El nuevo Código Penal endurecerá el cohecho: bastará la existencia de una dádiva aunque no se pruebe la contraprestación.
El Gobierno de Mariano Rajoy prevé aprobar en un próximo
Consejo de Ministros a celebrar en septiembre la reforma del Código Penal que
incluirá el endurecimiento de penas y la modificación de la tipificación de
algunos delitos relacionados con la corrupción, entre ellos el cohecho. De
prosperar el texto que propone el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón,
podría darse la paradoja de que un ministro sentado en la mesa en la que se
aprobará ese texto haya incurrido en el pasado en varios supuestos delictivos.
Se trata del ministro de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, al que afectaría de modo directo la modificación que se
incluye del delito de cohecho (recibir una dádiva en consideración al cargo
–cohecho impropio- o recibir una dádiva a cambio de contraprestación).
La modificación que prevé el Gobierno enviar a las Cortes
en octubre endurece el delito de cohecho al hacer desaparecer la necesidad de
probar una contraprestación o favor a cambio de la dádiva. Bastaría con
probar que el funcionario haya recibido un regalo con un valor superior a
cierta cuantía que todavía no se ha fijado.
Las modificaciones del Código Penal no tienen carácter
retroactivo, pero sí retratan políticamente a quienes las aprueban. En el caso
de José Manuel Soria, de estar vigente esas propuestas del PP a principios de
esta década, en concreto en los años 2004 a 2006, habría incurrido en al menos
dos casos de cohecho por haber recibido dádivas sin que se hayan podido probar
judicialmente las contraprestaciones.
Es el caso del viaje que celebró con el empresario noruego
ya fallecido Björn Lyng en el jet privado de este para asistir a un concierto
en Salzburgo (Austria) y a la pesca del salmón en Trodheim (Noruega) en agosto
de 2005, mientras le tramitaba en el Cabildo la declaración de interés general
de su urbanización Anfi Tauro para poder levantar en ella 3.500 camas de lujo
sorteando la moratoria turística.
La juez que investigó a Soria en el TSJC, Margarita
Varona, no apreció delito al concluir que no había causalidad entre la dádiva
ciertamente obtenida y la contraprestación ciertamente prestada.
También afectaría a Soria esta reforma del Código Penal en
el caso chalet, cuando aceptó vivir en versión gratis total en un chalet
propiedad del empresario Javier Esquivel ahorrándose durante 21 meses una renta
de 1.600 euros mensuales. Mientras eso ocurría, entre los años 2004 y 2006, el
hoy ministro tramitaba desde el Cabildo, desde la Autoridad Portuaria y a
través de su hermano Luis, a la sazón consejero de Industria, una concesión
pública para una empresa de Esquivel instalara dos grandes turbinas de
generación eólica en el muelle de Arinaga al amparo de un concurso público de
asignación de potencia eólica.
Una denuncia ante el TSJC por este intercambio de
prebendas ni siquiera fue admitida a trámite. Fue archivada de modo airado por
el magistrado Fernando de Lorenzo.
canariasahora.es
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