washington Post publicó un informe [2] del fondo de inversión del
banco IBIS de Londres donde se felicita a quienes ven en las reformas
educativas una forma de hacer mucho dinero. Según sus datos, el “Mercado de la
Educación” mueve en el mundo unos 4,4 billones (españoles) de dólares y esperan
un fuerte crecimiento en los próximos 5 años.
Algunas
de las razones que justifican este aumento son:
•
La caída de la financiación pública de la Educación en todo el mundo, dejando
sitio a las empresas para moverse,
•
El aumento de alumnos adultos, y
•
La creciente importancia de la Educación para el desarrollo de las economías
basadas en el conocimiento.
Por
último, pone el énfasis en que en los Estados Unidos, las políticas de
educación puestas en marcha tanto por el ex presidente George W. Bush, como
ahora por el presidente Obama, han mantenido una tendencia hacia la
privatización de la educación pública. Durante más de una década, las “fuerzas
del mercado” han impulsado "la reforma escolar". Y el articulista
termina preguntándose: “¿Son las escuelas mejores?" a lo que se contesta con
un "En realidad la pregunta es cuánto han empeorado”.
En
España, además de quienes tradicionalmente han ofertado formación: las
congregaciones religiosas y algunos pocos empresarios "de los de
siempre"; han aparecido desde hace unos años inversores especuladores. Ya
hay una serie de empresas que ofrecen “educación de consumo" con el
beneficio como único objetivo.
Resultan
representativas de este fenómeno, gracias a una normativa especial de 2009 de
la Comunidad de Madrid, las empresas que gestionan ya la mayor parte de los
centros de Educación Infantil de la Comunidad. Entre ellas destacan ALFEDEL,
propiedad de Arturo Fernández y CLECE y GECESA, propiedad de Florentino Pérez
que, según se ha publicado, han recibido ya más de 400 millones de euros en
"proyectos educativos".
El
periódico de negocios Expansión se hizo eco de estas “oportunidades” en un
artículo [3] reciente donde destaca que “La educación es señalada por los gurús
como uno de los ámbitos de crecimiento en la sociedad del conocimiento. En este
campo operan colegios, universidades y escuelas de negocios privadas,
consultoras especializadas en formación para empresas, centros de enseñanza de
idiomas, preparadores de oposiciones y todo tipo de academias.”
Entre
las opiniones que aparecen en el artículo es interesante la de Enrique Quemada,
consejero delegado de One To One Capital Partners, que cree que la política del
capital riesgo de "comprar y crecer" es posible en el sector y que
tiene incluso posibilidades de crecimiento internacional vía adquisiciones.
Con
su redacción actual, el proyecto de LOMCE presentado por el gobierno al
parlamento hace posible la entrada de esta inversión especulativa en la
Educación en España. El modelo social que quieren imponer pasa por la rendición
de los servicios públicos a la iniciativa privada, o mejor dicho, a la
especulación de los mercados.
Como
en todo su discurso, tras las banderas de las libertades individuales y del
emprendimiento en realidad hay unos inversores que huirán a las primeras mal
dadas, dejando en la estacada a quienes hayan sido tan incautos para creerles o
tan ciegos como para no verlo.
Y,
para que los “productos” tengan salida al “mercado” han de ofrecer calidades
diferentes, superiores a las existentes. Resultaba muy difícil para ellos
competir con una Escuela Pública que, aunque no era perfecta, estaba creciendo
y mejorando día a día hasta hace unos años. Por eso, con la complicidad de las
políticas liberales de los gobiernos, han estado trabajado en la sombra para
socavar esa oferta de calidad, impidiendo su mejora, dificultando el acceso de
las familias y cortando los recursos públicos para llevarlos, en forma de
subvenciones, de desgravaciones y de conciertos a empresas que están
desarrollado un modelo basado en el marketing y el humo.
Volviendo
a la LOMCE, el texto del proyecto de Ley es claro y no deja lugar a las dudas.
En
el apartado II de la exposición de motivos se lee "Uno de los objetivos de
la reforma es introducir nuevos patrones de conducta que ubiquen la educación
en el centro de nuestra sociedad y economía", además del párrafo antes
mencionado en el que se dice que "la educación es una tarea que afecta a
empresas" anteponiendo estas a las familias, por ejemplo.
Más
adelante, en el apartado VIII , se justifica la necesidad de las evaluaciones
externas de fin de etapa (artículos 29 y 36 bis), las reválidas de la LOMCE,
una de sus principales novedades. Y, visto desde el punto de vista del negocio,
no está nada mal. Haciendo números, el curso 2011-2012, según el Ministerio de
Educación, se matricularon 391.246 alumnos en 4º de la ESO y 281.046 en 2º de
Bachillerato. Esto generaría casi 700.000 exámenes externos. El monto económico
anual de semejante operación no se le escapa a nadie. Además, quienes no hayan
superado las reválidas en su momento tendrán una "segunda"
oportunidad más adelante, lo que aumentará la cifra del negocio.
Claro,
que como con la Revalida de 2º de bachillerato puede que no haya suficiente
negocio, se habilita en el artículo 38 a las universidades para que realicen
otras pruebas complementarias de "conocimientos y/o de competencias".
Hay
otro nicho de negocio que surge del artículo 111 bis, donde se establece que
las Administraciones elaborarán unos requisitos para desarrollar un soporte
tecnológico al aprendizaje y a la gestión administrativa de la educación. Las
consultoras tecnológicas estarán de enhorabuena si la LOMCE sale adelante.
En
el texto encontramos la declaración de intenciones de convertir la
"creación de centros" en principio inspirador de la Ley y se crea un
Sistema Educativo Español en el que se incluye a "agentes privados"
que podrán desempeñar "funciones de regulación, de financiación o de
prestación del servicio público de la educación en España".
Y
también aparece el adoctrinamiento puro y duro, con la economía liberal como
credo, como en los objetivos de la Formación Profesional del artículo 40 donde
se incluye "Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de
actividades e iniciativas empresariales." O, lo que parece más grave, que
la materia "Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial" se
podrá/deberá cursar desde 1º de la ESO y que, en cualquier caso, "el
emprendimiento... se trabajará en todas las materias" tal como aparece en
el artículo 24.
También
la Formación Profesional Dual se define en el 42 bis como "el conjunto de
acciones e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las empresas,
..."
Y
en lo que se refiere a los conciertos, el nuevo texto del artículo 116 aumenta
la "permanencia mínima" a 6 años en primaria y a 4 en "el resto
de los casos", sin especificar si se trata de conciertos singulares o no.
Lo que lleva a pensar que, una vez que se apruebe un concierto de bachillerato,
se estará pagando a la empresa 4 años, tengan alumnos o no.
Y
se remata el desproposito, después de vender la rendición de cuentas como eje
de esta contrarreforma, con la renuncia al control de las Administraciones del
gasto público que se ejerce actualmente a través del concejal o representante
municipal en los Consejos Escolares de los centros privados sostenidos con
fondos públicos mediante una modificación del artículo 56 de la LODE, mientras
que se conserva la posibilidad de que las "organizaciones
empresariales" nombren un vocal en esos mismos Consejos.
Y,
por último, el proyecto de LOMCE modifica el artículo 122 para que los centros
públicos puedan aprobar patrocinios privados y se pueda aumentar la aportación
pública a los centros privados concertados simplemente con la justificación de
que tengan "proyectos que así lo requieran".
En
consecuencia, si se aprueba el proyecto de LOMCE que se ha enviado a las
Cortes, se permitirá la entrada de sociedades de inversión y de especuladores
interesados solo en su beneficio y no en la Educación y en el progreso social.
Porque La LOMCE da el paso definitivo en el camino emprendido por la LOE para
supeditar la iniciativa pública a la privada y abrir definitivamente el espacio
para que la Educación deje de ser un Derecho de todas y todos y se convierta en
el negocio de unos pocos.
*
Padre de una alumna de bachillerato y miembro de la Comisión Permanente del
Área Federal de Educación de Izquierda Unida.
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