Artículos de
Opinión | Alejandro de Diego Gómez* | 24-08-2013 |
El
Presidente de la FEMP ha realizado unas declaraciones al respecto del proyecto
de reforma de la Administración Local que no me resisto a puntualizarlas:
Dice
sentirse satisfecho de haber frenado puntos clave del texto. No creo que se
refiera al polémico “coste estándar” que, aunque es verdad que estuvieron en
contra, lo único que trataron de hacer fue suavizarlo pero quien realmente lo
frenó hasta hacerlo desaparecer fue el Consejo de Estado.
Vuelve a
sacar a colación, como también lo hacen recurrentemente desde el Gobierno, el
que más del 80 % de los concejales no cobran retribución alguna. Y es verdad,
pero quiero destacar que es verdad ya ahora, por lo que no es ningún mérito de
la reforma que se pretende, al contrario, con ésta se aumenta el número de
cargos que pueden retribuirse y el importe de las retribuciones. Si, si. Con la
nueva regulación los costes de retribuciones de cargos electos, como mínimo,
pueden duplicarse, y una simple comparativa entre la situación actual y la
proyectada nos da este resultado.
Destaca nada
menos que en la historia de la democracia no haya un avance tan importante como
el que contempla esta ley con la que las grandes competencias que venían
prestando los Ayuntamientos, sin que residieran en el ámbito local, van a pasar
a depender de quien tiene que realizar esos servicios. Y una vez más, al igual
que también sucede incomprensiblemente desde el Gobierno, el representante de
los alcaldes confunde competencias con servicios, refiriéndose a educación,
sanidad y servicios sociales, sin aclarar que los dos primeros no son ni una
cosa ni la otra sino la asunción por los ayuntamientos de unos gastos que no
les corresponden, como la limpieza, atención y vigilancia de centros escolares
y de salud, cuando en realidad quienes deberían asumirlos son las Comunidades
Autónomas, que son las competentes en la materia. Es como si yo alquilo un piso
pero exijo al propietario que venga todos los días a barrérmelo. Y en cuanto a
los servicios sociales, afirmar que es una competencia fuera del ámbito local
es vivir fuera de ese ámbito, además de no oír no sólo a los profesionales del
ramo sino a los propios alcaldes a los que representa. Y la aplicación de esta
medida sí que va a ser polémica y dolorosa para muchas familias, porque las
Comunidades Autónomas no están en condiciones financieras de asumir los gastos
que están sufragando los Ayuntamientos, con lo que el recorte, e incluso
desaparición, de estos servicios estará servido.
Resulta
curioso que cuando se le pregunta por el ahorro de 8.000 millones que
supuestamente va a suponer esta reforma no se cuestione cómo es posible que esa
cifra se repitiera constantemente en los sucesivos borradores que se iban
elaborando y por lo tanto el mismo ahorro se conseguía cuando las competencias
municipales pasaban a las diputaciones mediante aquella fórmula del “coste
estándar” que ahora que ha desaparecido del texto. ¿Será quizás porque realmente
lo que se ha mantenido durante todos los borradores, incluido el aprobado
finalmente por el Consejo de Ministros, es el desapoderamiento de los
Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son el 95 % del total, y que
van a quedarse con un nivel de competencias como el que tenían hace 35 años?.
Cuando esto suceda habrá que ver la reacción de la FEMP, y a lo mejor hay que
tirar de hemeroteca. Por eso creo que por el poco rigor del proyecto de ley, su
concepción anacrónica del catálogo competencial de los ayuntamientos, su falta
de regulación sobre financiación municipal y, en definitiva, el desconocimiento
sobre el mundo local que desprende, quizás un elemental principio de prudencia
aconsejaría al Presidente de la FEMP que no se colgara esta medalla.
*Alejandro
de Diego Gómez es Secretario de Administración Local.
** Para
Tercera Información.
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